En un artículo publicado esta semana en su página web, la Red de Justicia Fiscal para América latina y el Caribe (TJN, por su sigla en inglés) recuerda que “el hecho de tener cuentas o empresas registradas en jurisdicciones offshore no es en sí un delito o una irregularidad, pero los Panama Papers han dado indicios sobre maniobras empleadas por personas y empresas para pagar menos impuestos de esta manera”. Y de inmediato, agrega, “ una de las piezas de esta gigantesca red corporativa global es América latina; en las diversas maniobras del sector corporativo, las organizaciones que luchan contra la evasión y la elusión fiscal, calculan que han desaparecido de la región casi seis billones de dólares entre 2002 y 2011”. Esto es: 600 mil millones de dólares por año, cifra equivalente al total de las exportaciones que alcanzaban, en conjunto, los diez países de América del Sur (incluídos Brasil, Argentina, Venezuela y Chile, los principales en ventas al exterior) por año hacia fines de la década mencionada. Si es delito o no, podrá discutirse. Lo irrefutable es el enorme daño que provocó esta fuga a gran escala, ejecutada por las corporaciones globales y locales, a los países que la sufren.

En una reciente entrevista con la cadena británica BBC Mundo (citada en el mismo artículo de TJN), el especialista Rodolfo Bejarano Bernal, integrante de la Coalición Global por la Transparencia Financiera, señaló el papel central que juegan las firmas globales en el circuito de los paraísos fiscales. “Las multinacionales sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones, inflan costos con facturas apócrifas o servicios inexistentes como para ganar menos donde pagan más impuestos y ganar más donde pagan un impuesto cercano a cero, es decir, en un paraíso fiscal”, explicó.

Bejarano Bernal analizó, junto a BBC, los cuatro sectores de la economía que en América latina son señalados por los expertos como los que “hacen un uso intensivo de los paraísos fiscales”. Estos son los bloques exportadores de soja en Argentina, hierro en Brasil, minería en Colombia y piña en Costa Rica.

La descripción que se hace en el artículo sobre la venta de soja al exterior da cuenta de que, “desde hace años, hay dos sojas en Argentina: la legal y la “blue”. “El blue comienza cuando un productor decide venderle en negro sus granos a una empresa fantasma o apócrifa; en este circuito participan todos los protagonistas del proceso exportador: acopiadores, transportistas, aseguradoras”, señaló Bejarano Bernal a BBC. En este caso, el fraude cambiario y la evasión fiscal es evidente. Para evitar el ingreso del dinero por una operación no declarada, la empresa apócrifa puede depositar directamente el dinero obtenido en el exterior y así le es posible manejarlo desde Argentina a través de una cuenta “off shore”. Es la otra cara de las cuentas y empresas “off shore”. Cuando se juntan ambas se puede ver la relación entre apertura de empresas off shore y delito.

Otro estudio sobre el complejo sojero, pero sólo referido a la probable evasión mediante la subfacturación de las exportaciones declaradas, fue publicado por el Cefid.Ar en julio de 2015, como parte de una serie de investigaciones realizadas sobre la Fuga de Capitales en Argentina. El trabajo aludido, de los investigadores Verónica Grondona y Martín Burgos, concluye que entre 2010 y 2013 la subfacturación de las principales cerealeras promedió los mil millones de dólares por año. La diferencia de precio varía, pero en general se mantuvo en torno al 10 por ciento, pero con picos del 30 por ciento en 2012. Un año particularmente conflictivo en la relación entre el gobierno y las corporaciones financieras y exportadoras. El aporte es muy valorable para entender un momento clave de la economía de estos años. El Cefid.Ar, solventado por fondos de la banca pública, fue disuelto al inicio del presente año, por decisión del nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre.

El mismo artículo de TJN América Latina menciona el caso de Brasil, primer exportador de hierro del mundo. China es el principal consumidor del hierro que exporta Brasil, y sin embargo los importadores del mineral del vecino país están radicados en Suiza y en las islas Caimán. La brasileña Vale, principal exportadora de hierro, tuvo que afrontan a la vez problemas con el fisco de Suiza y el de Brasil para justificar sus operaciones y su “interpretación de las exenciones otorgadas en 2006”, tal como lo explicó la propia empresa cuando en 2012 pudo arribar a un acuerdo con las autoridades helvéticas. Un año después, firmó otro acuerdo de cancelación de deudas con el fisco brasileño, por unos 8000 millones de dólares. Pese a ello, siguió triangulando y operando a través de empresas con domicilio en paraísos fiscales. El intento de Dilma Rousseff por imponerle en 2014 un impuesto a la ganancia presunta de las empresas que operan con jurisdicciones off shore, chocó con un escollo todavía insalvable. “El gran problema es que las autoridades fiscales no tienen los recursos para fiscalizar una operatoria tan compleja”, le comentó Bejarano Bernal a BBC Mundo.

Los otros dos casos señalados en el mencionado artículo responden al mismo patrón de conducta de parte de las corporaciones empresarias. Los Panama Papers dejaron a la vista que habría unos cien mil millones de dólares de origen colombiano en paraísos fiscales. Ya en 2013 la Contraloría General de la República había llamado la atención sobre la bajísima tributación del sector minero, pese a que representa casi el 7 por ciento del PBI. Un ex titular de la Dirección de Impuestos y Aduana, Juan Ricardo Ortega, señaló a raíz de este informe que algunas mineras estaban vendiendo carbón a pérdida a subsidiarias radicadas en paraísos fiscales, que después las revendían a prácticamente el doble del precio a Europa. Bejarano Bernal comentó que “los procesos de triangulación en Colombia son todavía más complejos que en Brasil, porque el país es parte de diferentes tratados bilaterales de libre comercio que suelen facilitar esta mecánica”.

El cuarto caso señalado es el de las exportaciones de piña en Costa Rica, producto que ha desplazado al café y el banano para convertirse en uno de los principales productos de venta al exterior. La producción y exportación es monopolizada por Fresh del Monte, multinacional con domicilio en las islas Caimán, donde además de su sede global tiene radicadas treinta subsidiarias. Vía paraísos fiscales, el precio que recibe Costa Rica se triplica al momento que se paga en Europa, muchas veces para volver a ser reexportado. Se estima que la pérdida para el fisco de Costa Rica, por este circuito de comercialización, es del orden de 600 millones de dólares al año.

Lo que Panama Papers pone una vez más en evidencia es que la fuga de divisas a través de paraísos fiscales es un tema demasiado delicado y oneroso como para reducirlo a una discusión, simple y cómplice a la vez, sobre si es delito o no tener una cuenta o empresa offshore.