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Su condición actual es la de víctimas de una maquinaria que sigue a plena marcha: la de la corrupción. Por querer cumplir con su deber y denunciar actos de corrupción, fueron perseguidos y sancionados. Y aunque en algunos casos recibieron el respaldo de algunos importantes funcionarios, a la postre no les sirvió de nada. Los ladrones siempre ganan. Sin darse por vencidos, los sancionados –y otros que todavía no cayeron– fundaron una ONG llamada Adaproc (Asociación de Acción y Protección contra la Corrupción). Se proponen denunciar ante la Oficina Anticorrupción, o en su caso la Justicia criminal y organismos internacionales, todo fraude contra el Estado del que se enteren. Y quieren aglutinar a todos los agentes públicos separados de sus cargos por redactar informes comprometedores.
La entidad es presidida por Roberto Emilio Barraza, un cirujano especializado en ginecología y obstetricia que, como auditor médico interno de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) desde octubre de 2000 hasta su cesantía en el mismo mes de 2001, descubrió toda clase de irregularidades en los subsidios otorgados a diversas Obras Sociales a través de un organismo descentralizado del Ministerio de Salud llamado APE (Administración de Programas Especiales). Esas subvenciones estaban destinadas a solventar prestaciones para discapacidad, enfermos de HIV, trasplantes y otras de alta complejidad.
Para esos fines, y también para cubrir el déficit financiero de algunas Obras, se apartaba el 10 por ciento de la recaudación de éstas. De hecho, en 1999 y 2000 unos dos tercios de esos recursos se invirtieron en enjugar desequilibrios, con lo que las Obras peor administradas eran las que recibían mayor premio. Esa caja fue manejada con tan poca transparencia como la de los discrecionales ATN del Ministerio del Interior. De hecho, esos recursos de asignación arbitraria de la SSS fueron una de las sospechadas fuentes de las cuentas con que en el 2000 se habría comprado el voto de algunos senadores para la reforma laboral.
Lo que ocurrió con el tercio restante fue descubierto y denunciado por Barraza. Pero lo que logró con ello fue que le rescindieran el contrato, y así es como, pocos días después de que el presidente uruguayo estuviera en Buenos Aires para llorar y disculparse ante Eduardo Duhalde por haber calificado de ladrones a los argentinos, Barraza se volvía con su familia a su Salta natal. Después de siete meses sin trabajo ni sueldo (ganaba $ 1250, más Luncheon Tickets, sin vacaciones, ni aguinaldo, ni –vaya ironía– Obra Social), no pudo sobrevivir más en la Capital.
Además de enjugar las lágrimas de su colega y de dar por superado el episodio, Duhalde hubiese podido ocuparse de darle un final diferente a la descorazonadora historia de este auditor interno, y de otras similares, para así responder al “todos ladrones” del oriental. Uno de esos casos es el de Elsa Rosa Virgolini Krey, vicepresidente de Adaproc. Las anomalías que denunció en la Colonia Montes de Oca condujeron a la remoción del director, pero antes ella había sido echada por éste. Después nadie quiso reponerla en el cargo.
En septiembre del año pasado, Barraza se apareció por la Oficina Anticorrupción para exponer sus asombrosos hallazgos al auditar setenta expedientes, ninguno de los cuales estaba libre de fallas. Correspondían a la gestión de dos sucesivos superintendentes: José Luis Lingieri (con Carlos Félix Lapadula en la APE) y Rubén Cano (con Andrés Berduc). Barraza llevaba consigo el informe que le había elevado al jefe de Auditoría Interna de la SSS, el contador Marcelo Sánchez, y que éste, según el denunciante, había cajoneado, aun después de haberle encomendado rehacerlo. La muestra de casos que investigó Barraza involucraba pagos por casi 6 millones de pesos/dólares, sobre un total de 41 millones. De allí surgieron importantes vicios, tanto en el otorgamiento como en la ejecución de subsidios de la APE para discapacidad y sida. De rendir cuentas como corresponde, ni hablar. Ocurre que poner el dedo en estas estafas no es ciertamente lo que se espera de un auditor, apenas sostenido en su puesto por un contrato que vence cada seis meses. Si en lugar de convalidar el robo lo denuncia, ni siquiera será preciso despedirlo. Bastará con no renovarle el contrato. Por otro lado, el jefe de los auditores internos es designado por el titular del área, que es a quien debe teóricamente fiscalizar, y está en planta transitoria. “Si descubrimos algo nos echan”, aseguró a Página/12 uno de ellos, aún en actividad, que por tanto pidió reserva de su nombre. Agregó que, para reducir su indefensión, los auditores están moviéndose para conseguir una ley que les dé estabilidad. ¿Servirá de algo mientras la corrupción sea una forma normal de hacer política?
