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El escándalo por las escuchas telefónicas al integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA, Sergio Burstein, y el empresario televisivo Carlos Avila va creciendo día a día. El juez Norberto Oyarbide ordenó ayer la detención de los dos policías misioneros –uno de ellos, de altísimo rango– involucrados en el armado de un expediente falso a través del cual intervinieron los teléfonos de Burstein y Avila. Se trata del jefe de Homicidios de Misiones, Raúl Rojas, y del oficial de inteligencia de la misma provincia Diego Guarda. En la mira no están sólo los policías, sino también los jueces, que ordenaron las escuchas telefónicas sin ninguna justificación. El magistrado a cargo del expediente se contradijo nítidamente en los últimos tres días.

Como adelantó en exclusiva Página/12, el juez Oyarbide y el fiscal Jorge Di Lello investigan las escuchas ilegales que tienen como protagonista al detenido James. Este fue quien impulsó la inclusión de Burstein en una causa por homicidio y piratería del asfalto en Misiones y también insistió en la sospechas sobre Avila, en el mismo expediente. Burstein hace veinte años que no va a Misiones y Avila sólo lo hizo por turismo. En base a esa acusación insólita, el juez Horacio Gallardo le ordenó a la SIDE intervenir el único celular que Burstein usa para hablar sobre las cuestiones relacionadas con al causa AMIA y también el celular de Avila. Gallardo cayó enfermo y quien lo subrogó, José Luis Rey, extendió las intervenciones. Lo asombroso es que, mediante un oficio, el magistrado misionero facultó a James a retirar las cintas de la SIDE.

Profundizando la pesquisa, Oyarbide determinó que el jefe de Homicidios, Rojas, y el oficial de inteligencia, Guarda, por pedido de Ciro James, les pidieron a los jueces la pinchadura. Eso justamente fue lo que llevó al magistrado porteño a ordenar su detención. La idea es que hoy dé explicaciones uno de ellos y mañana el restante. Preguntados por el juez misionero, Rojas y Guarda dijeron que la acusación contra Burstein y Avila provino de James, mientras que éste afirmó ante Oyarbide que él sólo actuó de onda con los misioneros y únicamente fue diligenciador de lo que le pedían desde el norte. Todo indica que James miente.

Lo llamativo es la actitud que empezó a tener el juez Rey en las últimas 72 horas. Oyarbide le preguntó cuál fue la razón por la que dio la orden de intervenir los teléfonos y, además, le pidió las cintas con las escuchas.

A principios de la semana, el juez misionero contestó que la intervención fue por pedido de los policías, que no sabía ni siquiera a quién pertenecían los teléfonos a intervenir, que no había escuchado las cintas y que éstas no eran relevantes para la causa. Es más, en el expediente de Misiones –según pudo constatar el abogado de Burstein, Hernán Del Gaizo– no existe ningún recibo ni constancia de que las cintas se hayan recibido o incorporado a la causa.

Ayer, el juez Rey produjo un cambio notorio. Le informó a Oyarbide que si quiere escuchar las cintas deberá trasladarse a Misiones. Las escuchas pasaron de ser irrelevantes a ser una prueba importante e, increíblemente, Rey afirmó que Burstein y Avila son sospechosos y que sabía que los teléfonos intervenidos les pertenecían a ellos. Todo indica que el magistrado percibió que la investigación de Oyarbide lo empieza a tener también en la mira, por cuanto ningún juez ordena una escucha sin ver a quién se le van a tomar los teléfonos y por qué.

Toda la trama del espionaje ilegal empezará a salir a la luz cuando hoy declare el primero de los policías misioneros cuya detención ordenó Oyarbide. Burstein y Avila ya se constituyeron en querellantes y siguen paso a paso lo que ocurre.