Modificar el esquema de indemnizaciones por despido para que sea cofinanciado entre empresas y trabajadores. Flexibilizar las relaciones laborales, facilitando las desvinculaciones minimizando sus costos. Establecer menores cargas fiscales y nuevas formas de contratación más baratas. Limitar la intervención del Ministerio de Trabajo en las negociaciones salariales y establecer paritarias por empresas. El contundente listado de modificaciones legales y estructurales forma parte de las propuestas para una “reforma del modelo vigente de relaciones laborales en la Argentina” vertido ayer en un editorial del diario La Nación. Las exigencias que permitirían alcanzar un “crecimiento del empleo privado y la competitividad” expresan algunos de los reclamos históricos de los sectores empresarios. En casos como las indemnizaciones, las propuestas superan en relevancia la flexibilización laboral validada durante los años noventa.

Desde la cartera laboral aseguran que el gobierno de Mauricio Macri no analiza transformaciones de esa magnitud sobre el mundo laboral. Sin embargo, en ocho meses las propuestas publicadas por el matutino están en sintonía con distintas iniciativas oficiales que activaron señales de alarma como la reforma del sistema de la seguridad social, el veto a la ley para prevenir los despidos, el esquema de pasantías con salarios inferiores al mínimo en empresas privadas, las modificaciones a la ley de riesgos de trabajo y el cuestionado proyecto de ley de promoción del primer empleo. A ese conjunto de herramientas legales se suman la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo.

“Van a hacer trizas la legislación laboral”, advirtió ayer el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, al cuestionar la política económica y laboral implementada por el gobierno en sus primeros ocho meses. “Están planteando que el salario no se discuta más colectivamente, que no haya más paritarias, que el salario sea un arreglo individual, persona por persona, con cláusula de secreto, es decir que el compañero de trabajo no se puede enterar del acuerdo salarial que vos pautaste de manera individual”, consideró el dirigente sindical durante una entrevista de Radio del Plata.

“El crecimiento del empleo privado y la competitividad no se va a lograr sin una reforma del modelo vigente de relaciones laborales en la Argentina”, reza el editorial de La Nación. Los reclamos van desde las fallidas recetas neoliberales tradicionales como la reducción de los costos laborales para incentivar la creación de puestos de trabajo hasta modificaciones estructurales en las negociaciones salariales. “La forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación y que a la vez se brinden garantías para que no se produzcan contingencias imprevisibles y desproporcionadas”, sostiene el texto que replica los reclamos lanzados desde distintas entidades patronales a lo largo de la última década.

“Un aspecto sustancial de una reforma laboral es que la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa”, indica al recuperar uno de los temas que, impulsado por la cartera laboral, ya están siendo debatidos en sectores como el metalúrgico y el petrolero. Pero también reclama el reemplazo de negociaciones sectoriales por discusiones a nivel de empresas donde solo debería tener incumbencia un sindicato. “Debe eliminarse la obligatoriedad de la homologación de la autoridad administrativa, que lejos de ser un control eficaz, a menudo se constituyó en un obstáculo para los contenidos que se pretendían incorporar entre las partes signatarias”, advierte el cuestionado editorial al reclamar la minimización de la mediación estatal en las paritarias y en la resolución de conflictos.

“Plantean regresar a 1903, antes de la sanción de la ley de descanso dominical y la primera ley de riesgos del trabajo, hoy fustigada por el presidente Macri”, advirtió el diputado por el Frente para la Victoria Héctor Recalde. A comienzos de mes, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó la decisión oficial de realizar cambios en el sistema de riesgos de trabajo. Las modificaciones bajo análisis están en sintonía con el histórico reclamo de las cámaras empresarias como la Unión Industrial y las aseguradoras nucleadas en la UART: terminar con la litigiosidad, minimizar riesgos y bajar costos.

Antes que ampliar el listado de patologías y corregir las inequidades en el esquema de cálculo de las indemnizaciones, los ejes de los cambios propuestos por Triaca destacan el traslado de las controversias judiciales del fuero Laboral al de la Seguridad Social para terminar con los juicios. Además se pretende restaurar la obligatoriedad de que, antes de iniciar un reclamo judicial, los trabajadores recurran a las Comisiones Médicas que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.