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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunirá con el mandatario argentino en Buenos Aires esta semana. Mauricio Macri quiere que México ocupe un lugar importante en la agenda central de la Argentina, según la canciller argentina, quien anticipó varios acuerdos bilaterales. Pero el Estado mexicano no es cualquier socio. Hoy México atraviesa la crisis de derechos humanos más grave de la región. Frente a las violaciones a los derechos humanos y una impunidad generalizada, el gobierno argentino no puede mirar para otro lado.

Al menos 150 mil muertes y más de 28 mil desapariciones se han registrado en los últimos años en México, de acuerdo a datos oficiales y de las Naciones Unidas. El 98 por ciento de los crímenes en el país no se investigan. La tortura es una práctica generalizada, pero entre 2005 y 2013 solo hubo dos sentencias judiciales firmes relacionadas con la tortura. Además cientos de miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares y desplazarse a raíz de delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, así como de violaciones a los derechos humanos.

La declaración de la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, marcó un punto de inflexión en esta crisis. Ordenó el despliegue de las fuerzas armadas para llevar adelante tareas de seguridad pública, una medida que no sirvió para reducir el comercio de drogas ilícitas pero que generó muchísima violencia. A diferencia de lo ocurrido en el Cono Sur, esta grave situación en México no está relacionada con un gobierno dictatorial.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre 2014 sacudió el mundo, pero sigue sin ser esclarecida. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demostró la falsedad de la versión oficial y apuntó al accionar de diferentes fuerzas de seguridad al servicio de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. La labor del GIEI fue obstaculizada por el gobierno mexicano, que prohibió entrevistar a miembros de las fuerzas armadas y luego no permitió que el Grupo extendiera su mandato para seguir investigando. Además viene demorando la implementación de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de los expertos.

No son hechos aislados. El Estado mexicano se niega a aceptar las responsabilidades que han tenido el ejército y la marina en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de incluso, crímenes de lesa humanidad. Esta postura se ha reflejado en la falta de investigación y sanción de los elementos de las fuerzas armadas responsables de la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014. Los últimos tres soldados identificados como responsables de esta masacre fueron liberados recientemente y el Estado rehusó investigar la cadena de mando.

En otro episodio violento más reciente, protagonizado esta vez por los cuerpos policiales, una protesta de maestros en Nochixtlán, Oaxaca fue reprimida. Al menos 11 personas murieron y 58 fueron heridas de bala, según el diario mexicano La Jornada. Inicialmente desde la Policía Federal dijeron que los efectivos no portaban armas pero tuvieron que rectificarse después de que circularan imágenes de la represión. Un mes después de los hechos todavía no hay resultados de una pesquisa oficial.

La falta de una debida investigación y de una reparación integral a las víctimas sigue siendo la constante. Este caso tiene diferencias con lo ocurrido en Ayotzinapa y Tlatlaya, pero todos los casos tienen en común la brutalidad e impunidad con las que operan las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en México.

Por otro lado, el actual gobierno mexicano no sólo ha cuestionado la legitimidad y veracidad de las observaciones e informes esgrimidos por los mecanismos internacionales de derechos humanos –incluso de manera pública ante foros multilaterales– sino que ha permitido una agresiva campaña de desprestigio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos al interior del país. Los periodistas también enfrentan violencia y hostilidad por desempeñar su labor.

Desde el final de la dictadura, la Argentina ha construido un liderazgo internacional en temas de derechos humanos, basado en el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. El reconocimiento y respaldo internacional a las víctimas de violaciones en México es imprescindible ante la absoluta indolencia del Estado mexicano. La gravedad de lo que ocurre exige un posicionamiento firme por parte del Estado argentino. En su reunión inminente, Macri debe urgir que Peña Nieto reconozca la crisis estructural de derechos humanos en México, se comprometa con una solución y, para que ese compromiso sea creíble, remueva los obstáculos que perpetúan la impunidad.

* Gastón Chillier es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), José Antonio Guevara Bermúdez es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (Cmdpdh), y Mario Patrón Sánchez es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).