Es inusual que una iniciativa parlamentaria tenga el respaldo unánime de la Cámara. La reforma previsional que garantiza la libertad de opción entre el sistema de jubilación privada de las AFJP y la estatal de reparto fue votada ayer por los 58 senadores presentes. Con sus matices, todos los bloques coincidieron en impulsar una norma que permite la convivencia de dos sistemas jubilatorios. Aunque no representa un cambio copernicano, el proyecto remite al modelo de los ’90. Por eso no faltaron las críticas a los fantasmas de aquella década, como Domingo Felipe Cavallo, o a José Luis Machinea, por el recorte del 13 por ciento a las jubilaciones, firmado durante el gobierno de la Alianza. Muchos de los que hoy defendieron la nueva norma son los mismos que en aquellos años votaron con las dos manos la creación de las AFJP.

“Hay muchos legisladores que hemos votado la ley de capitalización pensando que se hacía una reforma positiva para el país. También hubo quienes votaron convencidos el descuento del 13 por ciento a los jubilados”, señaló el titular del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto. No eran pocos los legisladores que, al igual que Pichetto, habían acompañado con su voto las políticas menemistas de los ’90. Sin embargo, la sinceridad del rionegrino no es un dato que suele ser imitado por sus colegas. Era el cierre del debate. Pichetto recogió un guante que ningún bloque opositor había tirado al ruedo pero que estaba a la vista de cualquier observador. “Es cierto que había antecedentes parlamentarios parecidos. Lo cierto es que para llevar adelante una iniciativa como esta es necesario contar con un gobierno que la respalde”, señaló Pichetto, al relativizar algunas intervenciones que recordaban que en el 2002 los diputados habían votado un proyecto de la diputada del ARI, María América González, que nunca fue tratada por los senadores.

Debajo del estrado, los principales funcionarios del gabinete seguían atentamente el debate. La pluma del titular de la Anses, Sergio Massa, había estado en cada detalle. Incluso en las negociaciones que habían precedido al debate. Entre ellas el artículo que garantiza que los mayores excedentes que se recaudarán por el traspaso de aportantes del sistema de capitalización al de reparto, sólo podrán destinarse a las jubilaciones. Artículo propuesto precisamente por el radical jujeño Gerardo Morales. Precisamente cuando Morales expresaba su acompañamiento al proyecto del Ejecutivo, ingresó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Fuera de todo protocolo, Tomada cruzó el recinto con su mejor sonrisa para saludar con un beso a la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, que había llegado unos minutos antes. El titular de la Superintendencia de las AFJP, Juan González Gaviola, fue otro de los que dijo presente en el recinto del Senado.

La sesión comenzó con la defensa del proyecto por parte del chaqueño Jorge Capitanich. En su exposición señaló que el objetivo de la ley es “maximizar el ejercicio de la opción, mejorar la tasa de sustitución y garantizar un haber jubilatorio mínimo para todos los que ingresen al sistema, así como fortalecer el sistema previsional con el objetivo de que nuestros jubilados estén mejor en el futuro”. Detalló que la norma incluye un modelo de inversión de los fondos a través de “plazos fijos en el Banco Nación, letras o títulos del Banco Central y letras de la Tesorería”. Este punto fue cuestionado por el radicalismo, aunque, claro, no alcanzó para teñir el respaldo general de la UCR a la norma. Capitanich también cuestionó a los economistas que criticaron el proyecto. Aunque no dio nombres, ni apellidos, no dudó en señalarlos como “supinos ignorantes”, ya que “no supieron establecer las proyecciones econométricas correspondientes”, cuando analizaron la ley.

El radicalismo entregó su respaldo e incluso reclamó la “autarquía” para la Anses, algo que el oficialismo no tenía en sus planes discutir. El salteño del Partido Renovador, Ricardo Gómez Diez, comentó que los indecisos que ingresaban al sistema y que eran derivados a las AFJP les permitieron a las administradoras de los fondos de pensión recaudar unos 634 millones de pesos en el 2006. A partir de la reforma, los indecisos serán inscriptos en el régimen de reparto. Evalúo que por este concepto el Estado percibirá durante el 2007 más de 900 millones de pesos. Todos apoyaron la medida. Hubo un gran ausente, Carlos Menem. Esto no fue un obstáculo para que muchos ex menemistas apoyaran la reforma previsional. Hoy un plenario de Diputados intentará firmar un dictamen favorable para poder convertirla en ley antes de fin de mes, cuando finaliza el período extraordinario de sesiones.