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La Conferencia Mundial de Gas concluirá hoy en un buen clima para las empresas que operan en el mercado doméstico, sea como productoras, transportistas o distribuidoras, ya que en todos los casos hay una recomposición de precios en marcha que terminará de concretarse en los próximos meses. Esta aspiración patronal tiene eco en el Gobierno, con una salvedad: aún no está totalmente decidido quién pagará esa secuencia de ajustes en ciernes ni los tiempos precisos para aplicarla.

“¿Cuánto aumentó la leche o la indumentaria desde la devaluación hasta ahora?... Era hora de que se aceptara que los servicios públicos también tienen que tener un precio relacionado con su costo de producción”, sentenció ayer una fuente de una empresa distribuidora con llegada preferencial a los despachos oficiales. Pero no es la única que ve la luz al final de lo que hasta ahora las privatizadas describían como un túnel.

Que haya fracasado la sesión especial del miércoles que propició la oposición en el Congreso para bloquear el cargo sobre los usuarios domiciliarios del gas es en principio una buena noticia, no sólo para el Gobierno, que ganó oxígeno para sostener su estrategia, sino básicamente para las petroleras, que tienen garantizado el financiamiento de la mejora pactada discretamente con el Gobierno.

Según el convenio entre Planificación y las empresas, ese valor irá trepando paulatinamente hasta los 2,70 dólares el millón de BTU en el cortísimo plazo (la idea original era fin de año), como una primera etapa. Después, con el apoyo de las provincias productoras y de los sindicatos del sector ese valor podría acercarse a los 5 dólares en dos años. Ese es el precio que hoy pueden conseguir las empresas enmarcadas en el programa Gas Plus: todo el carburante “nuevo”, producto de hallazgos o del recupero de residuos en pozos declinantes, se remunera de ese modo. Ese es el valor que se le paga a Bolivia y está muy por debajo de lo que cuesta importar a través de buques.

Para las distribuidoras, que sólo ven pasar la recaudación del cargo camino a las arcas públicas, el panorama también es alentador. Lideradas por Metrogas, lograron filtrar en el Parlamento una propuesta de nuevo esquema tarifario sustituto de ese cargo, que hoy sólo pagan los usuarios que consumen más de 1000 metros cúbicos al año. La iniciativa empresaria postula ajustar el cargo fijo que abonan todos los consumidores, sin discriminación. La idea es aumentar menos pero a todos, con un propósito adicional: que parte de esa suba quede en las propias distribuidoras para mejorar su margen. La idea comenzó a prender en el Congreso, aunque por ahora es sólo una hipótesis de trabajo.

Finalmente, el secretario de Energía, Daniel Cameron, infundió un ánimo mayor a las empresas días atrás cuando al explicar el presupuesto del área para el 2010 ante los legisladores aseguró que en enero estarán listas las revisiones tarifarias integrales, que comenzaron a hacerse poco después de declarada la Emergencia Económica. Las demoradas RTI –que también se concretarán para la electricidad– necesariamente entraña incrementos para todas las categorías de usuarios, ya que el principio orientador es que reflejen los costos de producir ese servicio público. Es decir, a principios del año próximo no sólo se aplicaría una suba generalizada sino que comenzarían a regir criterios para automatizar los futuros ajustes.

La movida difícilmente deje atrás a las transportistas. Tuvieron un incremento anunciado hace casi un año, pero frenado por cuestiones regulatorias y operativas. Al mismo tiempo, redujeron o suprimieron sus exportaciones por indicación del Gobierno, lo que les impidió cobrar en dólares. La estrategia oficial, proclive a mejorar la ecuación de las energéticas, les abre una esperanza.

El controvertido cargo sobre el gas es sólo una avanzada para “sincerar” los precios del sector, según dicen las empresas. El dilema es de qué modo hacerlo. En qué tiempo y con qué reparto de cargas: cuánto pagarán los usuarios y cuánto quedará reservado al Estado, que podría seguir subsidiando aunque sea una parte de los precios finales.