En el Gobierno aseguran que la nueva restricción para exportar carne es un hecho consumado. El objetivo es garantizar la estabilidad de precios en el mercado interno, pero ayer a última hora los principales funcionarios del Ministerio de Economía seguían sin definir los detalles de la medida. La amenaza de un inminente paro agropecuario, que podría definirse hoy, hizo extremar la cautela en los despachos oficiales. La opción que sigue teniendo más chances consiste en restringir los embarques a un máximo de 45 mil toneladas mensuales durante el verano, un 30 por ciento más de lo que se venía exportando hasta ahora, pero la intención es suavizar el anuncio para evitar una rebelión de los productores. Mientras tanto ambas partes continúan negociando.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunió ayer por la mañana con los consignatarios, en un encuentro cargado de tensión, para intentar ponerles freno a las maniobras que vienen llevando adelante los productores con el objeto de esquivar los controles oficiales. Por la tarde visitó a representantes de los frigoríficos con el mismo objetivo, en un encuentro mucho más distendido. Por su parte, en la Sociedad Rural se produjo una reunión entre productores y dirigentes del consorcio exportador ABC para limar asperezas luego de los duros cruces que han venido teniendo en los últimos meses.

Lo que irrita a los productores no es sólo la intervención del gobierno en el mercado sino que el convencimiento de ese avance ha cristalizado un nuevo reparto de la renta en el interior de la cadena en beneficio de los frigoríficos. El conflicto con los ganaderos recrudeció hace diez días cuando los productores acusaron a Moreno de fijar precios de referencia en el Mercado de Liniers. El listado que circuló el 17 de noviembre entre industriales, matarifes y consignatarios estableció un valor de 2,60 pesos para el kilo vivo de los novillos de entre 431 y 460 kilos, un 8,3 por ciento más que los 2,40 pesos fijados el 20 de abril en el primer “acuerdo” que Moreno impulsó luego de ponerse al frente de la negociación con los ganaderos. El límite buscó ponerle un freno al precio del novillo que había llegado a 2,55 pesos, 10 por ciento más que un mes antes.

El control enfureció a productores y consignatarios, quienes a partir de entonces comenzaron a implementar todo tipo de estrategias para intentar sortear los controles. La primera alternativa fue comerciar por fuera de los remates al precio “sugerido” más un diferencial en “negro” de entre 8 y 10 por ciento. Jorge Aguirre Urreta, titular de la cámara que agrupa a los consignatarios, reconoció días después esa práctica y aseguró que se le iba a poner freno “aunque nos quedemos sin hacienda”. Sin embargo, fuentes del sector confirmaron a Página/12 que la venta en negro se sigue realizando.

El otro camino que eligieron los productores consistió en comenzar a vender más hacienda por fuera de Liniers, en operaciones de venta directa con frigoríficos o en las ferias tradicionales que se organizan en el interior, donde las transacciones llegaron a cerrarse hasta un 15 por ciento por encima de los precios de referencia. El incremento de esas operaciones hizo disminuir casi un 50 por ciento el ingreso de animales a Liniers.

Las estrategias llevadas adelante para evitar los controles ofuscaron a Moreno. Por ese motivo ayer se reunió con los consignatarios en un encuentro que incluyó un duro cruce con Ignacio Gómez Alzaga, un ganadero que a su vez es uno de los principales referentes del Mercado de Liniers. En el campo rechazan los controles, pues afirman que ellos fueron los principales perjudicados con el cierre de las exportaciones concretado en marzo, ya que sólo una parte de la caída de precios del mercado mayorista, superior al 20 por ciento cuando alcanzó su piso, se trasladó a los mostradores de las carnicerías. El resto fue a parar a manos de los frigoríficos, que aprovecharon la coyuntura para ampliar su tasa de ganancia.

El Gobierno reconoció la situación ante las entidades en varias reuniones, pero cuando el precio empezó a subir reaccionó controlando precios en Liniers, a lo que se sumarán las nuevas restricciones para exportar. Esa decisión provoca indignación entre las entidades rurales, pues afirman que se terminará beneficiando nuevamente a matarifes y frigoríficos, quienes, al igual que ocurrió luego del cierre decidido en marzo, podrían comprar hacienda a bajo precio y vender al exterior o en el mercado interno sin trasladar toda esa baja. Hasta el momento el Gobierno ha hecho poco para enfrentar a matarifes y frigoríficos. En marzo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había empezado a inspeccionar algunas industrias para analizar sus márgenes de ganancia, pero enseguida se firmó un acuerdo para bajar los precios y las inspecciones se frenaron. Al mes siguiente, Moreno avanzó nuevamente amenazando con la cárcel a quienes no bajaran los precios, pero la embestida quedó en la nada.