Naciones Unidas, la Comisión Económica para América latina y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, el viernes de paso por Buenos Aires, emitieron en los últimos días declaraciones que contrastan por su moderación con el entusiasmo desenfrenado e incondicional que en muchos ámbitos se manifiesta a favor del desarrollo de los biocombustibles. A diferencia del rechazo absoluto que declaman los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, las dos organizaciones internacionales y el líder demócrata señalaron las oportunidades, pero también advirtieron que los riesgos que el etanol y el biodiésel conllevan para el abastecimiento alimentario y el medio ambiente pueden resultar en daños mayores que los beneficios.

El martes pasado Naciones Unidas difundió un documento titulado Energía sostenible: un marco para la toma de decisiones, que sostiene que “el rápido crecimiento de la bioenergía ofrece muchas oportunidades pero también implica peligros y concesiones”. El estudio elaborado por ONU-Energía, un grupo compuesto por todas las agencias del organismo que trabajan en el campo de la energía y que fue coordinado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), agrega que “a menos que se establezcan políticas para la protección de espacios amenazados, se garantice un uso socialmente aceptable de la tierra y se desarrolle la bioenergía de una forma sostenible, el daño social y medioambiental puede en algunos casos superar los beneficios”.

Dado que los dos insumos más usados hasta el momento para producir el etanol que se mezcla con la nafta son la caña de azúcar y el maíz, y que la materia prima más usada para el biodiésel que se mezcla con el gas oil es la soja, el explosivo desarrollo mundial de estos combustibles ha desatado un debate que coloca como disyuntiva el uso de la tierra para alimentos o para energía. Al respecto, el documento citado observa que pueden verse amenazados el abastecimiento pero también “el acceso a los alimentos por el aumento de precios a causa de una mayor demanda de materias primas, empeorando la situación de la población que sufre pobreza e inseguridad alimentaria”.

Tan intenso es el movimiento que hay alrededor de este tema, en particular desde que el petróleo trepó hasta los niveles de los últimos dos años, que un día antes del mencionado trabajo se conoció otro donde también intervino la FAO pero esta vez juntamente con la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sobre las “oportunidades y riesgos de la bioenergía para la seguridad alimentaria en la región”. Cabe tener en cuenta que Brasil es uno de los líderes mundiales en etanol (básicamente a partir de caña de azúcar) y que la Argentina tiene potencial para convertirse en importante productor de etanol sobre la base de caña o maíz, y de biodiésel a partir de su enorme producción sojera.

En particular, el año pasado la Argentina promulgó una ley que promueve e incentiva con subsidios la producción de biocombustibles y establece que a partir de 2010 las naftas y el gas oil deberán contener un mínimo de 5 por ciento de etanol y biodiésel, respectivamente.

Además de pasar revista por las oportunidades y riesgos ya señalados, el informe de Cepal-FAO tiene de original que introduce en el análisis los distintos modos de producción posibles y sus consecuentes impactos diferenciales en términos de equidad social, una dimensión que por ahora está bastante ausente en el debate local. Afirma el trabajo que “los programas de bioenergía podrían representar una gran oportunidad si pudieran ser focalizados hacia los pequeños productores con poca capacidad para acceder a los mercados para la venta de sus productos, y con la creación de un nuevo mercado y compras garantizadas por parte del Gobierno para que esos productores tengan un ingreso estable y programado”. Pone como ejemplo experiencias en Brasil, donde se estimuló la organización de miles de pequeños productores en el Nordeste que sirvieron para dinamizar la región y mejorar sus ingresos.

No pareciera ser ese el modelo en incipiente desarrollo en la Argentina, que más bien está siendo protagonizado por grandes inversiones de grupos locales o multinacionales, que agudizarán la concentración productiva y la apropiación desigual de la renta del negocio. Sería oportuno que las autoridades con injerencia en el tema tomen en cuenta el siguiente razonamiento y recomendación. Dice el informe que “el aumento en el precio de los cultivos que trae aparejado la mayor demanda para bioenergía podría representar una transferencia de ingreso de los consumidores hacia los productores, y de las zonas urbanas hacia las rurales, y este efecto podría estar alineado con el objetivo de algunos países de fortalecer el ingreso de las zonas rurales”. ¿Es ese un objetivo del gobierno argentino? ¿Tiene el país una estructura poblacional y una forma de tenencia de la tierra apropiadas para que una redistribución a favor del campo mejore la equidad social, o acaso no resultaría al revés teniendo en cuenta la escasa población rural y el manejo de la tierra por medianas o grandes propiedades?

Recomienda el informe “preparar un marco analítico que tenga en cuenta la diversidad de situaciones y necesidades específicas de los países”, y entrando en detalle aconseja elaborar “un ordenamiento territorial que determine la zonificación agro-ecológica, indicando qué tierras son disponibles para los cultivos energéticos, que ordene los incentivos y que establezca penalidades”. Se manifiesta también a favor de políticas tecnológicas que sean accesibles a los pequeños agricultores y orientadas a tecnologías de pequeña escala, y de “políticas de regulación de los mercados de productos y servicios”.

Por lo que se conoce, ni en la Secretaría de Agricultura, ni en la de Energía, ni en la de Industria, ni en la de Medio Ambiente, hay gente trabajando en estas definiciones, ni tampoco se sabe de algún equipo oficial multidisciplinario encargado de perfilar un desarrollo que por el momento ha quedado en manos exclusivas del cincel privado.