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El Gobierno y el FMI están acomodando las últimas fichas del rompecabezas. El acuerdo está encaminado y más de un encumbrado funcionario se ilusiona con que pueda anunciarse antes del próximo martes, cuando debería afrontarse un vencimiento de 3 mil millones de dólares con el organismo. Si todavía hubiera discrepancias importantes que pusieran en duda la firma del convenio, la decisión de Néstor Kirchner sería no pagar. Pero la información transmitida ayer por distintas fuentes oficiales es que el entendimiento es prácticamente un hecho y que, por lo tanto, saldrán los dólares hacia Washington. En ese punto, las versiones difieren: algunos mencionan que se cubrirá todo el vencimiento, mientras otros sostienen que el FMI aceptaría un pago parcial.
El Presidente compartió ayer el almuerzo con Roberto Lavagna, al que siguió una larga reunión de tres horas para analizar en detalle el estado de las negociaciones y los puntos acordados hasta el momento. Un rato más tarde, los técnicos que encabezan la misión del FMI, John Dodsworth y John Thornton, se entrevistaron con el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Los mismos funcionarios se encontrarán en la mañana de hoy con Lavagna para completar el trabajo, según comentaron los más optimistas en el Gobierno, que son mayoría.
Las discusiones de las últimas semanas se centraron en las metas fiscales para los dos últimos años del acuerdo –2005 y 2006– y en la evolución de las tarifas de las privatizadas. La solución explorada en el primer caso es definir la pauta fiscal para el 2004 y dejar para el fin de ese año el debate sobre los compromisos para los siguientes dos. En Economía recuerdan que se repetiría la experiencia malaya, dado que ese país evitó asumir obligaciones que consideraba exageradas y mantuvo una negociación permanente, paso a paso, con el organismo. La contrapartida fue la de Indonesia, que aceptó de manera acrítica y hasta con fervor las recomendaciones de Washington y terminó con su economía destrozada.
El superávit fiscal pactado para el 2004 equivale a 3 puntos del Producto Bruto Interno. Esto es 12.600 millones de pesos, dado que el PIB se estima en 420 mil millones, con un crecimiento del 4 por ciento con respecto a este año. La Nación aportaría 2,4 puntos de ese total de 3, mientras que las provincias deberían aportar el 0,6 por ciento restante. En el acuerdo de este año, que se firmó en enero pasado, la Nación se comprometió a un excedente fiscal de 2,1 puntos y las provincias de 0,4. Sin embargo, el buen desempeño de la recaudación –sobre todo de las provincias– permitiría terminar el año con un superávit cercano a 2,7 puntos.
La pretensión del Fondo es que haya un superávit creciente en el 2005 y en el 2006, que según la última demanda planteada a Economía debería llegar a 3,25 y 3,5 por ciento, respectivamente. Pero eso se discutirá más adelante.
“El Gobierno no acepta metas de reformas estructurales”, enfatizó un funcionario del ala política del Gobierno. El tema en cuestión era el de las tarifas. Con esa respuesta, descartó que vaya a incluirse alguna referencia que pueda comprometer al Gobierno a aplicar ajustes. Sin embargo, el Fondo lo aceptaría –todavía existen dudas al respecto– porque se habría asumido un compromiso de palabra de producir los aumentos. Esa sería la salida política que encontraron las partes para destrabar un conflicto donde ambas mostraron una posición muy firme.
El Gobierno tampoco aceptó la demanda de que el Congreso apruebe nuevas compensaciones en favor de los bancos. En este caso, serían por el pago de amparos que los obligaron a dolarizar depósitos pesificados. Las entidades financieras pretenden que el Estado asuma ese costo, pero hasta el momento Lavagna respondió que hay que esperar a que la Corte Suprema ratifique o rectifique aquellas decisiones judiciales preliminares.
Otra definición que se habría alcanzado ayer se vincula con los pagos de la Argentina a los organismos de crédito durante los años que dure el acuerdo. El Estado afrontaría vencimientos por 2100 millones de dólares deintereses, con unos 700 millones anuales en favor del FMI. Los organismos, en cambio, refinanciarían los vencimientos de capital.
La negociación está enmarcada desde un principio en la voluntad del gobierno de Estados Unidos de que se llegue a un acuerdo. “Cómo no habría acuerdo si la economía está creciendo a un ritmo del 6 por ciento, la recaudación no para de aumentar y el superávit fiscal es mayor que el que ellos querían”, describió un funcionario de Economía, en su explicación de por qué existe aquel apoyo externo. Los países europeos que integran el Grupo de los 7 son en cambio más inflexibles, porque intentan que sus empresas recuperen lo más posible los niveles de rentabilidad que tenían en los ‘90. De allí la presión por la suba de tarifas.
La expectativa del Gobierno es que el acuerdo se anuncie antes del martes. De ese modo, sería mucho más fácil políticamente girar el pago por el vencimiento con el FMI. Pero si no se confirmara el acuerdo antes de ese día por cuestiones burocráticas, el Gobierno podría no pagar y conseguir una justificación del organismo con un comunicado que reconozca el grado de avance alcanzado hasta ese momento.