El aumento del precio destinado a las generadoras de energía eléctrica que aplicó el Gobierno como primer paso para la quita masiva de subsidios agregará varios puntos a la inflación anual. Según el economista Miguel Bein, una reducción de subsidios de 1,5 por ciento del PIB como la que anunció el ministro Alfonso Prat-Gay suma 9 puntos porcentuales al avance de los precios en el año. Eso complica seriamente la meta de inflación del orden del 20 al 25 por ciento que el propio Gobierno quiere instalar para poner un techo a las paritarias. Analistas también advierten que no se realizó el trabajo necesario para efectuar una segmentación real de las tarifas en favor de los sectores más humildes y que no se cumple con la ley que establece la obligación de llamar a audiencias públicas.

En la presentación de su plan de metas de inflación y del déficit fiscal para los próximos años, Prat-Gay detalló que para este año el objetivo es reducir subsidios por un monto equivalente a 1,5 por ciento del PIB, una suma que supera largamente los 110 mil millones de pesos. “Sólo se va a subsidiar a los que más lo necesitan”, resumió el ministro. A continuación, planteó que la franja objetivo de inflación para este año es del 20 al 25 por ciento. Esa meta quedó más desdibujada. “La meta de inflación, si bien cumple la función de enfriar expectativas de cara a las negociaciones paritarias, luce extremadamente difícil de cumplir en un año de corrección de precios relativos, sobre todo frente al anuncio de reducción de subsidios para este año, que de concretarse, según nuestros cálculos, agregaría en torno a 9 puntos porcentuales al índice de inflación minorista”, señaló Miguel Bein en su último informe.

Martín Vauthier, economista del Estudio Bein, explicó que para llegar a una quita de subsidios del 1,5 por ciento del PIB el aumento en la electricidad sería del 1000 por ciento en el Area Metropolitana y del 250 por ciento en gas. Ese incremento, según la ponderación del índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, agrega 9 puntos de inflación. El aumento del precio de generación publicado ayer es sólo el primer paso.

El impacto en la inflación no se explica solamente por la suba de las tarifas residenciales sino por el impacto en la estructura de costos de las empresas. El 65 por ciento del total de subsidios a la electricidad corresponden al sector industrial y sólo el 35 por ciento restante se encuentra destinado al residencial. Analistas advierten que a partir del aumento en el precio para las generadoras, la factura para los usuarios residenciales y comerciantes chicos subiría alrededor de un 200 por ciento, mientras que para las industrias que le compran a las distribuidoras el aumento sería del 690 por ciento.

Un punto central del nuevo esquema tarifario será el universo de beneficiarios de la tarifa social, que definirá el Ministerio de Desarrollo Social. Si bien se presume que va a contemplar a jubilados con la mínima y aquellas familias que cobran la Asignación Universal por Hijo todavía no hay precisiones y el Gobierno sólo calificó que contemplará las “necesidades básicas insatisfechas”. Para ese grupo de usuarios, los primeros 150 kilovatios hora de consumo no tendrán cargo en el segmento de generación y luego la tarifa es reducida si el consumo no es superior al del año pasado. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) criticaron el modo de confirmación de la tarifa social.

“Para realizar una correcta segmentación se necesita una base de datos que lleva mucho trabajo. Se necesitaría un proceso manual que complemente a las bases informáticas, con declaraciones juradas y posterior chequeo de los datos. Esto llevaría varias meses y no está planificado por el Gobierno. Es decir, este camino de precisión no pareciera estar en la agenda del ministro de Energía, Juan José Aranguren”, indicó Hernán Letcher, integrante del CEPA. “Además, la segmentación por nivel de consumo no es adecuada porque el consumo de los sectores de bajos ingresos suele ser más elevado por falta de acceso a la red de gas natural y por artefactos eléctricos de mayor consumo”, agregó. El esquema de tarifa social tampoco menciona la posibilidad de la autopostulación.

Pedro Bussetti, titular de la entidad de consumidores Deuco, consideró que “para realizar este tipo de modificaciones se debería llamar a audiencia pública, tal como establece la ley 24.065 de marco regulatorio eléctrico sancionada en 1992. Esto no se está cumpliendo, evidentemente. Pero aparte hay muchos interrogantes todavía, como por ejemplo el modo de determinación del universo de beneficiarios de la tarifa social y qué va a pasar con el cargo fijo que en la actualidad cobran las empresas distribuidoras. Por otro lado, la medida se toma sólo por tres meses, con lo cual es esperable que haya un nuevo aumento a la generación en mayo”. “Para determinadas categorías tarifarias el aumento es extraordinario y también está el incremento a las industrias. Obviamente que en este contexto la meta de inflación de Prat-Gay queda muy lejos”, agregó Bussetti.