Ciro Gerardo James –detenido en la causa por espionaje al dirigente de Familiares y Amigos de la AMIA Sergio Burstein– trabajaba en el gobierno porteño. El juez Norberto Oyarbide ordenó allanar su casa, donde se encontró un contrato con el Ministerio de Educación porteño y equipos de escuchas telefónicas que no tendrían registro. En tanto, el vicejefe a cargo de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, respondió un oficio del magistrado, en el que reconoció que James se había presentado para la policía porteña y que “el trámite estaba en etapa de preselección”. Por su parte, el legislador de Diálogo por Buenos Aires Aníbal Ibarra denunció que no era un postulante, sino que iba a ser designado “en una dirección general de la Metropolitana”. “Eso es mentira. Es el mismo expediente que se hace con cualquier otro ex policía que se presenta en la Metropolitana”, aseguró el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro. La oposición porteña volvió a pedir su cabeza.

James fue detenido en la causa en la que se investigan el espionaje a Burstein –uno de los familiares que planteó públicamente su oposición a la designación de Jorge “Fino” Palacios en el aniversario del atentado a la mutual judía– y al empresario Carlos Avila. Las escuchas fueron ordenadas por un juzgado de Misiones y James sería quien involucró a los espiados y el que retiraba los casetes. Oyarbide detuvo de dos jefes policiales de Misiones, que fueron separados preventivamente de sus cargos y serán trasladados a Buenos Aires para que los indague (ver nota aparte).

Además, el juez dispuso allanar la casa de James. Allí secuestraron una copia del contrato con el Ministerio de Educación porteño, donde trabajaba en “una auditoria interna sobre docentes y no docentes”. El contrato era por 57 mil pesos al año. También hallaron tres maletines que sirven para hacer filmaciones ocultas, “pinchar” teléfonos y analizar líneas telefónicas, respectivamente. Los equipos no estarían registrados ni autorizados, por lo que serían ilegales. Además, incautaron dos computadoras a las que les habían sacado los discos rígidos.

Por el contrato, Oyarbide citó a declarar al director de Personal porteño, Carlos Lelio. En el Ministerio de Educación admitieron que James estuvo contratado como abogado desde mayo de 2008 hasta la semana pasada en la unidad de auditoría interna, que dirige Roberto Ayub. Cuando renunció, James les dijo a sus superiores que iba a trabajar a la Metropolitana. Luego de que se conoció que James tenía ese contrato, el ministro de Educación, Mariano Narodowski, llamó a Burstein y al titular de UTE-CTERA, Eduardo López, para aclararles que no tenía conocimiento de esto y que James no realizó ningún tipo de tareas de espionaje sobre los docentes. Dirigentes del gremio le respondieron públicamente (ver recuadro), mientras que el secretario general de AMIA, Julio Schlosser, sostuvo que “James es un abogado que trabaja para la Ciudad de Buenos Aires” y reclamó “una investigación a fondo, porque estos hechos sólo crean confusión en un marco de la sociedad que quiere vivir en paz”.

Polémica Metropolitana

En tanto, Chamorro –que se encuentra a cargo desde la renuncia de Palacios– respondió por escrito un oficio del juez. Allí admitió que “James inició el trámite para su ingreso a esta Policía Metropolitana encontrándose su trámite en la etapa de preselección, por la que pasaron más de 1800 aspirantes con experiencia policial”. Chamorro sostuvo que él es el encargado de enviar los candidatos a Montenegro y que no le había informado, ni propuesto a James. Le adjuntó el legajo del “aspirante”. Como informó Página/12, James aseguró a Oyarbide en su declaración indagatoria que su ingreso a la Metropolitana había sido gestionado por Palacios y que iba a asumir el viernes pasado.

“El gobierno dice que James inició el trámite como miles de personas. Es mentira. Se entrevistó con el Fino Palacios en su despacho cuando era jefe de Policía y con Chamorro también en su despacho cuando quedó a cargo de la fuerza y luego fue a legales a iniciar el trámite”, sostuvo Ibarra, en una conferencia de prensa que dio junto los legisladores de su bloque Gabriela Alegre, Raúl Puy, Eduardo Epszteyn y la legisladora electa María Elena Naddeo.

Ibarra planteó que “James estaba contratado en Educación desde el 10 de diciembre de 2007” y dejó ese puesto porque iba a ser nombrado a cargo de una dirección general de la Policía Metropolitana. Aseguró que el trámite de designación se inició el 23 de septiembre y se detuvo en Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ya que James tenía otro cargo en Educación y no podía cobrar esos dos sueldos. Según Ibarra, James renunció el 1° de octubre para poder asumir el cargo en la Metropolitana. “Fue el propio gobierno de Macri quien inició el expediente para que James pase a la policía, por lo que no podía desconocer esto”, afirmó el ex jefe de Gobierno. En el Ministerio de Hacienda no pudieron confirmar ni desmentir la existencia de ese expediente. Montenegro lo negó terminantemente.

“Montenegro miente y lo está escondiendo. Le vamos a pedir al juez que pida el expediente. El ministro debería renunciar no sólo por apañar un sistema de pinchaduras ilegales, sino por mentir. Estamos a las puertas de descubrir un sistema de pinchaduras que vincula a jueces de Misiones, cercanos a Ramón Puerta, socio político de Macri”, afirmó Ibarra.

“James, igual que otros 1800 tipos, dejó el currículum y estaba en la etapa de preselección. No llegó ni a Chamorro ni a mí”, sostuvo Montenegro ante Página/12. “No lo conozco a James, no sé quién es James. No trabajó bajo ninguna modalidad, como le hice saber a Oyarbide”, negó, nuevamente. Ayer circularon versiones sobre su renuncia, que fueron desmentidas a todos los niveles del gobierno porteño.

La oposición porteña pidió nuevamente que dé un paso al costado. “Es de sentido común: quien ha mentido de manera sistemática no puede ser ministro de Justicia. Esto es una estrategia de complicidad del gobierno con respecto al espionaje. No es que Montenegro lo tenía en un cajón y no se lo contó a nadie”, advirtió el legislador de la CTA Martín Hourest. “No creo que esta decisión la haya tomado Montenegro en soledad. Forma parte de una cultura donde se sigue pensando en términos de amigos y enemigos. Así, el espionaje, la mentira, todo está permitido”, razonó.

“Lo que confirma Chamorro es un hecho gravísimo que compromete al Ministerio de Justicia y Seguridad. Si Montenegro sabía, es muy grave que haya mentido públicamente; si no sabía, debería repensar si sigue en el cargo, porque su autoridad no sirve de demasiado”, advirtió el legislador de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo.

“Es llamativo el vínculo de Puerta-Macri-Montenegro y esta irracional e inconsistente denuncia como escudo para poder hacerle una escucha ilegal a Burstein”, observó el kirchnerista Juan Cabandié. “El poder de acción del grupo de inteligencia Puerta-Toma-Macri no se detiene aquí –denunció Cabandié–. Tiene también una vinculación con la ley de medios, en relación con el piso que montó Miguel Angel Toma en el Hotel Savoy para plantar escuchas a diputados. Dentro de ese equipo de inteligencia de Toma hay gente del macrismo. Entre ellos, James.”