El Gobierno presentará hoy un paquete de medidas que incluye un blanqueo de capitales, la venta de las acciones de empresas privadas que posee la Anses para financiar el pago de sentencias por reajuste de haberes jubilatorios, el lanzamiento de una pensión a la vejez para reemplazar a las moratorias e incentivos para las pymes. También propone la ratificación de los convenios para la devolución del 15 por ciento retenido por la Nación que les corresponde a las provincias por la ley de Coparticipación. Por el lado impositivo se anunciará la elevación del piso para el pago de Bienes Personales y una reducción en el peso del tributo. El macrismo pretende dinamizar el nivel de actividad económica, jaqueado por el deterioro del consumo y de la inversión ante el ajuste fiscal y monetario y la suba de la inflación.

Blanqueo

El blanqueo estará vigente hasta el 30 de abril de 2017 y tendrá un costo fiscal para el contribuyente de alrededor del 10 por ciento del capital y del 15 por ciento si la adhesión se demora hasta el próximo año, tanto para fondos que estén dentro como fuera del país. Las propiedades no declaradas ante la AFIP que se acojan al blanqueo tributarían una alícuota del 5 por ciento. Una opción de inversión que se baraja para canalizar los fondos es la suscripción de un bono intransferible del Gobierno a tres años con una tasa de interés inferior a la de mercado, de modo que incorpore el costo fiscal de blanquear el dinero. El régimen incluirá un blanqueo laboral, para condonar deudas a la seguridad social, e incentivar la formalización de trabajadores en las pymes.

También estará vigente una opción de blanqueo para pequeños inversores hasta un monto de alrededor de 80 mil dólares, por el cual tendrían que tributar el 5 por ciento de lo declarado. El incentivo para el ahorrista es que luego de pagar al fisco queda en condiciones de utilizar el dinero para operaciones como la compra de un inmueble o de un auto.

Acciones y flujo del FGS

Entre las medidas que se anunciarán mañana figura la venta de las acciones de empresas privadas en el FGS de la Anses. Se trata de un volumen de activos que en diciembre llegaban a los 85 mil millones de pesos y actualmente está cerca de los 90 mil millones. Con ese dinero se pagarán las sentencias adeudadas a jubilados y a otros que ni siquiera llegaron a esa instancia. El macrismo, que primero dijo que quería liquidar esos activos pero luego lo negó, se enfrenta a un escollo político para llevar adelante su estrategia, ya que la venta de esas acciones exige una mayoría parlamentaria especial para derogar una ley aprobada el año pasado que impide la venta de esos papeles.

El Estado tenía en octubre 15.573 millones de pesos en acciones del Banco Macro (el 31 por ciento del total de la firma), 12.907 millones de pesos de Telecom Argentina (25 por ciento de la empresa) y 9680 millones del Grupo Financiero Galicia (20 por ciento de la compañía), seguidas de Siderar, BBVA Banco Francés, Edenor, Pampa Energía, Mirgor, Molinos Río de la Plata, Solvay Indupa, Banco Patagonia, Aluar, Grupo Clarín, Metrovías, Metrogas, Quickfood, Banco Hipotecario e IRSA. La participación de las Anses siempre generó irritación en el establishment porque le permite al Estado contar con representantes en los directorios de las compañías. La venta de esas acciones es una de las banderas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Otra fuente de financiamiento para las medidas que tomará el Gobierno es la modificación del destino del flujo de intereses generado por las tenencias en títulos y plazos fijos del FGS. Según el último reporte de diciembre, la Anses tenía invertidos 429 mil millones de pesos en títulos públicos y obligaciones negociables y unos 8500 millones en plazos fijos. Eso permitió que el año pasado el FGS acumulara 191 mil millones en intereses. Ese dinero se destinaría al pago de sentencias y a la devolución del 15 por ciento de la coparticipación a las provincias.

Reforma previsional

El Gobierno anunciará la actualización de los haberes jubilatorios que están por arriba de la mínima según el criterio que definió la Corte Suprema años atrás y además abonará el dinero retroactivo correspondiente a la diferencia entre lo cobrado por los jubilados y lo que el máximo tribunal entendió que correspondía según los fallos Badaro y Elliff. Las sentencias se venían cancelando a un ritmo de 40 mil por año pero ahora la idea es eliminar completamente ese stock de deuda para la Anses, que se explica por 60 mil sentencias firmes. También se ajustarían los ingresos de los jubilados que tienen su demanda judicial en trámite e incluso los haberes de los que ni siquiera iniciaron juicio pero se encuentran dentro del universo de trabajadores pasivos que cobran menos de lo que les corresponde según la Justicia. El reajuste de haberes y los retroactivos demandarían unos 300 mil millones de pesos. El proyecto del Gobierno contempla pagar una parte de los retroactivos cash y otra en cuotas trimestrales y con un plazo máximo de dos años actualizadas por un índice de movilidad. Además, se establecerían pagos por etapas dando prioridad a las personas de mayor edad y/o con enfermedades graves.

Otro de los puntos de la reforma consistiría en una mejora de la base de cálculo para la determinación del haber inicial, algo que impactará sobre los ingresos de los los trabajadores que todavía no se jubilaron. Se trata de la fórmula que actualiza los salarios de los últimos diez años que se utilizan para determinar el monto del haber que empieza a recibir el nuevo jubilado. Desde 2009 esa fórmula se basa en el índice de movilidad jubilatoria, que ha estado por encima de la inflación. Sin embargo, para los salarios percibidos antes, la actualización es más perjudicial para el trabajador. El Gobierno quiere elevar ese número.

Por último, el Gobierno lanzaría una “pensión para la vejez” para reemplazar a las moratorias. Se trataría de un haber inferior al mínimo actual al que accederán los trabajadores no registrados que antes ingresaban a la moratoria.

Pymes

Además del proyecto de blanqueo laboral con desgravación de cargas sociales para las nuevas contrataciones de trabajadores de 18 a 24 años, el Gobierno tiene la iniciativa de reducir impuestos para las pymes y crear un nuevo régimen fiscal para sus inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura.

Bienes Personales

El proyecto de ley ómnibus incluirá cambios en el impuesto a los Bienes Personales. Subirá un 162 por ciento el mínimo a partir del cual se paga ese tributo, de 305 mil a 800 mil pesos para el ejercicio 2016 (que se paga el año próximo). También habría “premios” para los contribuyentes cumplidores. El gobierno deslizó que el piso de Bienes Personales aumentaría a 950 mil pesos para la declaración por el ejercicio 2017 y a 1.050.000 de pesos para el 2018, mientras que dejaría de cobrarse el de 2019.

Además, dejará de pagarse la alícuota del impuesto por el total de bienes, sino que sólo se afrontará el tributo por el excedente sobre el mínimo definido por el Congreso.