Luis Osvaldo Rodríguez, impugnado porque habría conocido de antemano el examen que le tomaron en el concurso para juez federal y por provocar con demoras la pérdida de pruebas en la causa sobre los sobornos destinados a lograr la impunidad de José Pedraza en el asesinato de Mariano Ferreyra, se presentó en la audiencia pública previa a que el Senado decida si aprueba o rechaza su pliego. Ante la Comisión de Acuerdos negó con respuestas genéricas y algunos tecnicismos las acusaciones, que lo señalan también como coleccionista de objetos “representativos de la ideología nazi” y le atribuyen haber hecho nombrar a su sobrino en un juzgado que subroga con regularidad. “Las críticas son infundadas”, dijo. Los senadores, tanto oficialistas como opositores, no se mostraron incisivos al formular preguntas. También se presentaron otros tres candidatos a ocupar juzgados federales, que llegaron a esta instancia sin cuestionamientos. Las designaciones se votarían en el recinto en la próxima sesión, el 3 de octubre.

Las audiencias de ayer son la recta final de un proceso de selección que en el caso de los cuatro juzgados federales vacantes (de doce), estuvo plagado de irregularidades. La convocatoria fue en 2005, pero el concurso fue anulado por las bajas notas y se reanudó con sospechas de fraude. En la segunda etapa Rodríguez fue denunciado porque pocos días antes del examen había mandado a pedir al Juzgado Federal 3, de Daniel Rafecas, a través de una funcionaria de su juzgado, la resolución de un caso muy similar al que le tomarían en la prueba escrita, acerca de un robo de monedas en el Banco Nación. Como Rodríguez carecía de antecedentes académicos, el éxito en la prueba le aseguraría saltar del puesto 25º al quinto. Estas cuestiones fueron impugnadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Observatorio de la Justicia y la Unión de Empleados de la Justicia.

“Nunca pedí personalmente ese fallo”, disparó Rodríguez ante los senadores. Dijo que no recuerda haber leído la resolución sobre el tema antes del examen y que la única coincidencia que notó más adelante entre el caso real y el que le tomaron era el “carácter de damnificado del Banco Nación”. ACIJ había señalado cinco coincidencias. El candidato se escudó en que la auditoría del Consejo de la Magistratura no detectó anomalías y que la jueza María Servini de Cubría cerró la causa penal por falta de pruebas. No le preguntaron sobre la empleada que, en ambas investigaciones, confirmó que Rodríguez la mandó a pedir el fallo del robo de monedas.

Rodríguez dijo que lleva 18 años de juez de instrucción y aludió a su intervención en la causa donde se investigan sobornos en la Cámara de Casación para beneficiar a Pedraza y la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que mató a Ferreyra como “un logro” donde justo la semana pasada dictó los procesamientos de Pedraza, de un ex juez subrogante, un prosecretario de Casación, un ex agente de la SIDE y el vicepresidente de Belgrano Cargas, aunque desligó a los jueces. El CELS lo había acusado de dilatar los tiempos lo suficiente como para que, por ejemplo, se perdieran los mensajes de texto de los imputados, ya que las compañías telefónicas los guardan sólo por noventa días. El fiscal Sandro Abraldes había pedido las indagatorias en mayo del año pasado y fueron tomadas este mes. Según Rodríguez, nadie alegó demoras en el expediente, lo que no se hizo fue porque la fiscalía no lo pidió, y la mayor tardanza se produjo en la Cámara del Crimen cuando él fue recusado. Citó jurisprudencia por la que rechazó a la mamá de Ferreyra como querellante (algo que la Cámara revirtió) y admitió su poca simpatía por el papel de particular ofendido de las víctimas en las causas penales. “Respetuosamente, no comparto, parece razonable que la mamá de Mariano Ferreyra pida ser querellante”, hizo notar su rechazo el radical Gerardo Morales.

Otro punto de las impugnaciones se basa en una publicación del periodista Horacio Verbitsky en este diario, que decía que Rodríguez recién sacó de su casa una colección de objetos nazis cuando se presentó al concurso para juez federal, y que los dejó en consignación en dos casas especializadas. El juez se definió como alguien de “profunda vocación democrática”, que sólo colecciona “medallas que tienen que ver con la historia del imperio británico que no tienen nada que ver con la ideología que se me adjudica” y “hasta donde sé se trata de contendientes”. El senador Ernesto Sanz (UCR) tomó otra arista de la publicación de Verbitsky que vincula a Rodríguez con los hermanos (Javier y Sergio) Fernández que –escribió– “desde la SI realizan una política judicial paralela”. “No conozco agentes de inteligencia”, replicó Rodríguez, “no conozco una política judicial paralela”. Cuando le preguntaron qué tenía en común con Carlos Ferrari (un candidato del mismo concurso también denunciado por hacer trampa) respondió con vehemencia: “Los medios lo identifican con el auditor general de la Nación, que es amigo mío hace veinte años y es el padrino de mi hija”, en alusión a Javier Fernández, de histórica influencia en la Justicia. Por último, aseguró que no tuvo nada que ver con el nombramiento y ascenso de su sobrino.

A diferencia de Rodríguez, la audiencia de los otros tres candidatos (Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello, secretarios en el fuero federal) duró pocos minutos. La más corta fue la de Ramos: lo despacharon en cuanto dijo que no tuvo el caso Ci-ccone, como secretario de Rafecas.

La comisión ya está elaborando un dictamen. El kirchnerismo fue elogioso con Rodríguez. El radicalismo lo cuestiona, pero ve nulo todo el proceso. Los socialistas siguen esa línea. Si hay cohesión en el Frente para la Victoria, los pliegos se aprueban con mayoría simple y todo indica que será en la sesión del 3 de octubre.