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La Justicia platense hizo lugar ayer a una medida cautelar presentada por una asociación civil y ordenó reprogramar la audiencia pública bonaerense que analizará los aumentos en la tarifa eléctrica. El juez Luis Arias tomó esa decisión para dar tiempo a los usuarios para que tengan la posibilidad de acceder a los balances contables y a otro tipo de información vinculada a las prestatarias del servicio y también pidió realizar las audiencias en varios puntos de la provincia. A fines de mayo, el mismo magistrado anuló los aumentos para las empresas eléctricas en la Provincia salvo para Edenor y Edesur. Esa medida fue dejada en suspenso por la Cámara Federal de La Plata. Desde el macrismo criticaron al juez. “Si quiere gobernar, que deje la Justicia y se dedique a la política”, se quejó Manuel Mosca, diputado provincial.

El 31 de mayo, Arias ordenó a las distribuidoras Edelap, Edes, Edea y Eden retrotraer el tarifazo. El eje de sus fundamentos fue la no convocatoria a la audiencia pública previo al incremento tarifario, que “cercena la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público”. Las empresas apelaron ese fallo y la Cámara suspendió los efectos de la cautelar.

De todos modos, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) decidió convocar a una audiencia pública para el 28 de julio en Mar del Plata para discutir los aumentos. “El objeto de la audiencia pública es informar los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos de los nuevos cuadros tarifarios”, justificaron desde Oceba, y aclararon que las consultas se debían formular con cinco días de anticipación. Sin embargo, el juez Arias dictó ayer una cautelar solicitada por la Asociación Civil “Centro de Estudios Para la Promoción y el Desarrollo Sustentable” (Ceprodes) que obliga a reprogramar la audiencia para después de las vacaciones de invierno y a celebrar otros encuentros del mismo tipo en Bahía Blanca, San Nicolás y La Plata. “En la decisión adoptada por el Organismo de Control, que establece una sola convocatoria destinada a todos los usuarios, la participación ciudadana se aprecia como meramente formal y aparente”, decían los denunciantes. Arias ordenó que se convoque a una audiencia en “cada delegación regional del Oceba dentro del plazo establecido por el art. 6 de la Ley 13.569, contado a partir de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente medida”, y llamó a una “reprogramación de la audiencia pública prevista en la ciudad de Mar del Plata para el 28 de este mes, para que la misma sea realizada en días hábiles”. El juez obligó a “la competente brindar toda la información necesaria vinculada a la situación contable y financiera de las prestatarias del servicio”.

El macrismo criticó la decisión del juez. “Si Arias quiere gobernar que deje la justicia y se involucre en política. Creemos que es muy malo para los vecinos de la provincia la judicialización de la política. La función de los jueces no es judicializar la gestión. Arias tiene que hacer que se cumpla ley y no gobernar”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca (Cambiemos). “Los vecinos no pueden esperar, la judicialización frena y traba la gestión”, dijo en relación al tarifazo.