Los cuestionamientos por la utilización del Gobierno de la base de datos de la Anses para difundir propaganda oficial no cesan y el conflicto ya comienza a caminar por los tribunales. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a defender desde la Casa Rosada la decisión de su cartera –que pasará a manejar los millones de datos personales registrados en la seguridad social–, ante las críticas de todo el arco opositor. “El objetivo no tiene que ver con la comunicación política o propagandística, es para mejorar el vínculo con los ciudadanos”, dijo el ministro coordinador en rueda de prensa y agregó que “no se trata de información confidencial que vulnera la intimidad de ningún ciudadano”. Esa interpretación no fue compartida por la oposición parlamentaria: “La decisión de Peña de usar el banco de datos personales de más de treinta millones de personas del Anses para propaganda política, es ilegal, vulnera la ley 25.236 de protección de datos personales y es delictiva”, señaló el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade quien adelantó “una lluvia de presentaciones judiciales” para frenar la medida. “No se puede utilizar mediante la disposición del Jefe de Gabinete una ley que tiene tan alta sensibilidad como es la protección de datos personales. Y muchísimo menos a los fines publicitarios”, insistió la diputada massista Graciela Camaño, que ya había anunciado que recurrirá a la justicia. Desde el bloque Progresistas también evalúan la misma posibilidad.

“No hay decisión del Ejecutivo de usar la comunicación pública como herramienta política”, se justificó Peña acompañado del ministro de Interior, Rogelio Frigerio. El jefe de Gabinete tampoco dudó en defender su postura atacando la gestión kirchnerista: “El año pasado en la Anses se gastaron mil millones de pesos en publicidad pero no podían contactarse con sus beneficiarios. Nosotros estamos transformando eso, pero no utilizando medios públicos, como Tecnópolis o Fútbol para Todos, para hacer propaganda política”. “La base de datos de la Anses es tremendamente incompleta, con un tercio de datos de contacto de sus beneficiarios, lo que demuestra cuál era la concepción de la comunicación en la gestión anterior basado en la propaganda política que preveía un monólogo pero no una conversación”, sentenció luego el ministro. Tal vez algo decepcionado por la información que ahora pasará a manejar para divulgar la propaganda del Gobierno a través de las redes sociales. Desde la oposición parlamentaria más amigable con el oficialismo confiaron a Página/12, que Peña ya había intentado sin suerte “hacerse de la base de datos de la AFIP y de la Tarjeta Sube”.

Peña justificó el manejo de la base de datos de la Anses argumentando que temas como la devolución del IVA o los cambios en las jubilaciones “son beneficios nuevos que requieren de una comunicación” y que “el Estado pueda llegar a las personas para explicarles ese mensaje”.

En el mismo sentido se pronunció el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, que suscribió el convenio para el traspaso de la base de datos a la jefatura de Gabinete: desde el gobierno queremos “comunicarnos proactivamente, mandando un correo electrónico o llamando por teléfono, a aquellos jubilados que les toca una mejora en su haber, en conjunto con el gobierno y la secretaría de Comunicación que hace la campaña”, sostuvo en una entrevista televisiva en la que no pudo explicar porqué no lo hacía directamente la Anses.

Las explicaciones no conformaron a los diputados opositores. “Quieren armar un gran troll center con la plata de todos los argentinos para inundar nuestros mails y celulares con propaganda política”, señaló el diputado kirchnerista Juan Cabandié, quien adelantó que en su bloque estan “terminando una presentación judicial para intentar frenar esta acción del gobierno que a todas luces no solo es ilegal sino además pone en riesgo la intimidad de todos los argentinos”.

“Transfirieron los datos del Anases a la Secretaria de Comunicación haciendo que los expertos en campaña sucia puedan manejar la información de todas las personas”, agregó el diputado y dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. “Ahora van a usar la Anses para propaganda pública y electoral violentando la institucionalidad, poniendo datos personales al servicio del marketing público del Gobierno para que se acepten sus políticas”, sostuvo el diputado Edgardo Depetri (FpV).

Para la jefa del bloque de diputados massistas, Graciela Camaño, “nuestros datos personales, de todos los argentinos, tienen un resguardo constitucional. Y tienen un resguardo que los hace operativo en una ley. El Gobierno lo que no puede hacer no lo debe hacer”. “¿Por qué no utilizan las bases de datos para facilitarle los trámites a los jubilados?”, se preguntó la diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis. La especialista en temas previsionales tampoco evadió la consideración políticas de la decisión del Gobierno: “Dicen que la base de datos la van a utilizar para informar a través de las redes sociales, cuando realmente la van a utilizar para hacer campaña política”, afirmó.

El ex titular de la Anses y referente del Bloque Justicialista, Diego Bossio, expresó su opinión a través de las redes sociales. “Vemos con preocupación que desde Jefatura de Gabinete se utilice la base de datos de la Anses para fines que no están claros”, posteó en su cuenta de Twitter, donde agregó que “el Estado debe ser respetuoso con nuestros ciudadanos que confiaron sus datos personales para un uso específico”.

“Esto es más peligroso que la cadena nacional o Fútbol para Todos, ahí te podés defender, podés cambiar, pero esto es una manipulación que no podés controlar, porque esas 32 millones de personas las podés segmentar para mandarles mensajes, podés conocer su intimidad, sus consumos, sus gustos, relaciones y necesidades”, advirtió la diputada Alicia Ciciliani. La legisladora socialista afirmó que está en contacto con Camaño (FR), Margarita Stolbizer (GEN) y Victoria Donda (Libres del Sur), con quienes coincidieron en el rechazo. “Estamos defendiendo la democracia, no estamos atacando a ningún gobierno”, aclaró.