Desde Brisbane

El Gobierno buscará que la cumbre del G-20, que empieza mañana en esta ciudad, reconozca la necesidad de garantizar los procesos de reestructuración de deudas soberanas. De ese modo, los presidentes de las principales potencias aceptarían que el fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre que litigaron contra la Argentina generó un problema global que es necesario resolver. El 9 de septiembre, el plenario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldó la necesidad de avanzar en el diseño de un marco jurídico multilateral para las reestructuraciones de deuda por 124 votos a favor, 41 abstenciones y apenas 11 votos en contra. Seis de esos once países que se opusieron integran el G-20. A partir de ese dato, podría suponerse que la iniciativa no va a prosperar. Sin embargo, esos mismos países, que votaron en contra de fijar un marco jurídico multilateral, están dispuestos a aceptar que se fijen mayores precisiones en los futuros contratos de deuda para evitar casos similares al de la Argentina. De hecho, los ministros de Economía del G-20 ya se expresaron en ese sentido en la declaración final del encuentro preparatorio que se llevó adelante en la ciudad australiana de Cairns, en septiembre. Página/12 confirmó, a su vez, que el tema también se incluyó en algunos borradores previos a la declaración de presidentes que se difundirá el domingo. Por lo tanto, si no hay sorpresas de último momento, el problema de las reestructuraciones de deuda estará reflejado en el documento final.

En las últimas horas, los presidentes ya comenzaron a llegar a Brisbane. Hoy a las 18 (5 de la mañana hora local) es el turno del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del canciller Héctor Timerman. Kicillof será el encargado de reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner en la reunión de jefes de Estado, por ser un foro económico. La presencia de los líderes de los distintos países hizo que las medidas de seguridad se hayan incrementado todavía más. Las calles que rodean el Centro de Exhibición y Convención donde se realizará el evento ya están bloqueadas al tránsito. Por su parte, la seguridad en los hoteles donde se hospedan las delegaciones no reconoce antecedentes en la historia del G-20. Son verdaderos bunkers rodeados por vallas de acero y custodiados por decenas de policías.

En el hotel Pullman, donde se alojan los funcionarios y técnicos argentinos, junto con las delegaciones de Senegal, Sudáfrica e Indonesia, no se puede ni pasar por la vereda. Si un periodista acreditado para la cumbre quiere acercarse para consultar a alguna fuente, sólo puede hacerlo si lo autoriza alguna de las delegaciones registradas en el hotel y si, a su vez, tramita un permiso especial en el centro de prensa. Una vez cumplidos esos dos pasos, la organización australiana le asigna un acompañante local que lo lleva hasta el lugar, ingresa junto con él y permanece a su lado todo el tiempo en una situación que por momentos roza el absurdo. No termina de quedar claro si semejante despliegue es una sobreactuación del gobierno australiano o un temor fundado en la posibilidad cierta de que alguna organización terrorista, como el Estado Islámico (EI) o Al Qaida, tenga previsto empezar a volar hoteles por el aire para facturarle al gobierno de Tony Abbott el envío de tropas a Siria e Irak.

En ese contexto, los sherpas y los representantes de los ministros de Economía de las distintas delegaciones estuvieron avanzando ayer en el análisis de los distintos temas que incluirá la declaración final de la cumbre. Hoy volverán a reunirse para terminar de definir el texto sobre el que trabajarán los presidentes a partir de mañana. En el caso argentino, una de las prioridades está puesta en la necesidad de que se haga mención al problema que supone iniciar una reestructuración de deuda soberana luego del fallo del juez Griesa.

En los últimos meses se definieron dos posiciones sobre cómo abordar el tema de las reestructuraciones de deuda en distintos foros multilaterales. Una es la de los países que impulsan una normativa internacional que regule esos procesos. La votación en la ONU fue en ese sentido, si bien no se conocen demasiados detalles sobre cómo sería el mecanismo. En términos generales, se puede decir que la intención es que los distintos países fueran adhiriendo a una norma donde quede explícito que se comprometen a no afectar las reestructuraciones de otras naciones. Si la opción prospera, antes de colocar deuda los Estados podrían ver quiénes adhirieron a esta regulación y, en base a esa información, decidir bajo qué ley emiten los títulos. Los más reacios a que esta alternativa avance son los países donde en la actualidad se emiten la mayoría de los bonos.

No obstante, eso no quiere decir que los que rechazan avanzar con un nuevo marco legal multilateral reivindiquen el fallo de Griesa. La gran mayoría coincide en que la resolución del octogenario juez de Nueva York fue un despropósito, pero para solucionar el problema se limitan a recomendar la introducción de modificaciones en los contratos de los títulos que se vayan emitiendo a partir de ahora. La introducción de cláusulas de acción colectiva que permiten extender al conjunto de los acreedores lo decidido por una mayoría a definir es un ejemplo de ese tipo de modificaciones. Otra es la redefinición de lo que se entiende por pari passu (tratamiento igualitario) para evitar interpretaciones extravagantes como la que realizó Griesa. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, según sus siglas en inglés) están avanzando en esa dirección, y es la línea que también se esbozó en el G-20 a partir de un pedido formulado por Brasil y Francia.

De hecho, en la reunión de Cairns del 20 y 21 de septiembre, los ministros de Economía lo expresaron de la siguiente forma en su declaración final: “Esperamos ansiosamente futuras discusiones acerca de las propuestas de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales sobre las posibles formas para reforzar cláusulas de acciones colectivas sobre bonos soberanos, dado los desafíos que presentan las demandas judiciales a la resolución ordenada y predecible de los procesos de reestructuración de deudas soberanas. La propuesta y temas relacionados serán discutidos en el FMI”.

Estos antecedentes hacen prever que los líderes del G-20 por primera vez incluirán el tema en la declaración final de una cumbre presidencial, tal como lo hicieron los ministros. No es la apuesta de máxima que se logró en la ONU, pero constituye un avance, aunque en el Gobierno prefieren esperar antes de darlo por hecho.