“En la Base Naval de Mar del Plata había una playa privada con carpas de lona donde fueron alojadas varias víctimas. Las carpas viejas tenían un asiento de madera y una especie de vestuario interior sin cortina. Los cautivos eran puestos en la arena fría, expuestos a los cambios del clima, atados sin poder moverse. Los que pasaron por ahí recordaron durante el juicio que estuvieron atados en invierno, a veces una semana, con poca ropa, golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento. Así lo dijeron José Angel Nicolo, Ricardo Alfredo Valente, Guillermo Eduardo Cángaro y Miguel Angel Erreguerena.”

Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly describieron en la primera jornada de alegatos la participación de los trece acusados por la represión ilegal. Las pruebas que se elaboraron durante el juicio a partir de la voz de los testimonios, contaron además con lo que los fiscales definen como “un impresionante” acervo documental basado especialmente en dos grandes archivos: el de la Prefectura de Bahía Blanca y los legajos aportados por el Ministerio de Defensa. Con ese material rearmaron después de 36 años, de modo milimétrico, la arquitectura de los grupos operativos y exactamente qué hizo cada quien. De los legajos extrajeron además alrededor de cien nombres que fueron leyendo ayer, producto de la evaluación que los acusados hicieron a sus subordinados. A partir de esos nombres los fiscales pedirán al tribunal el impulso de una nueva investigación.

“Llegado el momento de esta discusión final estamos en condiciones de efectuar una acusación constitucionalmente válida por entender que se ha reunido un cuadro probatorio suficiente contra quienes pusieron en crisis el principio de inocencia contenido en el artículo 18 de nuestra Constitución”, dijo Soiza Reilly.

La primera de las cuatro jornadas previstas para los alegatos de la fiscalía avanzó en dos aspectos. Una pequeña presentación del perfil de las víctimas, sobre todo de las mujeres que constituyeron la mitad de las 70 víctimas del juicio y de sus hijos. Y, por otro lado, el nombre de cada imputado desde el punto de vista de quién fue quién, dónde estuvo y cuáles son los cargos.

“Constancias documentales acreditaron que un grupo de víctimas murió en condiciones de indefensión y fueron cruelmente ejecutadas”, dijo la fiscalía. “Fuimos testigos, con el correr de las audiencias, del trato dispensado a mujeres y niños. Probaremos que los aquí juzgados ordenaron y dirigieron a sus subordinados para que dentro de los lugares de cautiverio las víctimas supieran que con ellas nadie haría excepciones. Las mujeres fueron maltratadas, abusadas, violadas y sometidas a vejámenes. Tanto las que salieron con vida como las desaparecidas o asesinadas que estaban embarazadas.” Los niños tampoco tuvieron un trato diferente: los encapucharon e interrogaron en los domicilios, como Damián Mogilmner, Sebastián Kraiselburg, Liliana Elizabeth Ortiz. A otros los abandonaron en lugares públicos, como a Anita Ríos y Victoria Bon. Otros fueron secuestrados con sus madres, como Santiago Kraiselburg. Hubo apropiaciones como la de Ilario Federico Cagnola y Evelin Bauer. Otros nacieron en cautiverio y los reintegraron a las familias, imponiéndoles el miedo de no hablar, como Sebastián Rosenfeld. “Mujeres, niños y jóvenes, todos sin excepción padecieron y perecieron en este circuito represivo, pergeñado e ideado por los aquí acusados para dar cumplimiento al plan de aniquilamiento instaurado.”

La mayor parte de los acusados son de la Marina y pertenecieron a la Fuerza de Tareas 6 (Fuertar 6). Como también un acusado es del Ejército, los fiscales intentaron demostrar la vinculación entre las dos fuerzas: “En estos sucesos, personal dependiente del Ejército tuvo responsabilidad en los hechos y los miembros de la Fuertar 6 actuaron de manera coordinada en los secuestros, para luego facilitar los espacios clandestinos donde las víctimas fueron mantenidas en cautiverio”, dijeron.

