Los diputados tendrán este miércoles una sesión maratónica que incluirá la emergencia ocupacional.
Imagen: Carolina Camps.

La sanción de la emergencia ocupacional tendrá un nuevo capítulo este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados, después de que el pacto entre Cambiemos y el Frente Renovador dejara sin quórum la sesión especial y frenara el tratamiento del proyecto la semana pasada. El líder renovador Sergio Massa insistirá ahora en que se apruebe su propio proyecto, que introduce modificaciones a la media sanción del Senado y devolvería la iniciativa a la Cámara alta, en una nueva dilación que favorece al oficialismo. En el medio habrá negociaciones cruzadas que podrían agilizar o hacer fracasar la sanción de la ley, que prohíbe despidos sin causa por 180 días en la administración pública nacional y en el ámbito privado y que prevé la doble indemnización. La aprobación de la medida es reclamada por las cinco centrales sindicales.

El pacto que sellaron la alianza oficialista y el massismo para convocar a la sesión ordinaria de esta semana tuvo un objetivo compartido: hacer fracasar la sesión especial que impulsaron para sancionar la ley antidespidos el Frente para la Victoria (FpV), el Bloque Justicialista (BJ), el Frente de Izquierda (FIT), Libres del Sur (LdS), otros monobloques y massistas díscolos. El acuerdo le permitió a Massa frenar el cisma en su tropa, al macrismo paralizar a los bloques dubitativos con aprietes a distintos gobernadores y ganar tiempo para amortiguar el costo político del veto presidencial de Mauricio Macri que consideran “inexorable”.

Paso a paso

La convocatoria de esta semana plantea un nuevo y complejo escenario. El temario incluye el tratamiento de los proyectos oficialistas de Acceso a la Información Pública, la reducción del IVA (hasta 300 pesos) para jubilados y beneficiarios de planes sociales y la emergencia laboral. Ese es el orden que el oficialismo quiere imponer en la reunión de Labor Parlamentaria del martes para una sesión que promete ser maratónica y con el proyecto más ríspido a la cola en el orden del día.

La inclusión en la agenda de la ley antidespidos deberá atravesar un inconveniente adicional: tendrá que ser aprobada por dos tercios de los diputados presentes porque los dictámenes no tienen los siete días hábiles “de vista” para llegar al recinto en una sesión ordinaria. El interbloque oficialista podría frustrar su inclusión. Una jugada arriesgada que guarda en la manga por si las negociaciones que se avecinan en el arco opositor conspiran contra su voluntad.

Si se sorteara ese primer escollo, su tratamiento estará cruzado por distintas disputas partidarias y estrategias parlamentarias. El reglamento obliga a tratar los dictámenes de acuerdo al respaldo que hayan conseguido en las comisiones que los discutieron. En este caso, las de Legislación Laboral y de Presupuesto. El de mayoría, es el que reproduce la media sanción de los senadores y que lleva las firmas del FpV, el BJ y dos massistas. El FR y Cambiemos votarían en contra y el dictamen no alcanzaría la mayoría simple para aprobarse si el resto del arco opositor no termina por inclinar la balanza hacia el otro lado.

Entonces pasaría a consideración el dictamen del oficialismo, que prorroga por 90 días la emergencia laboral que dio origen a la creación de los Planes Jefes y Jefas de Hogar tras la crisis de 2001 pero que no prevé ninguna medida preventiva frente a la actual situación. Sería rechazado por toda la oposición.

El tercero es el dictamen del FR, que agrega a la media sanción del Senado un capítulo de exención para las pymes, y promoción de empleo para jóvenes y mayores de 50 años, lo que devolvería la iniciativa a la Cámara alta. El oficialismo lo rechazaría por su “alto costo fiscal”. Con lo cual el massismo pondría en la disyuntiva al FpV y otros bloques opositores de tener que apoyarlo ya que sino la iniciativa sería rechazada, perdería estado parlamentario y no se podría volver a tratar por un año. Ninguno de los otros dos dictámenes, el del FIT y el del PS, tendrían chances de ser aprobados por la mayoría de los diputados.

Si Massa logra su objetivo –en complicidad con Cambiemos– de arrastrar al resto del arco opositor se alzaría con los laureles y el oficialismo ganaría tiempo ya que el proyecto volvería con modificaciones al Senado. Un oxigeno que el Gobierno busca para impulsar otras iniciativas como las modificaciones a las escalas del Impuestos a las Ganancias (que igual tendrían vigencia a partir de 2017) y proveer de argumentos al veto presidencial, entre ellos uno que el macrismo esgrime por lo bajo: “la ley antidespidos es parte de una disputa interna peronista para acorralar a su gobierno”.

Por eso desde el bloque de diputados del FpV decidieron barajar y dar de nuevo. El jefe de la bancada Héctor Recalde ya anunció que este lunes se reunirá con su par del Senado, Miguel Ángel Pichetto, para analizar las alternativas, al tiempo que abrió el juego y no descartó dialogar con Massa en busca de un acuerdo.

Entre diputados y senadores del FpV prima la idea de acompañar una propuesta para las Pymes, aunque en paralelo al proyecto de emergencia ocupacional. No quieren más dilaciones mientras continúan los despidos en el Estado y en la actividad privada. Una propuesta que tanto Pichetto y los diputados del FpV le ofrecieron a Massa en negociaciones que el líder renovador rechazó.

Massa, en tanto, goza haberse parado en el centro del escenario político y de “acorralar al kirchnerismo” luego de lograr paralizar la sangría propia con el torniquete que le ofreció el oficialismo. Chicanea a los senadores con que su proyecto es retroactivo al 22 de abril, el mismo día en que las comisiones del Senado y Diputados dieron, con proyectos diferentes, dictamen a favor de la ley antidespidos. Un tema en el que los senadores del FpV, incluso se diferenciaron de sus diputados al considerar la cláusula de retroactividad como un elemento que utilizaría el Gobierno y las cámaras patronales para frenar la ley en los tribunales.

El oficialismo apuesta a la propuesta massista como parte de su estrategia de dilación, a pesar del costo político que –admiten– le acarrea que la emergencia laboral se instale en la opinión pública. Una situación que insisten en negar.

Si el proyecto regresa finalmente al Senado, allí habrá dos opciones: que los senadores acepten las modificaciones o que reafirmen su proyecto original. En ambos casos solo necesitará de mayoría simple ya que ningún dictamen de Diputados alcanzaría los dos tercios para obligar al Senado a ratificar su iniciativa con esa misma mayoría calificada. De todas maneras, consideran que cuanto más respaldo político tenga la iniciativa más alto será el costo para el Gobierno, si finalmente decide vetarlo.