La fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó ayer la pena de 15 años de prisión para el empresario Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial del gigante turístico Marsans, previo a que presentara el pedido de quiebra en 2009. El Grupo Marsans fue titular de Aerolíneas Argentinas hasta que presentó la bancarrota. El vaciamiento de Viajes Marsans y Air Comet, que incluyó maniobras con el patrimonio de Aerolíneas, se llevó a cabo para eludir el pago a los acreedores concursales. El ministerio público pide, además, ocho años para el empresario Angel de Cabo, liquidador de las sociedades, que acumulaban un pasivo de 313 millones de euros en 2011.

El vaciamiento de Marsans durante la administración de Aerolíneas, previa a la expropiación de la línea de bandera, incluyó la venta de aeronaves, simuladores y equipos de la compañía en el país. Actualmente, la operación de estatización de Aerolíneas y Austral se encuentra a la espera del fallo en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Los acreedores de Marsans reclaman 1200 millones de dólares por la expropiación, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación entiende que la compañía tenía valor patrimonial negativo, por lo que el Estado depositó –por cuestiones legales– sólo un peso en concepto de indemnización. Díaz Ferrán, que fuera presidente de la patronal española CEOE, está actualmente en la cárcel por un delito fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas, y ahora se enfrenta a una petición que incluye una pena de prisión por integración en “grupo criminal”.

El grupo de acreedores cuya demanda terminó con Díaz Ferrán en la cárcel –desde el 5 de diciembre de 2012– presentó hace un mes un escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, en la que solicitó la pena de 21 años de cárcel para el ex presidente de la patronal, junto con la devolución de 413 millones de euros. Díaz Ferrán se defendió con el argumento de que no había podido asistir a las reuniones de directorio. “En todo ese semestre estuve inmerso en muchas reuniones y estuve muy ocupado intentando buscar una indemnización del gobierno argentino por la expropiación”, afirmó. Finalmente, ayer la Fiscalía elevó el pedido de 15 años de prisión por el vaciamiento patrimonial de la compañía antes de que se presentara el pedido de quiebra.

El escrito del fiscal solicita para el ex presidente del grupo cinco años de prisión por alzamiento de bienes, otros cinco por delito de concurso fraudulento y cuatro años por blanqueo de capitales. El documento del ministerio peticiona además un año de prisión por integración en grupo criminal. Además de las penas de cárcel, se reclaman multas por valor de 5,12 millones de euros. Para De Cabo –el liquidador–, se reclama dos años de cárcel por alzamiento de bienes, tres años por concurso fraudulento y un año por integración en grupo criminal. En la causa hay otros nueve imputados, entre ellos la esposa y el hermano de De Cabo y un hijo de Díaz Ferrán.

La investigación se basa en lo que se conoció como la Operación Crucero, donde se concertó la “despatrimonialización” de Marsans. Díaz Ferrán y su fallecido socio Gonzalo Pascual acordaron, según la Fiscalía, que transmitirían a De Cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que De Cabo abonara cantidad alguna. Una vez consumada la “ocultación patrimonial”, el liquidador (De Cabo) abonaría 8 millones de euros a cada uno en pagos de 100.000 euros mensuales. Con estos pagos periódicos, ambos socios “podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia, a pesar de su formal insolvencia”, detalla el fiscal Daniel Campos.

Las diversas modalidades para vaciar el patrimonio de las sociedades de Marsans permitieron retirar del grupo cerca de 30 millones de euros. Para ello, se incorporó a otros imputados en la nómina de las sociedades, vaciaron sus tesorerías y se quedaron con los bienes inmobiliarios, los vehículos de alta gama y yates de lujo de Díaz Ferrán y Pascual. A partir de 2009, el Grupo Marsans empezó a acumular deudas y su viabilidad quedó gravemente comprometida. Los acreedores reclamaron que los dos socios avalaran el pago de las deudas con su patrimonio personal. Varias compañías acreedoras quedaron impagas, lo que dio lugar a distintos juicios y procedimientos mercantiles. El déficit patrimonial alcanzó a 270,8 millones de euros y el pasivo a 313 millones.