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Roberto Lavagna tendrá que trabajar bastante para que el Banco Mundial deje de condicionar la concesión de créditos a que el Gobierno tenga previamente un acuerdo con el FMI. “El ámbito para plantearlo es el directorio” de la institución, le contestó ayer la vicepresidenta del BM para América latina y el Caribe, Pamela Cox. Un día antes, el ministro de Economía había llevado el tema a la reunión con sus colegas de Brasil, Antonio Palocci, y Venezuela, Nelson Merentes, buscando apoyo político para lograr su objetivo. De paso por Buenos Aires, en una gira por la región, Cox insistió con la lógica de que el FMI es el auditor macroeconómico que avala o rechaza el financiamiento de los organismos internacionales. También defendió la actuación del Ciadi, el tribunal arbitral vinculado con el banco que recientemente dictó un laudo contra la Argentina.
No fueron las únicas definiciones de la funcionaria, quien dialogó con la prensa junto al director del BM para la Argentina, Axel Van Trotsenburg. El Banco Mundial tiene pendiente de desembolso un préstamo por 500 millones de dólares. La mitad de ese dinero “será girada inmediatamente después de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el FMI”, insistió el delegado permanente en el país. Además, hay otro préstamo para Córdoba por 75 millones de dólares que está trabado por la misma razón.
El Banco Mundial se convirtió en los últimos años en un acreedor privilegiado. Desde diciembre de 2001 a fines de 2004, la Argentina redujo su deuda con el organismo en 2100 millones de dólares, desde 9400 millones a 7300 millones. En lo que va de este año, el país le pagó 900 millones y obtuvo desembolsos del banco por 550 millones. Cox explicó que la entidad tiene dos tipos de programas de ayuda financiera. Uno de ellos, los llamados créditos de ajuste, dependen de la opinión previa del FMI. Esos son los que están congelados desde que el Gobierno suspendió el acuerdo con el organismo hace un año. Los otros préstamos, de inversión, se siguen ejecutando.
Estos últimos son los que financian el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Respecto de ese subsidio a la pobreza, Cox sostuvo que “fue y es un programa para la crisis”. Si bien no quiso ir más allá, Cox dejó entrever el interés del Banco Mundial para que el Gobierno reformule ese plan. De hecho, es uno de los temas de negociación con el Ejecutivo para definir la ayuda financiera del banco a partir de enero de 2006.
Además de la discusión por los desembolsos bloqueados, la relación con el Banco Mundial está marcada en el último tiempo por la actuación del Ciadi, el tribunal al que acudieron las privatizadas para reclamar por la pesificación de las tarifas. El mes pasado dispuso que se le debe pagar más de 300 millones de dólares a CMS, accionista de Edelap, en concepto de indemnización. Cox dijo que “el Ciadi es importante porque ayuda a resolver disputas comerciales y eso facilita el arribo de inversiones a los países”. Respecto del fallo, prefirió no opinar.