Los legisladores del oficialismo llevaban más de una hora en sus bancas cuando el tablero marcó que había 129 presentes. En ese mismo momento, las luces rojas destacaron la palabra quórum. Parado en medio del pasillo, Eduardo Lorenzo, Borocotó, departía con Rafael Bielsa y Edgardo Depetri, cuando los aplausos de los diputados del oficialismo ahuyentaban la posibilidad de un nuevo fracaso. La presencia de los radicales y de los diputados del peronismo duhaldista garantizó el comienzo de la sesión en la que se aprobó el marco regulatorio de la empresa AYSA. Algo que había quedado inconcluso en la última sesión del 2006. Tan sólo faltaba la votación, el debate se había concretado en diciembre. Después de unas pocas palabras, 133 diputados avalaron el nuevo marco regulador y la agencia de planificación, que estarán bajo la órbita del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En contra votaron 75 diputados.

La creación del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) en lugar del fenecido Etoss se había aprobado en la Cámara alta el 14 de diciembre. Con ese impulso, a pocos días del fin de año, el oficialismo intentó conseguir el respaldo de la Cámara baja. Algunas fiebres y un acto de Néstor Kirchner en Moreno complotaron contra los números del bloque mayoritario. Ayer, luego de transpirar durante algunas horas, el santafesino Agustín Rossi tuvo su revancha.

El titular de la Comisión de Obras Públicas, el kirchnerista Edgardo Depetri, repitió los argumentos de la última sesión. Defendió el proyecto y destacó que se trataba de “garantizar el agua como un derecho humano fundamental”. El dirigente de la CTA no abundó en los aspectos puntuales de la iniciativa. Le bastó repasar los grandes trazos para destacar que para el oficialismo “los servicios públicos no deben ser considerados una mercancía más”. Puso el acento en que se votaba una ley que garantiza una fuerte presencia del Estado en la inversión y en el control. Dos roles que a veces se dan de patadas y que la diputada del ARI, María América González, se encargó de subrayar.

Para la legisladora, en el marco regulatorio de AYSA, “el derecho humano es una deuda. Es un derecho De Vido, con ve corta y separado”. Se detuvo en un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales. Destacó que el trabajo concluía que “en muchos puntos significa un retroceso en la transparencia”. Así fue que sostuvo que “para garantizar el derecho al agua, es necesario que los costos sean accesibles”.

Los titulares de los distintos bloques no abundaron en sus argumentos. Se limitaron a expresar la posición de sus bancadas. Los rechazos eran abucheados por los trabajadores que en algún momento supieron estar encuadrados en el régimen de la ex empresa estatal Obras Sanitarias y que seguían el debate desde las bandejas del tercer piso de Diputados. La votación fue un trámite acompañado por los aplausos. Para el oficialismo fue una prueba superada.