El encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Baharvand, hizo ayer una defensa más política que judicial ante el magistrado que está a cargo del caso AMIA, Rodolfo Canicoba Corral. El delegado del gobierno de Teherán reiteró que su país no tuvo nada que ver con el ataque en la mutual judía, pero no se dedicó a refutar, prueba por prueba, el dictamen acusatorio de los fiscales. Rechazó a tres de los testigos que sirvieron de base a la imputación fiscal por ser disidentes buscados –según manifestó– hasta por Estados Unidos, dijo que la reunión en la que supuestamente se decidió el atentado fue un encuentro público de gobierno, difundido en los diarios e Internet, pero no se expidió sobre la mayoría de las evidencias que, de acuerdo a lo que le había dicho Baharvand a Página/12, Irán considera falsas y armadas. Los familiares asistieron a la audiencia, descreyeron de los dichos del diplomático, los evaluaron como “propaganda política” y respaldaron, al igual que la AMIA y la DAIA, la acusación contra Irán. El gobierno de Teherán, al menos hasta anoche, mantenía su postura de no presentarse oficialmente en la causa, por lo cual el juez Canicoba Corral pediría hoy la designación de un defensor oficial que represente a los iraníes.

Baharvand repitió una y otra vez frases del estilo de “mi país no tuvo nada que ver con el atentado”, “la acusación en contra nuestra es inaceptable y constituye un insulto”, “les aseguro que el gobierno de Irán, ni ninguna autoridad de nuestro país tuvo nada que ver con la AMIA”, “señor juez, usted tiene que ubicar a los responsables reales”, y otras similares en las que rechazó las acusaciones de los fiscales.

Desde el punto de vista de la lógica judicial, Baharvand hizo hincapié en que “los dos testigos en los que se basa el dictamen de los fiscales son los opositores iraníes Hamid Reza Eshaghi y Maoud Tayebi, dos miembros de la organización de Mujaidines del Pueblo, exiliados en Europa, y considerados por Estados Unidos como los dos más peligrosos terroristas de Medio Oriente. Y sus dichos han sido convalidados por un jefe de ellos, Homammad Mohaddessin, el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de los Mujaidines del Pueblo, una secta que está ideológicamente entre el marxismo y el Islam. Traiga a esos testigos y sométalos a un careo”, le reclamó el diplomático a Canicoba Corral.

Más allá de esa defensa general, Baharvand no se refirió –como lo hizo en una entrevista publicada por este diario– a la mayoría de las pruebas concretas que figuran en el dictamen de Nisman y Martínez Burgos: el aumento en los correos diplomáticos en las semanas previas al atentado, el hecho de que se hayan ausentado del Cono Sur los embajadores iraníes justo en los días en los que se produjo el ataque, una foto del ex agregado cultural Mohsen Rabbani, preguntando precio por una Trafic, una llamada de 26 segundos realizada por Rabbani desde el barrio y a la hora en la que se estacionó la camioneta, como si estuviera supervisando esa maniobra, el entramado de llamadas entre un celular de la Triple Frontera, un locutorio cercano a la mezquita Al Tauid, un locutorio del centro de Buenos Aires y varios números del Líbano que corresponden –según los servicios de inteligencia– a oficinas y hombres de la organización pro-iraní Hezbolá. A esas evidencias Baharvand no hizo alusión y sólo dijo que las pruebas ya naufragaron cuando fueron sometidas a la Justicia de Londres cuando en esa ciudad fue apresado el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour.

“Esto fue un acto de cinismo –analizó Pablo Jacoby, abogado de los familiares agrupados en Memoria Activa–. Me causó perplejidad escucharlo. Fue un descargo y así lo vivieron los familiares. No hizo ninguna presentación seria.” “Si no fue Irán, como alegó el encargado de negocios, hay más razón todavía para que los ex funcionarios se presenten a la Justicia e intenten probar su inocencia”, coincidieron Adriana Reisfeld de Memoria Activa y Luis Czyzewski, de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA. Ambos dirigentes les dieron poca, casi nula, credibilidad a las palabras de Baharvand.

Hasta anoche, el encargado de negocios de Irán no había dejado trascender cuáles serán los próximos pasos que dará el gobierno de Teherán respecto de la causa AMIA. En Tribunales señalan que lo óptimo sería que los iraníes designaran un abogado que los representara y empezaran a actuar en el expediente. Hasta ahora no lo han hecho, argumentando que todo el caso está manipulado por Estados Unidos e Israel, pero la visita de ayer de Baharvand a Comodoro Py deja una puerta entreabierta. Por de pronto, tal como anticipó Página/12, el juez Canicoba Corral le pedirá hoy mismo a la Defensoría Oficial que designe un defensor que represente a los iraníes cuya captura fue pedida por el juzgado. En el juicio oral del caso AMIA los defensores oficiales tuvieron un papel protagónico y en su momento, junto a los defensores particulares y algunos de los querellantes, lograron demoler la acusación edificada por el ex juez Juan José Galeano y las fuerzas de seguridad e inteligencia de la época menemista.