El Gobierno aumentó el beneficio mensual del plan Progresar de 600 a 900 pesos por estudiante y elevó el techo de ingresos familiares para recibir ese subsidio de 4716 a 14.148 pesos. Además, definió que los jóvenes padres y madres de 18 a 24 años y los hijos de las empleadas de casas particulares, sea cual fuere su condición económica, puedan acceder al Progresar. También se simplificó la presentación de los certificados necesarios para obtener el beneficio monetario. Por último, incorporó la ayuda escolar anual de 700 pesos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), para equiparla con las asignaciones familiares que reciben los trabajadores registrados (ver aparte). La inversión total estimada por parte del Estado nacional se eleva de 11 mil a 18 mil millones de pesos en el caso del Progresar y en 2534 millones de pesos a partir de la ampliación de la AUH.

La presidenta Cristina Fernández realizó el anuncio por cadena nacional y recordó un reciente informe elaborado por la Cepal que muestra que la Argentina es el país con mayor inversión social de toda América latina, con el equivalente a 1596 dólares per cápita, seguida por 1512 dólares de Uruguay y 1340 dólares de Brasil. Al mismo tiempo, recordó que la presión fiscal en la Argentina está por debajo del promedio de los países desarrollados y también de Brasil. “Quieren vivir como en Dinamarca, pero pagar impuestos como si fuera un país exótico. No hay manera de incluir socialmente si los que más tienen no contribuyen para los que menos tienen. De otra manera, a los ricos no les va a quedar otra que vivir en guetos. Nuestra idea es que haya cada vez más igualdad social, para que nadie sienta envidia por el otro, que nadie sea captado por adicciones por falta de oportunidades, adicciones que en la gente de bajos recursos son devastadoras para la salud”, indicó la mandataria.

La inclusión social durante la gestión kirchnerista estuvo en los primeros años vinculada a la recuperación del mercado de trabajo, en términos de empleo, salario y registración de trabajadores. La disminución del ritmo de mejora en materia laboral en una economía que dejó de tener tanta capacidad ociosa como en 20032008, la crisis internacional y la desmejora de la propia actividad económica local motivaron en el Gobierno la profundización de la política social, que pasó a ser el primer móvil de mejora de la distribución del ingreso. En esa línea se anotó la moratoria jubilatoria (que arrancó en los albores del kirchnerismo), la AUH, el aumento de los haberes previsionales por la Ley de movilidad jubilatoria, la asignación por embarazo, el Procrear y el Progresar.

Progresar ampliado

El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) fue lanzado hace poco más de un año, el 22 de enero de 2014, en medio del cimbronazo económico por la devaluación del peso. La iniciativa permite que los jóvenes de entre 18 y 24 años que están en situación de informalidad laboral o cobran menos del salario mínimo puedan completar estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios o capacitarse en algún oficio. En ese momento se estableció un subsidio mensual de 600 pesos, de los cuales el 80 por ciento se cobra cada mes y el 20 por ciento restante lo obtiene el beneficiario luego de presentar los certificados de escolaridad y de sanidad requeridos.

Ayer CFK anunció que el subsidio pasa de 600 a 900 pesos, una suba del 50 por ciento, muy por encima de la inflación, incluso tomando la medición más pesimista. Además de la suba del estipendio, el Gobierno decidió ampliar el universo de jóvenes que pueden acceder al programa. La restricción era que el grupo familiar no consignara ingresos superiores al monto de un salario mínimo, que está en 4716 pesos. Ahora ese máximo pasa a tres salarios mínimos por familia, un total de 14.148 pesos.

También grupos más específicos de jóvenes, como padres y madres de entre 18 y 24 años, podrán incorporarse directamente al Progresar. En este punto, CFK destacó que “el 85 por ciento de los que están en el Progresar y tienen hijos son mujeres, queremos ayudarlas para que el hijo no sea un castigo” (ver aparte). Además, serán beneficiarios del programa los hijos e hijas de empleadas de casas particulares, sin restricción por nivel de ingreso.

Por otro lado, se simplificaron los trámites para acceder al programa. Pasan de tres a dos los certificados de regularidad escolar que hay que presentar al año en el caso de los estudios secundarios y terciarios. En tanto, la cursada en la universidad podrá ser acreditada por el propio establecimiento en forma electrónica. Por último, los certificados de salud serán reemplazados por la inscripción al plan Sumar, del Ministerio de Salud, que establece una consulta médica anual y la asistencia en caso de sufrir exceso de consumo de alcohol y drogas, entre otras cosas.

“Con esto buscamos llegar no solamente a los sectores sociales más vulnerables sino a todos, de manera que cualquier joven que quiera estudiar y tenga un limitante pueda hacerlo. Esto es universalizar una política, universalizar el derecho de estudiar”, señaló la Presidenta. Advirtió además que “esto coloca al país a la vanguardia en materia de combate al desempleo juvenil, porque lo combatimos permitiéndoles a los chicos estudiar, que es la mejor herramienta que un joven puede tener”.

Desde su lanzamiento, el Progresar incorporó a 570 mil beneficiarios. La suba en el tope de ingreso familiar permitirá que cerca de 208 mil jóvenes puedan ingresar al programa, mientras que la modificación en los requisitos formales para participar del plan dará lugar a que cerca de 480 mil se incorporen. Por eso, el Gobierno estima que los cambios mencionados elevarán la cifra de beneficiarios hasta los 1.280.000 jóvenes, con impacto positivo en el desempleo juvenil. El aumento del estipendio y de la “matrícula” del Progresar requiere una suba de 7112 millones de pesos en la inversión pública, que se suman a los 11.216 millones que se venían destinando al plan desde el año pasado.

Según datos oficiales, cerca de una cuarta parte de los jóvenes del Progresar abandonó sus estudios al menos una vez, y más de un tercio de los que abandonaron la escuela lo hizo por cuestiones laborales o problemas económicos. Además, cuatro de cada diez jóvenes repitieron en algún momento de su historia escolar. El Progresar ampliado que fue anunciado ayer eleva del 85 al 98 por ciento la población alcanzable en la franja del 20 por ciento más pobre (el primer quintil). En el segundo quintil, las posibilidades de acceder al plan se elevan del 60 al 90 por ciento; en el tercero, del 40 al 73 por ciento; en el cuarto, del 28 al 46 por ciento y en el quinto, del 14 al 21 por ciento. Esos datos no sólo reflejan cómo se puede llegar a ampliar la presencia del plan sino que dan cuenta del claro sesgo redistributivo, con mayor peso en los sectores más desfavorecidos.