Un informe policial que había sido solicitado por la Sala II de la Cámara Federal concluyó que no hay ninguna evidencia de que el juez Sebastián Casanello haya estado en la Quinta de Olivos el 9 de septiembre del año pasado. Uno de los hijos de Lázaro Báez, Leandro, había recusado al juez apoyado en la estruendosa versión de un encuentro en la residencia presidencial con Cristina Fernández de Kirchner y en coincidencia con la presencia de su padre, el empresario de la obra pública, a quien Casanello investiga por lavado de dinero. Báez padre envió después una nota manuscrita que avalaba el relato, que incluso ratificó personalmente en tribunales. La Policía Federal hizo entrevistas con siete mozos que pudieron haber estado en funciones aquel día, pero ninguno recuerda haber visto al juez. Tampoco encontraron registros fílmicos ni pruebas en el libro de ingresos.

La decisión de la Sala II de pedirle al jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, una investigación sobre los movimientos de Casanello fue muy llamativa porque no tiene precedentes en la Cámara, además se inscribe en una seguidilla de fallos del tribunal que han sido durísimos con el juez, a lo que se suma que la fuerza policial es parte del Poder Ejecutivo, que saluda todo lo que pueda enlodar al kirchnerismo. Pero a los camaristas les pareció razonable pedir un informe preliminar con medidas que consideran engorrosas para ellos. Ahora van a evaluar si se conforman con el resultado que les entregó la policía o si ellos mismos citan a los mozos y a quienes se supone que acompañaban a Báez, según explicaron allegados al caso. También tienen que analizar qué hacen con un pedido de los abogados de Leandro Báez para que se hagan cruces de llamadas telefónicas.

Pese a que la reunión fue desmentida de manera tajante tanto por la ex presidenta como por Casanello, los abogados de Báez hijo insistieron, su padre se sumó y hubo medios que se hicieron eco, a punto tal de informar, como en el caso de Clarín, que un mozo y un ex espía la habrían confirmado. Pero tanto en un primer como en un segundo informe, la Policía Federal ratificó que no había encontrado absolutamente ninguna prueba o indicio que aportara siquiera sospechas, menos aún confirmación, de que hubiera existido el encuentro en la quinta de Olivos. El mismo diario había informado también sobre imágenes tomadas por cámaras de la Municipalidad de Vicente López, pero esas filmaciones no existían.

El material que recibieron los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani incluye los testimonios (que no son de carácter judicial) tomados a los siete mozos que se verificó que pudieron haber coincidido en los días y horarios señalados por el denunciante. Ninguno tenía recuerdo de haber visto por allí a Casanello. En la misma carpeta están adjuntos los libros de ingresos a la quinta presidencial, donde tampoco figura el juez. Y ya no se conservan imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.

Leandro Báez y su padre tienen abogados distintos. Al primero lo representan Santiago Viola y Claudia Balbín, y al segundo, Claudio Rubinovich y Rafael Sal Lari. Pareció que tenían estrategias diferenciadas, pero al final convergieron. Lázaro Báez tuvo dos entrevistas personales, a solas, con los jueces de la Cámara Federal, en otra situación atípica en la causa. En la segunda apoyó la versión que había llegado escrita a mano desde la cárcel, del encuentro supuesto en Olivos del que no existe ninguna evidencia concreta. Ayer el tribunal confirmó otra vez su procesamiento por lavado, el de su hijo Martín, el abogado Jorge Chueco y otras dos personas por reingresar al país 32.800.000 dólares a través de bonos de la deuda pública. Leandro, igual que sus otros tres hermanos, quedó implicado en el hallazgo de cuentas en Suiza donde habrían pasado unos 25 millones de dólares.

En cuanto a Casanello, la Cámara debe resolver qué hace con la recusación, si se contenta con el informe de la Federal o sigue alimentando el espectáculo.