En la segunda parte de la jornada describieron a los represores. Entre los acusados hay dos comandantes de la Fuertar: Juan José Lombardo y Raúl Alberto Marino. Y hay quienes fueron parte del Estado Mayor: Roberto Luis Pertusio, Justo Alberto Ignacio Ortiz y Rafael Alberto Guiñazú, entre otros. La lectura de la información de los legajos le permitió a la fiscalía una de la tareas más complicadas: recuperar ahora sin las condiciones de clandestinidad los lugares por los que estuvo cada uno. La evaluación de sus jefes confirmó las actuaciones. Y la evaluación que a su vez ellos les hicieron a otros subordinados permitió localizar a quienes intervinieron en los grupos de tareas. Ese es uno de los logros del juicio.

Uno de los casos más representativos de los que se escuchó fue el de Pertusio, hasta hace poco reciclado como asesor del jefe de la Armada. De su legajo surgió buena parte de su carrera. En marzo de 1976 aparece como intendente de General Alvarado; enseguida pasa a jefe del Departamento de Personal de la Fuerza de Submarinos (FASE) y hasta enero de 1977 es director de la Escuela de Submarinos. En enero lo ascendieron a jefe del Estado Mayor y de Operaciones de FASE, un período en el que “absorbe dos puestos de máxima responsabilidad”, dijeron. “Todo el Estado Mayor dependía de él. Era el colaborador inmediato del comandante. Dirigía y coordinaba las actividades del aquél, transmitía las resoluciones y decisiones del comandante y fue responsable de la preparación y emisión de directivas y órdenes para la fuerza.”

El comandante de la FASE, Juan José Lombardo, lo reconoció en su legajo como un “sobresaliente colaborador. Siempre bien dispuesto para el cumplimiento integral de sus obligaciones. Ha sido no sólo un muy valioso colaborador del suscriptor, sino a la par un amable camarada”.

En febrero de 1978, escala como subjefe de la Base Naval de Mar del Plata hasta abril de 1979. En la audiencia, los fiscales reconstruyeron las listas de quienes integraron los grupos de tareas del Fuertar a partir de las calificaciones que dio. Calificó por ejemplo a Horacio Carlos Michelis jefe de Operaciones del GT 6.1 y como tarea subsidiaria, coordinador general del Programa de Instrucción de Lucha Contra la Subversión (CO-104). También calificó a Alfredo Oscar Campero, Hugo Luis Núñez, Ciencio Delfor Zalazar y Luis Borgeat, por ejemplo, “por ocupar un puesto de combate conforme el Placintara”. También a Rubén Angel Gregorio Romero en su rol de combate por ser ayudante de operaciones en el GT 6.1, entre otros.

Del volumen de información aportada por los testigos, los fiscales recogieron para ése y el resto de los casos el resto de la prueba. Roberto Frigerio e Ilda Daseville de Yudi, por ejemplo, lo mencionaron como la persona que con los comandantes informaba a los familiares sobre el destino final de las víctimas. Y otra de las víctimas lo mencionó como la persona a quien dirigía las cartas durante el secuestro de su hija.

Otro de los nombres que se escucharon fue el del único civil acusado del juicio, Juan Carlos Guyot, abogado que operaba de nexo entre el centro clandestino y los juzgados. Guyot fue diciendo durante el juicio que sólo “trabajó” de asesor, que su tarea era ir y venir con expedientes de la Base a los juzgados y que no tuvo injerencia en nada. Otra vez, además de los testigos, lo refutaron los legajos. “Conforme surge de su legajo de concepto –dijo la fiscal–, Guyot formó parte de la Fuertar 6 entre el 4/8/76 y el 26/11/76. Fue evaluado por Pertusio en calidad de jefe de la Fuerza, por Malugani como jefe de la Base Naval MDP y comandante de la fuerza, y por Ortiz como subjefe de la Base Naval y jefe del Estado Mayor de la Fuerza.”