“Lo que en la Argentina era un vacío legal dejará de serlo”, dijo ayer la fiscal Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva del Comité Científico Asesor de la Jefatura de Gabinete en materia de drogas, narcotráfico y criminalidad compleja. Se refería a la batería de medidas que el Ejecutivo está instrumentando en estos días, consecuencia del fallo de la Corte Suprema que despenalizó la tenencia de drogas para uso personal. El proyecto de ley de control de medicamentos, y de abuso de alcohol, con media sanción; un anteproyecto que promueva la inmediata incautación de los recursos de las organizaciones criminales, antes de que la sentencia quede firme; la creación de un protocolo para que los hospitales atiendan a pacientes con intoxicaciones de sustancias legales o ilegales, y colocar al Cenareso como lugar rector en la materia. Cuñarro hizo el anuncio al presentar un balance de un año de trabajo interministerial sobre el tema, junto a los ministros de Educación y de Justicia, Alberto Sileoni y Julio Alak, y funcionarios de las carteras de Salud, Trabajo y Desarrollo Social.

La presentación se hizo a un año de las Primeras Jornadas sobre Políticas Públicas en Materia de Drogas, que se llevaron a cabo en octubre de 2008, organizadas por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Aquel encuentro fue el puntapié inicial de un trabajo interministerial impulsado por Aníbal Fernández, desde que era ministro de Justicia. Las conclusiones de esas tareas quedaron plasmadas en una publicación, titulada “Conclusiones de las Primeras Jornadas...”, también presentada ayer.

El acto, que se llevó a cabo también en el Colegio de Abogados, tuvo una doble trascendencia: no sólo reunió a los integrantes del Comité Asesor que dirige Cuñarro y a representantes de cinco ministerios, sino que se hizo ante una concurrencia de notables, entre ellos la defensora general, Stella Maris Martínez; la procuradora de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo; la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini; la coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, Eva Giberti; las diputadas Margarita Stolbizer y Graciela Giannettasio, además de jueces y fiscales de distintos fueros.

En su exposición, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, vinculó las propuestas que su cartera formulará en el Consejo Federal de Educación sobre el tema de adicciones a drogas legales e ilegales con la reforma de la escuela secundaria que se pondrá en marcha en 2010: “A los jóvenes hay que escucharlos más. Y tener en cuenta que ellos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos”. Sileoni dejó en claro que “el camino de atar a la droga con la muerte no funcionó: como contrapartida, la escuela tiene que impulsar la idea de que la vida es deseable. Los docentes deben trabajar con información seria, veraz y científica”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, hizo hincapié en el fracaso del paradigma vigente hasta ahora: el de las políticas represivas que apuntan hacia el eslabón más débil de la cadena, el consumidor. “Es necesario un debate de un nuevo paradigma y rectificar el rumbo seguido”, dijo, y puso como ejemplo que “la inversión en salud no ha sido equivalente a la destinada a la represión”. Luego, explicó que el ministerio trabaja en tres líneas de acción: “El intercambio de información con jueces y fiscales; promover leyes que agilicen la incautación de bienes de las organizaciones criminales y establecer un protocolo regional para el abordaje del problema”.

Paola Vessvessian, secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, expuso el trabajo que se realiza desde esa área del Ministerio de Desarrollo Social: “Se trata de un trabajo territorial, en conjunto con los actores locales de cada provincia, con los organismos sociales, en especial con las madres en lucha para evitar que los adolescentes caigan en las redes” de las adicciones.

En tanto, desde el Ministerio de Salud, el secretario de Políticas, Regulación e Institutos, Fernando Avellaneda, manifestó que se está trabajando en la creación de “una red de asistencia directa a los pacientes con uso abusivo de drogas legales e ilegales”. También destacó el trabajo de la Anmat, en conjunto con la Justicia, para la detección de precursores” y enfatizó en la necesitad de fortalecer al Cenareso “como entidad de capacitación de los equipos de salud, además de su rol en la atención directa de pacientes”.

Por último, Alvaro Ruiz, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, detalló el trabajo que se viene haciendo con sindicatos y empresas “con el objetivo de incorporar a las Convenciones Colectivas de Trabajo cláusulas específicas sobre adicciones”. “Existe un alto compromiso entre gremios y empresas: estamos capacitando a delegados y a empleados de personal en esta materia”, anunció.

En el cierre del encuentro, Cuñarro comparó el fallo que declaró inconstitucional el artículo de la ley de drogas que penaliza la tenencia para consumo personal (caso Arriola, del 25 de agosto último), con el del caso Bazterrica, pronunciado por la misma Corte –con otra composición– en 1986. “El fallo del caso Arriola toma muchos elementos de aquél, pero incorpora elementos novedosos, como los tratados de derechos humanos y el derecho a la salud”, argumentó la fiscal.

Para Cuñarro, el fallo de la Corte y las medidas que, a partir de las recomendaciones de la sentencia, impulsa el Ejecutivo, terminan con las políticas represivas que se implementan en la región desde 1988, a excepción de Uruguay. Anunció que en quince días “se elevará el plan con los puntos específicos para la atención de casos en hospitales nacionales y provinciales”. En ese sentido, destacó la metodología implementada en la década del ’80 por el entonces ministro de Salud bonaerense Floreal Ferrara. Y rescató la iniciativa que presentó Raúl Alfonsín durante su presidencia, cuando creó la Comisión Nacional de Drogas, una iniciativa que quedó trunca por las políticas oficiales que se implementaron luego.

“En estos años, se ha multiplicado un problema sanitario que Argentina no tenía”, concluyó.