Aunque eludiendo precisiones, la Secretaría de Transporte confirmó el afán de aumentar la participación estatal en Aerolíneas Argentinas al menos al 5 por ciento que tenía hasta el 2002, antes que los aumentos de capital promovidos por el grupo Marsans a través de procedimientos hoy cuestionados licuaran la porción accionaria en manos del Estado al 1,34 por ciento actual. Este cambio es sólo uno de los varios que están en ciernes sobre el futuro de la compañía, cuya suerte sigue en parte dependiendo de un buscado aporte económico del gobierno español.

Es un hecho firme que Antonio Mata, presidente de Aerolíneas desde octubre del 2001, abandonó ese comando, ahora en manos de Esteban Maccari, gerente de recursos humanos. Pero, al menos por el momento, ese recambio de figuras no entraña el alejamiento inmediato del grupo Marsans, que continuará con fuerte presencia en el directorio de la empresa recibida aquel año de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Para mejorar los números de una compañía concursada y con déficit operativo, el propio gobierno argentino sigue esperanzado en que la Sepi aporte un remanente de 240 millones de euros comprometidos en aquel acuerdo de cesión, y cuyo destino podría ser la cobertura de un eventual déficit de balance. El tema podría formar parte de la agenda oficial del viaje que Néstor Kirchner realizará a España la semana próxima.

Pero ni siquiera esto zanjaría la urticante cuestión planteada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, ante la Justicia local y que también se debate en los tribunales españoles: el desvío de varios cientos de millones de dólares que la estatal Sepi entregó a Marsans para cancelar deudas concursales y que ese grupo privado habría utilizado para comprar esos pasivos con quita, transformándose en dueño y acreedor de Aerolíneas.

Esta subrogación es una de las razones por las cuales Planificación impugnó sistemáticamente los balances de Aerolíneas, problema que para De Vido podría solucionarse si los accionistas privados desembolsaran en un plan de equipamiento el dinero “desviado”. Una solución que quizás no contente a quienes ayer mismo estuvieron analizando el tema en Madrid, donde el Tribunal de Cuentas también objeta el manejo de los fondos estatales aportados a Aerolíneas. Es esta revisión la que hace prever cierta resistencia de la administración de José Rodríguez Zapatero a continuar con el drenaje de recursos hacia la compañía que alguna vez operó directamente el Estado, un aporte que los propios órganos comunitarios podrían objetar como una subvención a una compañía extracontinental.

Mientras, en Buenos Aires, se siguen analizando alternativas para darle viabilidad a la compañía, sobre la base de que el Estado recupere participación y, en lo posible, la acción de oro. Una decisión tomada es la de autorizar una suba de tarifas y subsidios varios, que podrían capitalizarse. Como hipótesis de trabajo, se barajó la variante de que los trabajadores vuelvan a tener el 10 por ciento de las acciones y se integre a la compañía un nuevo socio privado local, si fuera capaz de aportar algo más que el gerenciamiento.