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El reemplazo de Pedro Solbes por Elena Salgado en el Ministerio de Economía español alentó la esperanza de que se destrabe el acuerdo entre el Estado argentino y Airbus para la compra de una treintena de aviones para Aerolíneas Argentinas y Austral, que sólo puede concretarse si el Estado ibérico colabora para financiar parte de la operación. La rotunda negativa del ministro saliente y otros funcionarios a que el fisco hispano garantice esa transacción a favor de la Argentina la había dejado en vía muerta, abortando con ello la posibilidad de equipar relativamente rápido a las empresas reestatizadas y sellar, subsidiariamente, un convenio con Marsans que permita coronar la estatización con un convenio amistoso.

El demorado acuerdo con la europea Airbus para comprar alrededor de 30 aviones es una herencia de Air Comet-Marsans, la empresa que operó Aerolíneas desde octubre del 2001 hasta julio del año pasado. El grupo español había suscripto ese convenio con la fabricante hace cerca de tres años, con la idea de comprar unos setenta aviones que luego distribuiría entre sus varias líneas aéreas: Air Comet, Spanair y, naturalmente, Aerolíneas y Austral.

Reestatización mediante –y con sus otros negocios muy resentidos–, Marsans encontró el argumento perfecto para transferirle la orden de compra al Estado argentino y recuperar la seña aportada en el inicio de esa gestión. Aerolíneas aceptó la transferencia tentada por algunas presuntas ventajas. La línea de bandera podría incorporar aeronaves relativamente pronto, evitando las demoras que implica empezar de cero un acuerdo con un nuevo proveedor. Además, eludiría cualquier reclamo de Marsans, que se contentaría con recuperar lo desembolsado a favor de Airbus y, según promete, no impulsaría ante el Ciadi juicio alguno contra el Estado argentino por haberle expropiado las líneas aéreas.

El problema que surgió de inmediato es con qué dinero se le podría pagar a Airbus. La operación demandaría unos 2500 millones de dólares y el desembolso de más de 600 millones antes de fin de año. Sin embargo, el presupuesto aprobado de Aerolíneas la autoriza a endeudarse en 100 millones durante 2009.

La gestión de gobierno a gobierno alumbró una fórmula: el Estado español avalaría un crédito bancario por entre 300 y 500 millones de dólaress. Aunque Rodríguez Zapatero dio el guiño para ese aval, el trámite quedó trabado en otras instancias del gobierno, donde algunos funcionarios, empezando por Solbes, consideraron políticamente inviable prestarle a un país que expropió la empresa de Gerardo Días Ferrán, encumbrado dirigente empresario. Ahora, la salida de Solbes facilitaría que la operación se reactive y Aerolíneas finalmente cierre su acuerdo con Airbus.