Diputados dio sanción ayer el proyecto de ley de quiebras, que permite recuperar el fuero laboral para aquellas causas iniciadas por los trabajadores de las empresas concursadas y ratifica la figura del “pronto pago” de sus acreencias. Este es, tanto a juicio del oficialismo como de la oposición, el aspecto más relevante de una iniciativa especialmente fogoneada por los legisladores de origen sindical y la CGT. El propio Hugo Moyano gestionó ante Néstor Kirchner la sanción de un decreto que permitió incluir el proyecto en extraordinarias y avanzar en su tratamiento. La propuesta vuelve al Senado, su cámara de origen, para que avale los cambios introducidos en la víspera.

En rigor, lo que Diputados hizo fue eliminar los retoques del Senado, dejando intacto el texto girado por el Ejecutivo que, a juicio de los diputados que tuvieron una participación activa en el debate, el recupero del fuero para las causas por despido o accidentes de trabajo resulta una cuestión medular, no sólo por el beneficio que reportaría a los directos interesados, sino porque permitiría agilizar todo el proceso.

Desde la sanción de la ley de quiebras en 1995, ahora modificada, esos trámites fueron concentrados en la Justicia laboral, que acaparó todas las demandas patrimoniales sobre la firma en concurso de acreedores. Según argumentaban ayer legisladores de distintos bandos como el justicialista Héctor Recalde y el radical Miguel Angel Giubergia, esto impuso una sobrecarga que hizo colapsar al fuero y, al mismo tiempo, demoró la resolución de los expedientes.

La ley remozada con los dos tercios de los diputados –y que llegó ayer mismo al Senado con la idea de que fuese tratada por esta cámara prontamente– también ratifica el privilegio que deben tener los trabajadores cuando una empresa concursada siga operando normalmente. Tal como subraya Guibergia, en la práctica normalmente ocurre que el síndico prioriza la asignación de recursos para el pago de insumos o el sueldo de los empleados que continúan en actividad, postergando el saldo de deudas que se hubieren generado con anterioridad al concurso. La nueva ley ratificaría aquella preeminencia, ordenando que al menos el 1 por ciento de los ingresos brutos de la compañía sea destinado a honrar ese compromiso con los trabajadores.

El punto de partida fue un texto enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado, que estuvo a punto de perder estado parlamentario, algo que no ocurrió debido a la activa intervención de los legisladores sindicales.