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Pese a las especulaciones que anticipaban una votación reñida, el directorio del Banco Mundial aprobó por unanimidad dos créditos para Argentina por un monto total de 700 millones de dólares. En los últimos días había circulado la versión de que algunos países con peso en el BM –Japón, Alemania e Inglaterra– se abstendrían en la votación, como forma de presionar a la administración Kirchner para que mejore su oferta a los acreedores privados y acelere la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos, con ajuste de tarifas incluido. De ahí que en el Ministerio de Economía evaluaban la decisión de ayer como un “gesto favorable”. Sin embargo, los gobiernos más críticos todavía se guardan una carta: el desembolso de la mayor parte de esos fondos está supeditado a todas las “condicionalidades” del Fondo Monetario. Así, el efectivo otorgamiento del préstamo dependerá de que el directorio del FMI apruebe la tercera revisión del acuerdo vigente, algo que el Gobierno negocia a nivel político con los países del G-7.
El primero de los créditos aprobados ayer, por un monto de 500 millones de dólares, tiene por objetivo financiar las llamadas “reformas estructurales”: “El Gobierno se ha comprometido a completar los pagos a bancos en compensación por la pesificación asimétrica” y a instrumentar políticas para paliar el déficit energético, entre otras medidas, dice el documento emitido en Washington. El otro préstamo, por 200 millones de dólares, apunta al financiamiento del programa de mantenimiento de las redes viales (denominado CREMA) y a solventar proyectos de inversión de interrelación de rutas del Mercosur. Ambos créditos están dentro del programa de financiamiento de mediano plazo para la Argentina, conocido como CAS (Country Assistance Strategy), que el BM sancionó a mediados de abril y que se extiende hasta diciembre de 2005.
“Que el directorio del Banco haya aprobado los créditos por unanimidad es un gesto favorable”, decían ayer en Economía. En esta línea, el comunicado oficial emitido en Washington afirma que el directorio de la entidad “felicitó al Gobierno por la fuerte y continua recuperación económica y por el buen desempeño macroeconómico”. Sin embargo, los mismos funcionarios de Lavagna reconocían que esto no significa que los países más críticos de Argentina en el Banco Mundial y el Fondo hayan concedido un aval sin condicionamientos al Gobierno.
De hecho, el desembolso del préstamo más importante (de 500 millones de dólares) está atado a las condicionalidades impuestas por el FMI. De otro modo: sólo estaría disponible si el Fondo aprobara la tercera revisión del acuerdo firmado en septiembre.
La misión de técnicos del organismo encargada de la evaluación regresó el viernes último a Washington, tras emitir un comunicado muy elogioso. Entre otras cosas, la misión aseguró que se habían cumplido las “metas cuantitativas” de superávit fiscal y destacó los “continuos esfuerzos (del Gobierno) para reestructurar su deuda soberana”. Sin embargo, hay “metas cualitativas” que todavía están pendientes y por las que el Gobierno debería pedir un “waiver” (dispensa) al organismo. Entre ellas sobresalen la aprobación de una nueva ley de coparticipación, la selección de dos consultoras internacionales para auditar y formular un plan de reforma de los bancos Nación y Provincia y la definición de un nuevo marco regulatorio para las empresas de servicios públicos.
Sea como fuere, la aprobación de la tercera revisión depende de una decisión política de los gobiernos del G-7, con una participación decisiva en el directorio del Fondo. En este sentido, países como Alemania, Japón, Italia e Inglaterra presionan para que la administración Kirchner mejore la oferta a los acreedores privados. La semana pasada, Roberto Lavagna se comunicó telefónicamente con todos los representantes del G-7 para tratar de persuadirlos de que el Gobierno estaba negociando “de buena fe”. El ministro argumentó que se había duplicado la oferta realizada en Dubai, en septiembre pasado, y que se habían apurado todos los trámites formales ante la SEC, la autoridad regulatoria del mercado de valoresnorteamericano.