Del informe de Barraza surge que se acordaron subsidios a O.S. no habilitadas para recibirlos. Que en muchos casos la APE no controló en qué usaron el dinero. Que en la mayor parte de los expedientes figuran prestadores no inscriptos en el registro de la Superintendencia, lo cual hace sospechar que son falsos. En ningún expediente se detallan los recursos físicos, humanos y técnicos de los prestadores, pese a que debe consignarse esa información, según las normas. Algunas veces no aparece adjuntada –contra lo expresamente establecido– la conformidad escrita del beneficiario. Y aunque faltase documentación respaldatoria, igual se entregaban los fondos. Más aún: a pesar de que ocurriese lo mismo con la rendición de cuentas, se aconsejaba su aprobación. Faltan, por ejemplo, certificados emitidos por autoridad competente, y de pronto figuran pacientes que no están en el padrón de beneficiarios. Lo más llamativo es que algunas O.S. recibieron subsidios mayores que los que habían solicitado, lo que configuraría administración fraudulenta.
Según abogados oficiales que analizaron estos procederes, las constataciones de Barraza demostrarían que las autoridades de APE no tenían el menor interés en controlar qué se hacía con el dinero de los subsidios. Además, aprobar una rendición de cuentas, a pesar de sus evidentes defectos, habilitaba a la O.S. respectiva a recibir nuevos subsidios. El desmanejo y la impunidad llegaban a tanto que en más de uno de cada tres expedientes investigados ni siquiera se había presentado la rendición de cuentas. A pesar de ello, rara vez la O.S. era intimada a entregarla y casi nunca se exigió la devolución del dinero. De este modo, los subsidios parecían responder al deseo de favorecer a ciertas Obras, malversando así fondos destinados a atender enfermos. El ranking de los favorecidos de esta manera era encabezado, en la muestra investigada, por Empleados de Comercio (Armando Cavalieri), Unión de Personal (Andrés Rodríguez), Choferes de Camiones (Hugo Moyano), Personal Hotelero Gastronómico (Luis Barrionuevo), Ferroviaria (José Pedraza), Trabajadores de Empresas de Electricidad (Oscar Lescano), etcétera.
En un tercio de los expedientes que estudió, Barraza se encontró con que se repetía sospechosamente la letra conque habían sido llenados documentos que no podían proceder de la misma mano, como certificados de discapacidad, historias clínicas, facturas de prestadores, recibos y otros, y además correspondientes a diferentes casos. Esa coincidencia caligráfica fue confirmada por un perito. Distintas personas, con sus correspondientes sellos, coincidían extrañamente en sus trazos. Este descubrimiento llevó a deducir que en algún lugar funcionaba una usina de carpetas apócrifas, aptas para conseguir subsidios. Lo burdo del procedimiento indica, a su vez, que se daba por descontado que ningún funcionario actuaría con celo en el examen de los legajos.
Después de que Cano, superintendente designado por la Alianza, con llegada directa a Fernando de la Rúa, echó a Barraza, por la época en que la Oficina Anticorrupción presentó el caso a la Justicia (octubre de 2001), Rafael Bielsa, entonces titular de la Sindicatura General de la Nación, intercedió por el despedido ante Héctor Lombardo, ministro de Salud, sin eco alguno. Caído De la Rúa, Ginés González García, sucesor de Lombardo, logró que Rubén Torres, nuevo jefe de la SSS, le ofreciera aBarraza pagarle los meses que no cobró, y que se presentase a un concurso para la designación de un síndico. El dinero nunca lo recibió, pero, eso sí, ayer le comunicaron a Salta que el puesto de síndico es suyo, pero con un sueldo de 800 pesos, y de nuevo sin vacaciones ni aguinaldo ni Obra Social. Además, debería costearse una nueva mudanza a Buenos Aires. Barraza, quien fue diputado provincial salteño por el radicalismo entre 1983 y 1987 (pese a lo cual no gestionó ni cobra la correspondiente jubilación de privilegio), que es un especialista en primeros auxilios y que antes de ser legislador fue, a partir de 1977, jefe de servicio de Tocoginecología en el Hospital Vespucio-YPF-Yacimiento Norte, prefiere declinar la generosa oferta.
“Cada uno debe saber elegir”, se lee en un escrito que entrega al cronista, donde se afirma además que “en un país corrupto, decir la verdad es ser un marginal en el modelo de los domesticados”. La página se cierra con otra constatación amarga: “Estamos muriendo por la corrupción.”