Desde Brisbane

El impresionante despliegue de fuerzas represivas que están llevando adelante las autoridades australianas en esta ciudad comenzó a gestarse en octubre del año pasado, cuando el Parlamento de Queensland aprobó una ley de seguridad especial para el G-20. La intención fue reforzar el poder de la policía durante la cumbre de presidentes que comenzará mañana. La legislación delineó áreas de seguridad, habilitó a las autoridades a elaborar una lista de personas prohibidas, autorizó a la policía a realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial y enumeró una larga lista de objetos vedados, donde, además de distintos tipos de armas y objetos domésticos, se incluyeron huevos, autos de juguete, barriletes y reptiles.

En Brisbane la ley distingue tres niveles de seguridad por áreas. Un primer nivel abarca todo el centro de la ciudad y sus alrededores, donde no está vedado el acceso para los ciudadanos, pero se observa una amplia presencia policial; un segundo nivel incluye las calles y avenidas reservadas para las caravanas de autos de las delegaciones, donde los controles son todavía mayores; y un tercer nivel de seguridad máxima incluye áreas restringidas como el Centro de Convenciones donde se realizará la cumbre y los hoteles de las delegaciones. Esta semana se incluyó además el campus Santa Lucía de la Universidad de Queensland, donde mañana por la mañana dará un discurso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

A las áreas restringidas sólo se puede ingresar con acreditación y además hay que pasar detectores de metales y scanners de rayos X. No obstante, la policía tiene amplios poderes no sólo en esos lugares clave, sino también en el área de seguridad más amplia. La ley habilita a las fuerzas represivas a realizar allanamientos dentro de cualquier instalación sin orden judicial, salvo las viviendas residenciales donde debe tener el consentimiento del dueño o una orden de un magistrado. Además, la norma dice explícitamente que “es legal para un policía arrestar sin orden judicial a una persona si el oficial sospecha que está violando la ley”. En ese caso, tiene la opción de llevar a la persona a un centro especial de detención donde se la puede demorar hasta que se establezca su identidad, se le impute un cargo concreto o finalmente se la suelte sin acusarla de cargo alguno.

La policía de Queensland explicó que las manifestaciones de protesta no se pueden realizar en las áreas restringidas de Brisbane, pero sí en el sector más amplio, denominado “zona declarada”. En ese caso, los que convocan tienen que cumplir con las medidas de la ley de seguridad y respetar el extenso listado de objetos prohibidos con los que no se puede ingresar a la ciudad. La restricción incluye armas de fuego, espadas, arcos y flechas, jabalinas, gomeras, cuchillos, látigos, bengalas, botellas de vidrio, latas, frascos, piedras, punteros laser, drones, kayaks, caca de animal, reptiles, insectos, huevos, autos de juguete y pancartas mayores a un metro de alto por dos de largo. La inclusión de algunos elementos llamativos como huevos, barriletes y autos de juguete fue ridiculizada por la prensa y los movimientos sociales.

“Los delegados estarán atragantándose con su caviar, riéndose de la gente ubicada en las áreas de protesta autorizadas, eso si es que no los ignoran completamente. La idea es una farsa y un insulto a cualquier noción honesta de democracia que podría todavía existir en este país. Nada nos deprimiría más que estar parados en una zona de protesta pacífica designada sin siquiera una pancarta o un huevo (objetos prohibidos)”, aseguraron en su portal los impulsores de Plan B, una iniciativa que llama a resistir por fuera de los lugares permitidos.

El texto oficial aclara también que, a pesar de la vigencia de la Ley de Fianzas de 1980, si se comete un delito en un área restringida la corte puede rehusarse a otorgar una fianza. Luego agrega que se considera delito no excarcelable bajo fianza dañar o destruir propiedad relacionada con el G-20, atacar a un oficial de policía o irrumpir o intentar irrumpir en las reuniones del G-20. “La ley envía un mensaje errado sobre la democracia australiana. La pobre redacción de la ley crea riesgos reales de que protestas pacíficas y legítimas sean reprimidas y criminalizadas. Transfiere mucha discreción a la policía, incrementando la posibilidad de que estos amplios poderes sean usados de una manera discriminatoria y arbitraria”, aseguró Hugh de Kretser, director ejecutivo del Centro Legal de Derechos Humanos, a los medios locales cuando se aprobó la iniciativa. El comisario adjunto Ross Barnett aclaró entonces que “tiene que haber una conexión entre el objeto y alguna intención de irrumpir en el evento o lastimar a alguien para que sea retirado por la policía”. De este modo, buscó dejar en claro que las fuerzas de seguridad no van a correr detrás de los chicos que puedan llegar a remontar barriletes en las plazas durante la cumbre del G-20, aunque es una interpretación que no se desprende del texto.