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Desde Boston

El jefe de la mayoría demócrata del Senado estadounidense, Harry Reid, retiró oficialmente del orden del día de ayer la propuesta de ley apoyada por el presidente Barack Obama, que buscaba fortalecer la legislación sobre armas de fuego, tras una votación negativa el miércoles. No se aprobará a corto plazo ninguna reforma, ni siquiera sobre asuntos que logren más consenso, como el del tráfico de armas o la atención psiquiátrica. Reid dijo que “este debate no ha terminado, no ha hecho más que comenzar”, pero no precisó cuándo podría volver a votarse la propuesta de reforma de ley.

En diciembre parecía que había llegado el momento: la matanza de veinte niños y seis adultos en una escuela primaria, seguramente sacudiría a los escleróticos legisladores de Washington y los haría enfrentar el problema de armas estadounidense. Poco después de que el presidente consolara a los traumatizados en la vigilia después de los terribles asesinatos de Adam Lanzas, un sacerdote de una iglesia cercana estaba distribuyendo tarjetas con oraciones alrededor de Sandy Hook.

En ellas estaban los nombres y los cumpleaños de los muertos. El saber que eran jóvenes no aplacaba la tristeza al ver las fechas: febrero 2006, septiembre 2005, junio 2006, noviembre 2005, años después de que Eric Harris y Kylan Klebold mataran a 12 compañeros de clase y a una maestra en la escuela de Columbine en Colorado en 1999. Tres de las cuatro armas usadas en la masacre habían sido compradas en una muestra de armas por una amiga. Debido a un conocido resquicio en la ley, la amiga pudo evitar las verificaciones de antecedentes penales y psiquiátricos de los eventuales compradores de armas en Internet y en comercios especializados.

Su amiga Robyn Anderson atestiguaría más tarde en la Legislatura de Colorado. “Ojalá una ley requiriendo chequeos hubiera estado en vigencia en ese momento”, dijo. “Era demasiado fácil, ojalá hubiera sido más difícil.” Y sin embargo no sucedió nada significativo. El país se recuperó del dolor después de Sandy Hook y pareció crecer el consenso de una reforma, renovando las esperanzas de aquellos que buscaban un cambio en el statu quo. A pesar de la influencia de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), las encuestas mostraban que la mayoría de los estadounidenses querían que sus representantes se endurecieran.

En general no había dudas sobre el deseo de cerrar el resquicio e imponer chequeos sobre antecedentes penales, incluyendo en el caso de armas compradas por Internet. Recientemente, nueve de cada diez encuestados por el Washington Post/ABC News apoyaban los chequeos universales de antecedentes. No había una división política partidaria. Ni tampoco era el caso de antiarmamentistas contra propietarios de armas. Los miembros del ANR también apoyaban mejores chequeos de antecedentes. Los miembros parecían haber tomado una dirección distinta.

La Casa Blanca sabía que las encuestas funcionaban por lo de Sandy Hook. El presidente y el vicepresidente hicieron repetidas apariciones con familias que habían perdido a sus seres queridos en la masacre. Pero luego comenzó nuevamente el lobby de las armas. No sólo la ANR sino una menos conocida llamada Propietarios de Armas de Estados Unidos. Es mucho más pequeña que la ANR pero dispuesta a derrotar cualquier medida que, según su punto de vista, les quite los derechos a los propietarios de armas.

Su compromiso político comenzó a tomar forma en el Capitolio y el grupo comenzó una campaña de información alarmista y equivocada. La ANR también hizo lo suyo embarcándose en una campaña mediática contra las propuestas. El resultado: el Senado se asustó. La oposición hizo imposible que la Casa Blanca obtuviera los 60 votos necesarios para aprobar la legislación.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.