Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani apelaron ante la Cámara Federal de Bahía Blanca la falta de mérito que benefició al empresario Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia. El fallo había sido dictado por el abogado Claudio Pontet, recusado como juez ad hoc por no ofrecer garantías de imparcialidad para actuar en causas por delitos de lesa humanidad. “En la resolución aquí impugnada medió una arbitraria valoración de la prueba incorporada, violando las reglas de la sana crítica, un desentendimiento de los elementos de cargo, una errónea y arbitraria valoración en cuanto al carácter de lesa humanidad del hecho imputado, tanto como del enmarque del mismo dentro del plan criminal”, escribieron Nebbia y Palazzani. El empresario periodístico está acusado de ser coautor de los secuestros, torturas y asesinatos de los sindicalistas Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y por el rol del diario en tanto auxiliar de la Inteligencia militar en operaciones de acción psicológica del terrorismo de Estado durante la dictadura.

En medio de una causa plagada de maniobras tendientes a beneficiar a Massot, los fiscales destacaron que Pontet dictó su falta de mérito y así se pronunció en sentido contrario a la mayoría de la Corte Suprema en cuanto a los fallos centrales en materia de lesa humanidad. A criterio de los representantes del Ministerio Público, la resolución de este abogado creó una “encrucijada”, una “grave situación” y una “presión sobre la Cámara Federal de Bahía Blanca y el Consejo de la Magistratura”, porque “antes de la misma esos órganos debían analizar la permanencia o no del funcionario, sabiendo que su eventual apartamiento implicaría la nulidad de ciertas decisiones relevantes, pero que en nada afectaban la situación del imputado”. En cambio, destacaron que “ahora, intencionalmente, la situación cambió diametralmente, ya que su eventual apartamiento implicará que un nuevo juez (ahora sí imparcial y competente) analice nuevamente la situación procesal de Massot, cayendo de esta manera la falta de mérito dispuesta”. Lejos de ser algo deseable, Nebbia y Palazzani señalaron que esto provocaría planteos de la defensa que volverían a afectar el proceso.

Al solicitar ante la Cámara que la falta de mérito de Massot sea revocada para imputar al empresario, los fiscales sostuvieron que Pontet “incurrió en la abundante cita de opiniones doctrinarias sin fuerza legal, la incorporación de opiniones personales a través de publicaciones en artículos periodísticos y literarios, a los que dio valor de una declaración testimonial cuando claramente no lo tienen, además de desconocer la imputación efectivamente realizada”. Y destacaron que el cuestionado abogado que oficia como juez ad hoc en esta causa resolvió que no hay “responsabilidad penal (de Massot) por motivos que responden a un orden no jurídico sino moral o cultural”, porque no logró “advertir moralmente el desvalor y la peligrosidad de la conducta imputada, aun cuando las normas y la jurisprudencia se encargan de establecer el deber de investigarla y juzgarla”.

Nebbia y Palazzani concluyeron, en durísimos términos, que “quizá Pontet considere que el suyo ha sido un acto de justicia, del que seguramente sienta orgullo, por reponer el equilibrio de las cosas. No podemos adentrarnos en ese universo que nos está vedado, sino limitarnos a señalar el modo en que lo decidido se aparta del derecho de largo a largo”. Por lo tanto, en ese aspecto “reside la gravedad institucional, que no se presenta sólo en la decisión impugnada sino en la persona del sentenciante (Pontet), que ha llegado a ese lugar luego de procedimiento viciado y que ha decidido sin interiorizarse del amplísimo cúmulo probatorio incorporado a la presente causa, y sus expedientes conexos”.

Pontet fue elegido por sorteo de una lista de abogados y los fiscales pidieron la nulidad del nombramiento por ser contrario a la ley de subrogancias, además de recusarlo en base a antecedentes sobre su falta de imparcialidad. Nebbia y Palazzani también apelaron el sobreseimiento de Hugo Sierra, ex secretario del juez de la dictadura Guillermo Madueño.