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En sus primeros ocho meses la nueva administración aplicó un ajuste ortodoxo que alteró todos los precios relativos de la economía provocando ingentes transferencias de recursos en tres dimensiones: entre clases sociales, entre sectores económicos y entre espacios territoriales. Para lograrlo fueron necesarios los votos legislativos de la oposición, es decir; el apoyo de los gobernadores, y la mansedumbre relativa de los sindicados, que negociaron paritarias por debajo de la inflación. La promesa de recursos fue la argamasa para aunar voluntades. Las transformaciones avanzaron entonces como una aplanadora y el resultado agregado en la economía fue el actual cuadro recesivo. Con la nueva escasez presupuestaria, subió la tensión social y política y llegó el momento de comenzar a bajar recursos, lo que a su vez es también una necesidad macroeconómica para frenar la caída libre del PIB. En esta línea, esta semana se anunció el pronto reparto inicial de 20.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales y de 37.000 millones de pesos para las provincias. En este último caso se trata de la primera etapa de la devolución del 15 por ciento de la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) que antes se destinaba a la Anses y que comenzó a devolverse en forma asimétrica a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de noviembre pasado. Este año, 3 puntos de los 15 se devolverán de manera automática –no es un anuncio nuevo, sólo demorado– pero también se podrá acceder hasta 6 puntos adicionales bajo la forma de préstamos financiados por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, la famosa “plata de los jubilados” que el gobierno anterior multiplicó por diez, o bien “la pesada herencia” que, junto con el desendeudamiento, hoy permite casi todas las acciones del nuevo gobierno.

La resignación de los gobernadores, que en las conferencias de prensa junto al poder central exaltan “el federalismo y el nuevo clima de diálogo” en contraposición a los “férreos manejos discrecionales del pasado”, oculta dos aspectos centrales de los nuevos escenarios provinciales: Primero, la escasez presupuestaria producto de la recesión económica. Segundo, la distribución asimétrica entre las distintas provincias, que benefició a propias y aliadas en detrimento del resto, una realidad que amenaza profundizarse.

Respecto del primer punto cabe considerar que los recursos coparticipables se basan en el grupo de impuestos eliminados, reducidos o modificados por la actual administración, como las retenciones y Ganancias, así como también en los más afectados por la caída de la actividad, como el IVA. De acuerdo a los números de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en la primera mitad del año, los ingresos totales del Estado nacional fueron de casi 698 mil millones de pesos, lo que significó un aumento interanual del 28 por ciento en el marco de una inflación que promedió el 45, es decir que en términos reales se registró una caída de ingresos de casi el 12 por ciento. Esta cifra es consistente con la evolución del PIB, ya que la recaudación sobre reacciona a los movimientos del Producto.

No obstante, en el mismo período, la CFI y los distintos fondos de asignación específica, cayeron proporcionalmente menos que la recaudación nacional total. Siempre en los primeros seis meses del año las transferencias a las provincias sumaron poco más de 262 mil millones de pesos, un aumento nominal del 35 por ciento interanual y una caída real de alrededor del 7 por ciento. Nótese que los 37 mil millones adicionales que se transferirían a las provincias en la segunda mitad del año representan apenas un poco más del 14 por ciento de lo transferido en la primera mitad y, en consecuencia, si se repite en el segundo semestre un cuadro similar al del primero, los recursos adicionales apenas alcanzarían para compensar la caída real de la CFI, sin considerar la discriminación entre provincias.

El segundo punto, el dato de que unas provincias fueron más beneficiadas que otras, refleja que la contracción de ingresos provinciales no es un hecho de mera proporcionalidad frente a la caída de ingresos nacionales, sino que también existen importantes transferencias interprovinciales. En principio por el fallo de la CSJ de fines de noviembre de 2015 que obligó a devolver el 15 por ciento de recursos coparticipables que se destinaban a la Anses a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Pero casi inmediatamente después siguió una sumatoria de decisiones discrecionales, empezando por el aumento de la coparticipación a la CABA, que pasó del 1,4 al 3,75 por ciento.

Un pequeño detalle técnico es que está insólita multiplicación por 2,7 veces de los recursos nacionales que recibe el distrito más rico del país no afecta la distribución secundaria, el porcentaje de la CFI que recibe cada provincia, sino la primaria, la distribución entre Nación y provincias. Ello es así porque el porcentaje de la CABA está legalmente por fuera de la masa coparticipable. No obstante, a la luz de esta multiplicación, resulta por lo menos notable que muchos gobernadores insistan en público en colocar la arbitrariedad distributiva en el pasado y repitan acríticamente ideas vacías sobre diálogo y federalismo.

La segunda dimensión discrecional, fueron las transferencias directas a las provincias y municipios que se realizaron por fuera de la coparticipación, las que según ASAP sumaron casi 40 mil millones de pesos en el semestre, una suba nominal interanual de apenas el 3,2 por ciento, pero una caída real del 29 por ciento. Si se mira lo que hay dentro de estas transferencias se encuentra que cayeron especialmente las destinadas a inversiones, mientras que las financieras también se contrajeron durante los primeros cinco meses y se recuperan en junio para tapar urgencias corrientes.

El primer balance sobre la relación Nación-provincias muestra la asimetría en las transferencias territoriales. Tanto por el fallo de la Corte sobre la devolución del 15 por ciento a tres provincias como por la arbitraria multiplicación de los recursos para la CABA, cuatro distritos recibieron una proporción mucho mayor de la ya menguada masa coparticipable. Finalmente un factor adicional de discrecionalidad fue los adelantos de coparticipación que sumaron 12.500 millones de pesos y que aliviaron las urgencias administrativas de propias y aliadas: el 70 por ciento de estos recursos beneficiaron a otros cuatro distritos: Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Neuquén. Durante la primera mitad del año, entonces, ocho distritos recibieron un trato preferencial en desmedro del resto.

El segundo balance es estructural. La escasez presupuestaria en la mayoría de las provincias las empujará a tomar más deuda en divisas. El sendero del endeudamiento provincial en dólares para cubrir gastos corrientes no es nuevo y resulta funcional a la estrategia del gobierno nacional, ya que antes o después las divisas terminarán en las arcas del Banco Central y servirán a la estrategia de estabilización macroeconómica vía una relativa ancla cambiaria.

Proyectando lo que resta del año, todo indica que la redistribución territorial continuará, no sólo por la vía discrecional de los adelantos de CFI y las transferencias por fuera de la CFI, sino por las presiones para recomponer algún tipo de “fondo del conurbano”, ya que Buenos Aires no es sólo uno de los distritos donde más se siente la crisis inducida por el cambio de régimen, sino una provincia que la Alianza Cambiemos reconoce clave para su gobernabilidad y, mirando hacia 2017, por su peso en los resultados electorales.