El Gobierno negó que hubiera recibido alguna queja formal por parte del gobierno chileno en virtud de la entrada en vigencia, el martes, del incremento en las retenciones a las exportaciones de gas, del 20 al 45 por ciento. En los últimos dos días, distintos funcionarios de la administración de Michelle Bachelet criticaron en duros términos la resolución que instrumentó la suba del precio del gas exportado a Chile.

Por un lado, la ministra de Energía, Karen Poniachik, dijo que el ajuste de las retenciones “resultaría en un precio en frontera para el gas de entre 4,5 y 4,8 dólares por millón de BTU, inferior a lo que paga Argentina por el gas boliviano, pero superior a lo anunciado por el ministro De Vido”. Una queja en igual sentido expresó el canciller chileno, Alejandro Foxley.

Sin embargo, consultado acerca de si había recibido algún reclamo formal de Chile sobre el tema, ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, respondió con un tajante “no” y evitó hacer más comentarios sobre el asunto.

En declaraciones a la televisión chilena, el ministro de Planificación, Julio De Vido, había dicho que el nuevo precio del gas para Chile “es razonable” y estimó que “el precio final promedio en la frontera con Chile estaría alrededor de 3,70 dólares por millón de BTU, menos de 4 dólares”.