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Según el compromiso asumido ante los representantes locales de Petrobras, a más tardar la semana próxima el ministro de Economía enviará al Parlamento un proyecto de ley que habilite la aplicación de tarifas diferenciales en el transporte y la distribución del gas natural, algo que hoy está inhibido por el marco regulatorio del sector. El propósito primero de ese retoque legal será permitir que los usuarios industriales financien mediante el pago de un cargo fijo la extensión del gasoducto San Martín, que seguirá operando TGS, liderada por la petrolera brasileña. Ese es sólo el primer paso de un acuerdo que también involucró a la máxima jerarquía de gestión de Inácio Lula da Silva, que aspira a que el Estado argentino garantice con sus propios recursos el préstamo que otorgaría la banca oficial brasileña para concretar esa inversión.
La proyectada iniciativa parlamentaria no sólo permitiría la aplicación de esa tasa especial, sino que facultaría al Gobierno a desarrollar una política de aumentos discriminados según categoría de clientes, algo que, estrictamente, no puede hacerse según la ley vigente. Justamente, el marco de la reestructuración tarifaria que se está discutiendo con las distribuidoras y transportistas de gas en la Unidad de Renegociación de Contratos se hace sobre el principio oficial de moderar o hasta excluir de las proyectadas subas a los usuarios residenciales, cargando el peso del aumento sobre los comercios y, fundamentalmente, las industrias.
El desembolso previsto para ampliar la capacidad de transporte del ducto sureño es de 280 millones de dólares. En un primer momento, el gobierno de Néstor Kirchner solicitó a Petrobras que aportara los recursos para cubrirla, algo que fue resistido por esa compañía con el argumento de que, en primer lugar, la única involucrada podía ser su división argentina y que ésta necesitaba garantías para el recupero de la inversión, en un tiempo “razonable” de 7 u 8 años.
Así surgió la idea de que la reclamada extensión se financiaría con un cargo sobre los clientes industriales que podría llegar al 45 por ciento adicional sobre la actual tarifa. Esto nutrirá un fondo fiduciario del que Petrobras podría ir recuperando el dinero desembolsado para la obra. “Las industrias lo aceptan sin problemas. Si después de la devaluación tienen la tarifa reducida a la tercera parte”, reflexionaba Oscar Vicente, actual directivo de la trasnacional brasileña.
De la gestión directa gobierno a gobierno surgió el compromiso del Bndes (Banco Nacional de Desarrollo brasileño) para financiar la operación. Pero, de inmediato, reclamó el compromiso argentino de que funcionará el Acuerdo de Garantías Recíprocas por el cual el Estado nacional es el pagador de última instancia. En otros términos, si TGS o Petrobras Argentina no devuelven la totalidad de los recursos, el Banco Central de la República Argentina cubre el faltante.
Otra cuestión clave para este emprendimiento es el futuro cuadro tarifario para todo el sector transporte cuando se terminen de renegociar los contratos, una tarea que desde el Gobierno realiza la Unidad de Renegociación sin demasiado éxito hasta el momento. Las empresas como Petrobras, que también participan en el segmento de producción de hidrocarburos, por ahora tienen un aliciente adicional para esperar que esa trabada discusión finalice, ya que mientras las tarifas de este segmento permanecen estables, el gas boca de pozo tiene un sendero de precios definido con aumentos semestrales (el último fue del 18 por ciento), que contenta bastante las expectativas empresarias.
A principios del 2004, Vicente, como oficioso vocero del sector, resignó pretensiones y rebajó el precio anhelado del gas en origen de 1,35 dólar el millón de BTU a 1 dólar (contra los aproximadamente 70 centavos actuales). No hay problema. Sabe que el año próximo, aquella remuneración llegará cómoda al nivel que él mismo sugirió en los despachos oficiales yfuera de ellos, no inferior a los 95 centavos. Para el ex ejecutivo de Pérez Companc es casi una cuestión de justicia: “¿Por qué se paga 1,60 dólar el gas de Bolivia y a los productores locales les dan menos de la mitad?”.