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Desde Washington, Alfonso Prat-Gay señaló que, al lanzar las medidas anunciadas ayer, el gobierno de Mauricio Macri “está tratando de encontrar un equilibrio justo, al dedicar recursos fiscales para atender a aquellas franjas de la población que, en esta primera etapa, están más expuestas a algunas de las decisiones tomadas”.

Las palabras del ministro de Hacienda y Finanzas retratan un aspecto central de la estrategia que se puso en marcha a partir del 10 de diciembre. La política de dos dimensiones. Una, destinada a lo que se considera el sector dinámico de la economía, el motor, el que le va a dar impulso no sólo al crecimiento sino a un nuevo modelo de país. Por eso la megadevaluación, la quita de retenciones a la exportación de granos y de minerales, fueron decisiones rápidas, urgentes, que beneficiaron en forma directa a los grupos más concentrados de la explotación primaria y a los bancos, cuyos negocios tienden a concentrarse en operaciones del sector externo y con divisas, en desmedro del financiamiento a la actividad productiva local. El enorme costo fiscal que representó esa transferencia de recursos fue en parte compensada, en una segunda etapa (segundo y tercer mes de gobierno), con quitas de subsidios a la electricidad, el gas y el transporte, y el despido de franjas significativas de personal estatal, inmediatamente acompañado por cesantías y suspensiones en el sector privado.

Este conjunto de medidas provocó un salto de precios en bienes y servicios básicos, que a nivel de bolsillo puede estimarse entre el 50 y el 100 por ciento medido desde noviembre pasado a abril, para abarcar el impacto de la devaluación desde su anuncio anticipado por quienes luego serían gobierno.

Frente a tal panorama, el “equilibrio justo” mentado por Prat-Gay consiste en atender, pasados cuatro meses de gestión, a una franja de la población compuesta por unos 8,5 millones de personas que integran jubilados que cobran la mínima, y hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo o cuyo jefe de familia es monotributista. Para la concepción del gobierno, esta es la dimensión no dinámica de la economía, para la que puede haber medidas compensatorias o reparatorias, pero nunca promotoras de su participación activa en el desarrollo económico. Por eso las medidas llegan tarde, y apenas como un paliativo que está lejos de compensar el efecto combinado de los aumentos de precios de bienes de consumo, servicios domiciliarios y el transporte.

Y en el medio, entre los privilegiados y los “más expuestos”, todavía queda una amplia franja de perjudicados por el ajuste. Este sector, castigado por los despidos y la pérdida de poder adquisitivo, no debería perder de vista las conversaciones entre el Presidente y la dirigencia sindical más tradicional, inauguradas esta semana, porque de allí puede surgir, si hay un acuerdo, que es lo que les toca en ese “equilibrio justo” del que habló ayer Prat-Gay.