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–¿Por qué decidieron no hacerle preguntas a Mercedes Marcó del Pont? –le preguntaron a Gerardo Morales ayer, tras un breve paso por la sala de prensa del Senado.

–¿Y por qué teníamos que hacerlo? –retrucó el jefe de los radicales, quien agregó–: “No le íbamos a hacer preguntas técnicas ni nada de eso cuando la decisión ya estaba tomada”, reafirmó el jujeño.

Un colaborador cercano al presidente de la UCR confió a Página/12 que la estrategia de la oposición de no formularle ninguna pregunta a Marcó del Pont se debió a que están preparando una demanda penal contra la funcionaria, y cualquier pregunta podría haber anticipado algunos de los alegatos en los que están trabajando. “No se quisieron filtrar los argumentos en su contra”, afirmó.

La semana pasada, Elisa Carrió había dicho que denunciaría penalmente tanto a Marcó del Pont como a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el radicalismo estaría avanzando en esa dirección. Uno de los argumentos en los que estarían trabajando es en la supuesta violación de la Carta Orgánica del Central, sobre todo en su artículo tercero, que dice que el presidente de la entidad “no puede recibir órdenes del Poder Ejecutivo”.

Para la oposición, el cumplimiento administrativo del DNU 298 –más allá de que tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas cámaras– fue por “una orden expresa de la Presidenta”. Los radicales también sostienen que tanto Fernández de Kirchner como Marcó del Pont realizaron un “ardid” para reemplazar el DNU 2010, sobre el que pesaba una medida cautelar, por el nuevo DNU. El objetivo de la oposición es seguir acorralando a la funcionaria, más allá del resultado de la sesión de la semana que viene. “Por más que le aprueben el pliego, tendría que renunciar porque la mayoría de la oposición la rechaza”, afirmó Morales.