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Bolivia se dirige a elecciones generales anticipadas. Las dos Cámaras se reunirán hoy para definir la manera en que se convocará a estos comicios. Mañana, el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, convocará al Congreso para que éste elabore la solución constitucional que autorice la celebración no sólo de las elecciones de presidente y vicepresidente, sino, también, las legislativas. De las dos opciones que existían para llegar a esta solución, renuncia masiva y voluntaria de los diputados o interpretación del artículo 93 de la Constitución, es la última la que se ha adoptado. Para ello hacen falta los votos de dos tercios de los diputados y se especula que en las próximas dos semanas las dos Cámaras adoptarán esta resolución.
Si bien es cierto que la convocatoria a elecciones generales responde a una de las cuatro demandas de los movimientos sociales, la consulta se llevará a cabo, sin embargo, con la misma arquitectura política que desencadenó las crisis de los últimos dos años. Salvo enmienda o acuerdo en el Congreso, la figura del próximo jefe de Estado depende de un acuerdo entre las bancadas y no de una segunda vuelta electoral.
Con todo, las soluciones constitucionales que se están elaborando dentro del marco de la democracia han tenido la virtud de apaciguar el clima de tensión social. Ayer, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aportó su apoyo a la gestión del presidente Eduardo Rodríguez. En entrevista con Página/12, Morales puntualiza su posición en la crisis actual y aboga por un acuerdo entre todos los sectores sociales del país.
–Usted juega hoy la carta de la continuidad constitucional reforzando los apoyos del presidente Eduardo Rodríguez. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para mantener esa estructura?
–Frente a la nueva coyuntura política, nosotros vamos a respetar al gobierno de transición. Le damos nuestro apoyo incondicional a que garantice las elecciones generales anticipadas. El MAS no pedirá ningún cargo. El Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones para formar un nuevo gobierno. Nuestra única sugerencia es que esas personas no sean hombres políticos identificados con Sánchez de Lozada, con el banzerismo y las dictaduras. Es importante que el presidente institucionalice los cargos públicos con gente dispuesta a servir al pueblo y no servirse del pueblo. El presidente y su gabinete tienen que dar señales claras, marcar agendas como las elecciones generales adelantadas. Coincidimos con ello.
–Sin embargo, usted no quiere que las agendas electorales se mezclen, es decir, las elecciones generales con las autonomías, etc.
–No. Pensamos que no se debe juntar el tema de la autonomía, el tema de la elección de los prefectos, la Asamblea Constituyente. Eso sería generar otro problema en el país. Además, se está hablando no de una Asamblea Constituyente sino de un Congreso Constituyente, es decir, los mismos parlamentarios elegidos en las elecciones adelantadas serían parlamentarios y constituyentes. Eso es burlarse del pueblo boliviano. La extrema derecha está apostando por el caos y el desastre porque ella sabe que este tema va a traer conflicto. Por eso la tarea del presidente es adelantar las elecciones y no de mezclar.
–Usted ha repetido que es preciso nacionalizar los hidrocarburos. ¿Cuál es el alcance de esa demanda?
–Que los recursos naturales estén en manos de la nación. Teóricamente, las leyes de la Constitución nos permiten que los recursos nacionales estén nacionalizados, en especial los hidrocarburos. Pero, lamentablemente, como dueño de esos recursos nacionales el gobierno no ejerce el derecho de propiedad. Eso es lo que se entiende por nacionalización de hecho, es decir, se trata de ejercer el derecho de propiedad.
–¿Y qué ocurre con las empresas extranjeras que ya están trabajando en Bolivia?
–Esa presencia obedece a los contratos contraídos por los gobiernos de turno, más de 70. Los términos de esos contratos decían que el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sin embargo, esos contratos no han sido ratificados por el Congreso nacional y, por consiguiente, son irregulares, ilegales e inconstitucionales. En suma, mientras esos contratos no sean ratificados no pueden aplicarse. Pero desde 1996 se aplicaron, pero el Parlamento jamás los reconoció. Uno de los artículos del proyecto de ley que hemos planteado trata de que se realicen auditorías técnicas y económicas para saber exactamente cuánto han invertido las empresas y cuánto han recuperado hasta ahora. Sin control no se puede definir nada. Aunque sea ilegal e inconstitucional, estamos dispuestos a saber cuánto han invertido. No se puede permitir que el Estado no controle los campos petrolíferos. Repito, legalmente están nacionalizados pero en la práctica no. Por eso debe haber un directorio conformado por el Estado y las empresas mientras dure la auditoría. Nosotros no planteamos echar a las multinacionales ni tampoco confiscar. Queremos ejercer el derecho de propiedad. Si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos necesita socios, ese socio debe aportar el 50 por ciento. Si no los requiere, el 100 por ciento es para el Estado.
–La crisis boliviana ha quebrado en parte el entendimiento entre los movimientos sociales y el MAS. ¿Cómo se plantea el MAS los meses que vienen?
–El MAS va a seguir apostando por la unidad entre todos los sectores, con los movimientos sociales, agrupaciones ciudadanas y con algún partido que apueste a un proyecto político. El MAS es el primer partido de Bolivia y hay un espacio de debate con las fuerzas sociales que luchan contra el liberalismo, un espacio para avanzar en la construcción de un instrumento político. Acá en Bolivia y en muchos otros países el modelo económico impuesto por el Banco Mundial no resuelve los problemas económicos y sociales. Tiene que surgir un nuevo modelo de reciprocidad, de solidaridad. En lo fundamental, se trata de un nuevo modelo de real distribución de nuestras riquezas. Y ese es un trabajo que hay que hacer junto a los movimientos sociales empobrecidos por el neoliberalismo. Si en la misma construcción política del Estado boliviano aquí no hay normas y leyes en base a principios de equilibrio es imposible resolver los problemas del país. El tema es entonces cómo buscar esas transformaciones profundas a ese modelo económico. Y eso pasa justamente por la Asamblea Constituyente. El movimiento popular, el movimiento indígena originario, quiere hacer cambios en democracia.