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La American Task Force Argentina es la entidad de lobby de los fondos buitre liderada por Elliott Associates, de Paul Singer. Invierte millones de dólares en campañas de desinformación en la prensa estadounidense, con ramificaciones en la argentina, para influir en la opinión pública, en el Congreso de Estados Unidos, en la Legislatura del Estado de Nueva York, en tribunales de otros países (como el de Ghana) y también en el de la ciudad que ampara a Wall Street. Ha intervenido en las calles y en las redes sociales: financió cacerolazos, movidas político-mediáticas y escraches frente a la embajada argentina en Washington.

El presupuesto de la ATFA subió de 1,3 a 3,0 millones de dólares de 2012 a 2013, según la declaración de impuestos que se puede encontrar en Internet (www.citizenaudit.org). En 2007, el presupuesto era de 300.000 dólares, y el de 2014 superó el máximo de 2013 teniendo en cuenta la intensidad de la campaña de desinformación desplegada a nivel internacional, con especial foco en medios argentinos. Exactamente fueron 4.702.264 dólares. De ese total, destinó 1.351.717 dólares para “media relations, developed and distributed press releases, advertisements and posted blogs”. Dinero para financiar campañas de prensa. Hubo un monto similar para la tarea de lobby sobre miembros del Congreso de Estados Unidos.

El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo elaboró un informe sobre el material periodístico utilizado en la usina de difusión buitre online. De acuerdo al relevamiento realizado en el sitio de la ATFA hasta abril de 2015, el 42 por ciento provino de los diarios La Nación y Clarín, elevando el porcentaje al 70 por ciento al incluir El Cronista e Infobae.

Uno de los editoriales del diario La Nación dedicados a la labor del juez Griesa frente a la situación del Citibank exhibe, sin inhibiciones, la identificación de los tradicionales sectores conservadores con los intereses de los fondos buitre. En “Negociar con inteligencia y humildad” (20 de abril 2015) se afirma que “el juez Griesa tuvo a lo largo de diez años una paciencia samaritana con la Argentina. (...) Alguna vez se volverá a aprender en la política argentina que las deudas se pagan, y si no se pagan, se renegocian con inteligencia y humildad, no con la arrogancia irracional que ha campeado en los balcones de la plaza pública desde que se abandonó el legado de Avellaneda y se dejaron abiertas, después de dos reestructuraciones, cuestiones de suma gravedad que alguien deberá resolver, como en el caso del Citi, en el futuro inmediato. De otro modo se profundizará el aislamiento que sufre el país”.

La American Task Force Argentina gastó casi 1,5 millón de dólares en 2014 para hacer lobby sobre el gobierno de Estados Unidos contra Argentina. En ese rubro destinó 6,1 millones de dólares desde 2007 contratando a las firmas de lobby Covington and Burling, Raben Group, Mack Strategies, Schokey Scofields Solutions y DCI Group para hacer lobby en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Senado y la Cámara de Representantes.

Paul Singer, creador y principal financista de la American Task Force Argentina, convocó para esa tarea a demócratas, mientras ejerció influencia sobre el Partido Republicano a través de donaciones millonarias para campañas electorales. Más de un tercio de los senadores de la actual bancada republicana recibieron aportes de Singer a través de Elliott Management.

En las elecciones legislativas de 2014, Singer fue el principal aportantes a las campañas de candidatos republicanos destinando más de 7 millones de dólares. El Centre for Responsive Politics calculó que Singer financió a cincuenta y seis diputados o senadores desde 2004. Cinco fueron demócratas. A título personal, figuró como sexto aportante global en la campaña de 2012, con 745.000 dólares, para Mitt Romney, candidato republicano derrotado por Barack Obama.

Quienes minimizan la capacidad de influencia del lobby financiero sobre gobiernos y jueces lo hacen por desconocimiento o porque son parte de ese mismo lobby. El default y reestructuración de la deuda argentina es un caso lo suficientemente visible de ese tipo de intervención. Ese circuito de dinero sería categorizado como un tipo de corrupción en países periféricos; mientras que en Estados Unidos está legalizado bajo la figura del lobby. Joseph Stiglitz escribió en Cómo hacer que funcione la globalización: “En las economías sofisticadas como la de Estados Unidos, el soborno descarado ha sido ampliamente reemplazado por las contribuciones a las campañas políticas, y posiblemente la recompensa no sea simplemente la firma de un contrato para la construcción de una carretera a precios superiores a los del mercado sino un cambio en la política económica, cuyas derivaciones resultan muchísimo más costosas para toda la sociedad”.

El lobby buitre apeló a un grupo de economistas argentinos que elaboró documentos supuestamente en forma desinteresada para respaldar el reclamo a la Argentina. Claudio Loser fue uno de los casos más grotescos. Es el economista argentino que más alto había llegado en la estructura del Fondo Monetario Internacional. Entregó un análisis sobre un eventual default argentino a los fondos buitre. Contenido que utilizó la American Task Force Argentina en una solicitada publicada en medios locales. Loser le prestó sus servicios con el documento Argentina v. holdouts: the real costs of default and benefits of settlement.

La acción de lobby es una de las amenazas más efectivas de los fondos buitre para conseguir su objetivo. Ser parte de ella es una decisión que excede la cándida justificación de Loser. “Yo tenía un documento que escribí hace algunos días que ellos (la ATFA) me pidieron si lo podían utilizar”, afirmó en una entrevista en Radio La Red. No se resistió. Mantuvo una línea de conducta coherente con su militancia en el FMI.