La ministra de Economía, Felisa Miceli, se apresuró ayer a desautorizar al subsecretario de Defensa del Consumidor, José Luis López, quien, como informó Página/12, impulsaba la creación de un “sello de calidad para inmuebles” nuevos y usados con el objetivo de que “el comprador sepa exactamente qué esta comprando”. “No está en estudio ningún sello de calidad para los inmuebles”, se limitó a declarar un vocero de la ministra a la agencia Télam. Según pudo saber este diario, a la ministra el preocupa el impacto que la medida pueda tener sobre el mercado inmobiliario, golpeado en las últimas semanas por otros proyectos de la AFIP, que busca a su vez limitar las operaciones en negro.

La iniciativa del “sello de calidad” figura en el documento oficial presentado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor como uno de los proyectos prioritarios para el 2007. El organismo formó un equipo que viene trabajando en el tema desde hace tres meses, tiempo en el que se consultó a consejos profesionales de arquitectos, ingenieros y universidades.

Según el proyecto, la calificación de los inmuebles se realizaría en base a tres variables: seguridad en instalación eléctrica, de gas y agua; condiciones estructurales; y un indicador de performance vinculado a las condiciones de vida en el inmueble (cercanía de medios de transporte, luminosidad, etc.).

Tomando esos tres parámetros surgiría una calificación que debería difundirse al momento de la puesta en venta del inmueble. La idea, tal como explican en la propia subsecretaría, es “transparentar la información en el mercado inmobiliario, para que el comprador no tenga que incurrir después en gastos por cosas que ocultó el vendedor”. Y surgió a partir de las denuncias que recibe el organismo de gente que se siente estafada al comprar un inmueble. “Sobre todo en el caso de los que comprar una primera vivienda, en general a través de un crédito hipotecario”, aclaran los funcionarios.

Cuando la ministra se enteró de la publicación de la noticia, un funcionario de Economía llamó al subsecretario López para reprocharle la filtración. Y le trasmitió el enojo de Miceli, quien no desea agitar más las aguas en el mercado inmobiliario y de la construcción, vedette del crecimiento económico. La orden de Miceli fue clara: no sale nada de Economía sin que ella lo consulte antes con el presidente Kirchner.