A días de la fecha prevista para el comienzo del juicio oral contra el cura Julio César Grassi por abuso sexual de menores, la trama se pone cada vez más tenebrosa. El joven conocido como “Gabriel”, una de las piezas clave de la acusación contra el religioso, recibió una nueva amenaza de muerte. Según la denuncia presentada ayer en los tribunales de Morón, en la noche del lunes, cuando el testigo protegido y en peligro se disponía a entrar a su domicilio, cuya dirección deberían conocer sólo los custodios dispuestos por la Procuración General bonaerense, encontró una bala calibre 9 milímetros, lista para ser usada, que estaba adherida al picaporte de la puerta de su departamento. “Gabriel” encontró también un casete que tenía registrada una conversación suya, que se suponía secreta, con la fiscal de instrucción del caso, Rita Bustamante, reveló a este diario una fuente vinculada a la causa. La cinta data de 2002. La situación fue admitida por el fiscal general de los tribunales de Morón, Federico Nieva Woodgate, quien eludió identificar al testigo, aunque Página/12 pudo determinar de quién se trata a través de otras fuentes de la causa. Al mismo tiempo, tal como anticipó este diario, los fiscales del juicio recusaron a los miembros del Tribunal Oral 4 de Morón por “ocultamiento de pruebas”. Todo hace suponer que el proceso no comenzará el 3 de julio, como estaba previsto, y es posible que los jueces e incluso algunos de los fiscales sean desplazados del caso.

“Toda esta situación mella la estrategia nuestra en el juicio. Las amenazas que recibe ‘Gabriel’ determinan que no podamos mantener reuniones periódicas y que nuestros contactos tengan que hacerse por teléfono”, le dijo a este diario Eduardo Valdés, el abogado que representa a “Gabriel”. Ayer, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la Procuración General, en la ciudad de La Plata, Nieva Woodgate confirmó que habían recibido una denuncia por amenazas contra un “testigo importante” del caso Grassi. El caso fue derivado a otra jurisdicción judicial, en la que se encuentra la vivienda que ocupaba “Gabriel”. El joven, ante la situación planteada, tuvo que hacer una nueva mudanza. Lejos quedaron los tiempos en que vivía en el barrio porteño de San Cristóbal y en que podía trabajar. “El chico está pasando por una situación difícil, pero de todas maneras yo lo veo más firme que nunca y con mayor convicción. Con sus pocos años, es un orgullo ver que no lo pueden doblegar”, aseguró Valdés.

Nieva Woodgate, que estuvo acompañado por los fiscales del juicio Sandra Míngolo y Alejandro Varela, informó que “a muy pocos días de la audiencia fijada para el debate y en plena actividad de llamar a la gente que debe comparecer en el juicio, hay testigos confundidos, temerosos y en definitiva, con angustia frente a noticias incompletas y muchas veces erróneas que se han publicado sobre el caso”. El fiscal general no dio precisiones sobre las supuestas “noticias incompletas”. Valdés y Juan Pablo Gallego, los abogados que representan a “Gabriel” y a “Ezequiel”, los menores que dicen haber sido abusados por Grassi y que declararon en su contra, estiman que el juicio va a ser postergado.

Además de la recusación contra el Tribunal Oral 4 presentada ayer por los fiscales del juicio, Míngolo, Varela y Carolina Rodríguez, existe una investigación iniciada por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires para revisar la actuación que les cupo a los jueces del Tribunal Oral 4, Pedro Rodríguez, Rodolfo Castañares y Carlos Torti. Los mismos jueces ya fueron acusados por el abogado Gallego por “ocultamiento de prueba”, por haber omitido la incorporación al juicio de una pericia psicológica que establece que la conducta asumida por Grassi, durante un test, se asimila al comportamiento propio de un “delincuente sexual”, tal como informó Página/12 en su edición del sábado pasado.

Además, Gallego había denunciado antes que por orden del presidente del Tribunal Oral 4, Pedro Rodríguez, no se le permitió el acceso a la audiencia preliminar del juicio realizada el 22 de febrero de este año.Esto impidió que el letrado, como querellante en la causa, pudiera solicitar la presencia de testigos de cargo que son considerados clave en la acusación contra el cura Grassi. La fiscal del juicio Sandra Míngolo confirmó ayer que junto con sus colegas recusó a los miembros del Tribunal Oral 4 y que pidió la nulidad de todas las medidas procesales adoptadas a partir de la audiencia del 22 de febrero.

Míngolo explicó que estas medidas fueron solicitadas a la Cámara de Garantías de Morón “porque los jueces emitieron opiniones sobre cuestiones que debían ventilarse en la audiencia del juicio”. La fiscal se refiere a opiniones del juez Pedro Rodríguez realizadas para desacreditar la presentación de la pericia psicólogica que concluye que Grassi “tiene el perfil de un delincuente sexual”. El estudio fue ordenado por un juzgado de Santa Cruz, en otra causa por abuso sexual contra Grassi, en perjuicio de un joven identificado con el nombre supuesto de “Luciano”. Nieva Woodgate apoyó el pedido de recusación por entender que “no se puede seguir adelante con un tribunal que opinó por adelantado”.

La fiscal Míngolo recordó también que el 17 de mayo el Tribunal Oral 4 “autorizó a Grassi a no concurrir a la evaluación psiquiátrica” en el juicio por abuso sexual, a pesar de que se había previsto que “esa importante diligencia se iba a realizar entre los días 12 al 15 de mayo”. Las recusaciones comenzaron a tener respuesta después de que Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo y del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se reunió el jueves pasado con la procuradora general, María del Carmen Falbo. En medio de tanta controversia, se produjo una nueva amenaza contra el testigo “Gabriel”, que se suma a una serie de hechos similares ocurridos desde el comienzo de la causa, en octubre de 2002, cuando el caso tomó estado público a partir de la emisión del programa “Telenoche Investiga”, que se emitió en esos días por el Canal 13 (ver nota aparte).

El testigo en peligro había estado reunido, el lunes por la noche, con su abogado y con uno de los fiscales del caso. El letrado Eduardo Valdés llamó por handy a “Gabriel” cerca de las dos de la mañana del martes, pero no obtuvo ninguna respuesta. Horas después el abogado se enteró de la amenaza recibida. Lo más extraño es que cuenta con protección policial personal a cargo del Programa de Protección a la Víctima, que depende de la Procuración General bonaerense. Las permanentes amenazas recibidas por el testigo protegido hicieron que el sistema de custodia se hiciera cada vez más intenso. “Quedaba solo una vez que entraba a su casa. Es posible que ahora se designe a un custodio para que lo vigile hasta cuando duerme”, adelantó una fuente allegada a la Procuración.