“Estamos haciendo un trabajo más fino sobre los nichos de informalidad, pero para que retroceda el trabajo no registrado necesitamos niveles de crecimiento económico más intensos”, afirmó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al presentar los resultados del primer año de vigencia la ley de promoción al trabajo registrado y prevención del fraude laboral.

Los beneficios fiscales para combatir el núcleo duro del trabajo no registrado permitieron que 180 mil micro y pequeños empleadores regularicen la situación de 147 mil individuos e incorporen 202 mil asalariados registrados. Los resultados son favorables. Sin embargo, la ralentización de la actividad económica y la menor creación de empleo de calidad, los dos factores que permitieron quebrar el ascenso de la informalidad observado desde mediados de los años setenta, dificultan lograr los niveles de no registración por debajo del 30 por ciento. Durante el segundo trimestre de 2015, el nivel de empleo no registrado alcanzó al 33,1 por ciento.

La precariedad e informalidad laboral son el mayor problema del mercado de trabajo argentino: alrededor de 4,7 millones de trabajadores están empleados en forma irregular. “La informalidad creció durante 35 años seguidos: con la dictadura, en democracia, con gobiernos radicales y con presidentes peronistas. El trabajo no registrado es un problema que enfrentamos todas las economías periféricas. No es algo que se pueda cambiar en 5 o 10 años, pero este es el único gobierno que lo hizo retroceder, cayó 17 puntos porcentuales”, expresó ayer Tomada.

La Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada el año pasado implementa dos grupos de herramientas. Como 6 de cada 10 trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos, se crearon incentivos para que esos empleadores avancen en la regularización de sus trabajadores. La problemática del 40 por ciento restante de los asalariados no registrados que realizan tareas en medianas y grandes empresas fue abordada a través del fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y sanción de las firmas infractoras.

A un año de la implementación de la ley, la cartera laboral considera que se “lograron avances considerables, no obstante, el logro de reducir de modo significativo la incidencia del trabajo no registrado solo será posible en la medida que los gobiernos de todos los niveles jurisdiccionales y representantes de los empleadores y trabajadores sostengan el compromiso de estas acciones en el largo plazo”.

- Los beneficios previstos en los dos regímenes creados para promover la contratación de trabajadores alcanzan a cerca de 180 mil empleadores (no son patrones tradicionales sino kiosqueros, almaceneros, maestros mayores de obra). La cantidad de trabajadores contratados a través de esas modalidades donde se reducen las cargas impositivas sin afectar los derechos laborales alcanza a 350 mil.

- De ese total, 202 mil son nuevos empleos registrados. La mitad de los puestos fueron creados en microempresas de hasta 5 trabajadores que gozan de una reducción permanente del 50 por ciento en las contribuciones patronales. El resto se reparte en partes similares entre las firmas de 6 a 15 trabajadores y aquellas empresas con plantillas entre 16 y 80.

- La cantidad de empresas que fueron sancionadas por incumplir con la normativa laboral, hasta mediados de septiembre, asciende a 2752. Las compañías donde se detectaron irregularidades tenían un promedio de 17 trabajadores pero existen 57 casos de firmas con más de 100 empleados.

“El principal responsable del no registro de un trabajador es el empleador”, sostuvo ayer Tomada. Desde su visión los sindicatos podrían jugar un rol más activo y el Estado, en todos sus niveles, también debe mejorar su intervención, pero la responsabilidad recae sobre los empleadores. Otra limitación que encuentran las políticas públicas, según afirmó Tomada durante un encuentro con periodistas, es la falta de compromiso de algunas provincias con las tareas de inspección.