El proyecto de regulación de las medidas cautelares obtuvo media sanción del Senado con 39 votos a favor y 29 en contra.
Imagen: DyN.

Con la media sanción de la regulación de las medidas cautelares, el Senado completó ayer la aprobación de los tres proyectos más importantes de la reforma judicial anunciada por la presidenta Cristina Fernández el 10 de marzo. Por 39 votos a favor y 29 en contra, el oficialismo envió a Diputados la reglamentación de las medidas cautelares contra el Estado, que se empezará a analizar allí la próxima semana junto a la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de tres Cámaras de Casación. La oposición en su conjunto repitió sus cuestionamientos al paquete de medidas, alertó por un avance sobre “el Estado de derecho” y el principio de “igualdad ante la ley”. “Esta es una iniciativa necesaria y prudente para defender el interés colectivo, que no ataca el interés individual, que ha quedado preservado, mucho menos de los sectores vulnerables que este gobierno a ha defendido históricamente”, aseguró el titular de la bancada oficialista, Miguel Pichetto.

En diez días, el kirchnerismo aprobó las iniciativas más complejas de su plan para “democratizar” el Poder Judicial y se espera que ahora el Senado se avoque a estudiar las iniciativas aprobadas por Diputados: la publicidad de las declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes, incluidos los magistrados; la publicación en Internet de las decisiones de la Corte Suprema y de tribunales de segunda instancia y el “acceso igualitario” al Poder Judicial.

El dictamen de reglamentación de la cautelares que involucren al Estado fue firmado la semana pasada, luego de las exposiciones del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. Sin embargo, los planteos públicos del Centro de Estudios Legales y Sociales y otros organismos vinculados con la Justicia, como Acij, ADC, Fores y la Asociación de Abogados Laboralistas, derivaron en la apertura del debate en comisión y la introducción de modificaciones para resguardar los derechos de los ciudadanos y especialmente de los sectores vulnerables. En contraposición con la redacción restrictiva que defendió el secretario Alvarez en la comisión, primó el espíritu más amplio del aporte realizado por el CELS para establecer las excepciones a la ley.

El proyecto de ley establece un plazo de seis meses para la vigencia de las medidas cautelares, prorrogables por otros seis, en caso de que el magistrado lo considere necesario. Además, termina con el dictado de cautelares “in audita parte”, es decir que previo al otorgamiento de la cautelar, el juez debe notificar y solicitar al Estado un informe en el que dé cuenta del “interés público comprometido”. El Estado tiene cinco días de plazo para emitir su informe, durante los cuales el juez puede dictar una medida “interina” para proteger al demandante. Por otro lado, se inhabilita a un juez incompetente a dictar una medida cautelar.

Estas regulaciones no se aplicarán “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria” y también “cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”. Además, en el artículo 17 se agregó un párrafo en el que se resguarda el derecho de huelga de los trabajadores, sobre el cual no podrá interponerse una medida cautelar y en cambio deberá regirse por las leyes vigentes.

“Hay que regular este tipo de medidas cautelares contra el Estado porque las normas procesales civiles que hoy se aplican son insuficientes, porque son ideadas para intereses particulares y no se está pensando en el Estado como parte”, señaló el senador kirchnerista Marcelo Guinle, quien coincidió con las propuestas realizadas por el CELS y llamó a los senadores a elaborar un código procesal administrativo. “En las seis leyes que se han mandado al Congreso, el ojo del Gobierno está puesto en que los más vulnerables sean protegidos para que no sean rozados de ninguna manera”, aseguró el senador Aníbal Fernández, quien recordó el caso Clarín con la ley de medios, los diez años que lleva una cautelar a favor del diario La Nación y otros nueve para Adepa.

Desde la oposición vaticinaron la inconstitucionalidad de la ley y alertaron sobre sus supuestos perjuicios. “El eje de la reforma es el freno a los juicios contra la Anses. Si el oficialismo no modifica artículo 4, se va a convalidar la mayor de las estafas contra lo jubilados”, aseguró el senador radical Luis Naidenoff.

“Tanta preocupación por los jubilados... se nos trata de colocar en los atentadores de los derechos de sectores tan sensibles, cuando durante todos estos años se ha logrado una recuperación de los haberes y los salarios y fue el gobierno radical el que recortó el 13 por ciento”, le replicó el legislador de Nuevo Encuentro Osvaldo López, uno de los seis aliados que votó junto al oficialismo.

Desde el peronismo disidente, el senador Adolfo Rodríguez Saá consideró que los proyectos sobre la Justicia se utilizan para “tapar una crisis mucho más grande”. “El tema de las inundaciones, el cepo cambiario, el déficit, el dólar paralelo, las creaciones del señor Moreno, este es el problema gravísimo que tenemos”, disparó el ex presidente.

Para cerrar el debate, Pichetto reveló que en la provincia de Santa Fe las cautelares tienen un límite de 90 días y que en la comunidad europea no se dictan cautelares sin escuchar a las partes. “Estamos dictando una norma necesaria, prudente, cuando litiga el Estado con sectores económicos concentrados con estudios jurídicos muy sólidos, el Estado es la parte más débil”, concluyó el senador por Río Negro.