El Banco Privado de Inversiones deberá reintegrar a sus clientes el dinero que les cobró de más durante tres años a través del seguro de vida que incluye en distintos créditos. La suma total rondaría los 65 millones de pesos. Así lo determinó un fallo de primera instancia del juez en lo comercial Jorge Sicoli. La sentencia, dictada tras una intervención de oficio del magistrado, fue en respuesta a la investigación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor sobre los acuerdos entre la asociación de consumidores Adecua y seis bancos y financieras. El juez había sido quien homologó el convenio entre esa entidad y el Banco Privado de Inversiones –luego comprado por el Banco Macro–, pero al tomar conocimiento de que sólo 27 personas sobre unas 135 mil afectadas habían logrado recuperar lo suyo, ordenó modificar el mecanismo de liquidación del dinero a los usuarios. De todos modos, esto ocurrirá recién cuando la medida quede firme, tras la intervención de la Cámara luego de la apelación del banco.

La resolución del juez Sicoli es muy crítica de la actitud del banco y de Adecua, a quienes acusa de haberle ocultado que el resultado del acuerdo que él homologó fue “un fracaso”. Página/12 reveló en el verano el contenido de la investigación de Defensa del Consumidor. Allí se menciona que existió un modus operandi entre Adecua y seis bancos y financieras para cerrar juicios millonarios contra esas empresas a cambio de acuerdos donde los acusados se comprometían a devolver lo percibido de manera indebida. Sin embargo, esos mismos arreglos fijaron pautas de comunicación a los damnificados tan opacas que apenas el 0,9 por ciento del total en los seis casos, 15.672 personas, cumplieron los requisitos exigidos y lograron recuperar su dinero, mientras que el 99,1 por ciento, 1.736.499 clientes, jamás se enteraron de la existencia de los arreglos y no obtuvieron nada. Los bancos se ahorraron unos 367 millones de pesos y los abogados de Adecua embolsaron 15,6 millones en honorarios, pagados por las entidades financieras.

El Banco Privado de Inversiones fue uno de los que firmó un acuerdo con Adecua para cancelar el juicio que la asociación de usuarios le había entablado por cobrar de más el seguro de vida incluido en distintos préstamos. En su momento, el juez Sicoli estuvo de acuerdo con la reparación establecida en el convenio, pero ahora emitió una resolución para aclarar que la aplicación de lo pactado fue un fiasco. Como se indicó al comienzo, sobre unos 135 mil damnificados, sólo fueron a reclamar que le devolvieran dinero 27 personas, las cuales cobraron un promedio de 483 pesos cada una. Para el banco significaron 13.062 pesos, una cifra “irrisoria” en comparación con los cerca de 65 millones que debió haber desembolsado para cumplir con todos sus clientes.

El juez ordena ahora que la devolución sea automática a todos los perjudicados, a través de un depósito en la cuenta que cada uno de ellos posea en el banco, o un giro al Banco de depósitos judiciales a nombre de quienes ya no tengan vinculación con la entidad financiera, el cual deberá ser debidamente notificado. También establece que se paguen los intereses correspondientes. Sicoli le exige al banco que le envíe el listado de los pagos dentro de los cinco días de haberlos efectuado. De todos modos, el magistrado aclara que la medida se aplicará “una vez que la presente decisión quede firme”. Es decir, después de que se resuelvan todas las instancias de apelación que le caben al banco.

Antes de tomar esta decisión, el juez convocó el mes pasado a los representantes de Adecua y del Banco Privado de Inversiones. El juez describe en su resolución que las explicaciones dadas sobre el “fracaso” del acuerdo no fueron satisfactorias. “En cuanto a Adecua –dice el juez–, no alcanzo a entender aún el desapego demostrado por esa asociación respecto del resultado de un acuerdo alcanzado por ella, que involucraba a los consumidores que decía defender, pues ciertamente debió ser la asociación la denunciante del fracaso de una instrumentación dada; de lo contrario, la defensa de los derechos que predica queda sólo en un acto declamatorio sin concreción efectiva”, advierte.

María Lucila “Pimpi” Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, celebró la resolución del juez. “Estamos muy satisfechos porque nos da la razón en lo que venimos investigando y actúa para cortar un hecho de fraude a los consumidores”, indicó a Página/12.