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La empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) apelará hoy la cautelar dictada por la jueza Elena Liberatori que suspendió el aumento del pasaje a 7,50 pesos. Voceros de Sbase confirmaron a Página/12 que “la medida judicial será acatada y la tarifa se mantendrá en el valor de 4,50 pesos”. Las fuentes señalaron que “los asesores legales analizaban los argumentos de la resolución judicial” y estaban delineando “el texto para refutar los argumentos de la jueza” Liberatori, que instó a corregir “falencias de cálculo” en la nueva tarifa.

Si bien el fallo “está ordenando que se revise el cálculo realizado por Sbasa, en la apelación se trabajaba sobre la base de los mismos argumentos que se expusieron en la audiencia pública”, adelantaron los voceros consultados por este diario. “Lo que se está haciendo es reunir toda la documentación necesaria para demostrar que se han cumplido todos los pasos necesarios y que son fundados los argumentos señalados en la audiencia”.

El presidente de Sbasa, Juan Pablo Piccardo, cuando confirmó que la tarifa pasaría a costar 7,50 pesos durante la audiencia pública, estimó que la llamada “tarifa técnica”, que establece el costo total del servicio por viaje, sin los subsidios, asciende hoy a 13 pesos, tres pesos más de lo que calcula la Auditoría General de la Ciudad, que ayer salió a ratificar su postura en contra de lo que dice el gobierno porteño.

Según la Auditoría, el Ejecutivo “realiza un método de cálculo erróneo (...) que perjudica a los usuarios ya que sobrestima la tarifa técnica del subte”. La Auditoría sostuvo que “se busca sobreestimar costos para que el gobierno tenga ‘legitimidad’ para imponer aumentos tarifarios mayores a los que deberían existir”. El ente señaló que el gobierno “comete dos errores en el cálculo de la tarifa técnica”.

El primero es que “se toma dentro de los costos, los rubros de Gastos de Mantenimiento, la depreciación del material rodante y la infraestructura, cuando los informes de Auditoria solicitados por la Ley 4472 establecen que dichos gastos no forman parte de la tarifa, ya que la empresa privada que presta el servicio no las tiene incorporadas en sus servicios”.

La Auditoría afirma también que el gobierno “subestima los usuarios y toma una base de 250 millones de pasajeros (cifras de 2013), cuando en el 2015 sus estadísticas marcan que fueron más de 288 millones. Este cambio permite aumentar el costo individual de la tarifa proyectada”.

La metodología aprobada por la Auditoría indica que “la tarifa técnica es de 9,18 pesos”, lo que establece que la tarifa al usuario debe ser del “orden de los 6 pesos”.