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El Fondo Monetario Internacional se niega a firmar un acuerdo con Argentina hasta que no estén resueltas, o al menos encaminadas, la reestructuración del sistema financiero, el programa monetario y haya muestras claras de que las provincias cumplirán las metas fiscales. Parece poco probable que la definición de tantos temas cruciales pueda darse antes del 15 de julio, fecha tope que el Gobierno se había fijado para alcanzar un acuerdo. En el Poder Ejecutivo admiten que habrá que soportar una nueva postergación. La aspiración de máxima en este momento, en que la relación con el FMI es muy tirante, es que el organismo de crédito postergue por seis meses o un año los vencimientos que se vayan produciendo durante las negociaciones. La pregunta que surge dentro del oficialismo es si el Gobierno será capaz de soportar mucho tiempo más sin acuerdo. De allí que se multipliquen las especulaciones de un adelantamiento electoral y comiencen las versiones sobre un posible recambio en el Ministerio de Economía.
El jefe de la misión del FMI, John Thornton, continuó ayer con un trabajo intenso en el Palacio de Hacienda, al mando de un equipo técnico que revisó las cuentas públicas. Otros temas que figuran en su agenda son los vetos a los artículos que preservan algunas figuras de la Ley de Subversión Económica, la aprobación de una ley de inmunidad para los directivos del Banco Central y el rechazo al proyecto de ley que se discute en el Congreso –con media sanción del Senado– para proteger a las empresas de base cultural, como los medios de comunicación. Esta última iniciativa fue impulsada para atemperar los efectos sobre ese sector del cambio a la Ley de Quiebras, pero el FMI se opone a que sea aprobada.
El Gobierno sufrió un gran desgaste político para satisfacer demandas del Fondo que no tenían incidencia sobre los problemas económicos más graves, aunque sí sobre el marco de negocios para muchas empresas –cambios a la Ley de Quiebras– y sobre la situación de los banqueros –derogación de la Ley de Subversión Económica, para garantizarles protección legal–. Las tres demandas citadas en el párrafo anterior se inscriben en la misma lógica. Son temas que entorpecen la negociación y que al Gobierno le hacen sentir que todo el tiempo le corren el arco, sin siquiera acercarse al tratamiento de las dificultades económicas de fondo.
Ahora que el FMI decidió enviar una misión, esas cuestiones estructurales empiezan a emerger. Thornton expuso una visión muy conservadora. El FMI no quiere cerrar un nuevo programa sin que antes el Gobierno desactive las “bombas” que tiene por delante. En Washington saben que la resolución del caso argentino es seguida con atención en el mundo. Y que el FMI se juega su prestigio, bastante maltrecho. Por tanto, les preocupa hacer un papelón sellando un convenio con un país que puede estallar ni bien terminen de ponerse las firmas. Thornton vino con la instrucción de discutir a fondo la política monetaria, la política fiscal y la reestructuración del sistema financiero.
El FMI rechaza el plan que ideó Roberto Lavagna para terminar con el corralito. Hubiera preferido un Plan Bonex compulsivo, porque de ese modo todos los depósitos reprogramados se hubieran transformado en títulos públicos. En cambio, con el programa del ministro de Economía, no se sabrá hasta dentro de un mes cuántos ahorristas escogieron los bonos. Eso dificulta la elaboración del programa monetario, de acuerdo a la visión del organismo de crédito. Si quedan muchos depósitos reprogramados, el Banco Central podría verse obligado a emitir más pesos para asistir con redescuentos a las entidades financieras que se vean obligadas a devolver fondos por amparos o por operaciones con certificados de depósitos (Cedros). Lavagna intenta convencer a Thornton de que es posible manejarse con hipótesis de máxima y de mínima respecto a cuánta gente elegirá los bonos, y en función de ello trazar las proyecciones de emisión. Adosado al tema anterior está la reestructuración del sistema bancario. El FMI sostiene que sin sistema financiero la reactivación es imposible. El Gobierno debería definir cómo piensa crear uno nuevo, y qué hará con los bancos que caigan en el proceso. Una premisa del FMI es “no gastar recursos en bancos inviables”. También reclama un cambio profundo de la banca pública: propicia que el Nación y el Provincia se conviertan en entidades transaccionales, donde los clientes puedan hacer todo tipo de trámites bancarios menos obtener préstamos. Sugiere que actúen como bancos de segundo piso, orientando líneas de crédito a través de entidades privadas. Según el Fondo, estas entidades públicas son fuentes de créditos a políticos y empresarios amigos de los funcionarios.
Finalmente, Thornton reclama que las provincias le muestren en detalle cómo harán para bajar sus déficit fiscales. Y también exige una reelaboración de las pautas presupuestarias para el segundo semestre, que quedaran desactualizadas con los resultados de la primera mitad del año. Todo ello implica que el acuerdo tardará bastante más –si es que llega– de lo que necesita el Gobierno.