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Después del Ministerio de Planificación, el mayor aumento de gastos del Presupuesto 2006 se verifica en la jurisdicción 91, con el nombre de “Obligaciones a cargo del Tesoro”. Las partidas de ese rubro suben 37 por ciento, rondando los 10.000 millones de pesos para el año próximo. Esa “caja” ha sido hasta ahora, y lo será aún más en el futuro, una de las fuentes de mayor discrecionalidad en el manejo del gasto público por parte del Gobierno, sin la molesta intervención del Congreso.
En el capítulo “Obligaciones del Tesoro” se acumulan los fondos destinados a afrontar los más variados gastos contingentes del Estado: desde adicionales para la “Atención de la política salarial” (388 millones), suponiendo que se quisiera “reforzar” los sueldos en algunas áreas, hasta “Asistencia Financiera para el Gasto Social Provincial” (4084 millones), pasando por “Asistencia Financiera a sectores económicos” (subsidios a empresas privadas, por 216 millones), financiamiento para Télam, Enarsa y otras empresas públicas (1.348 millones) o “Asistencia financiera a provincias” (1037 millones).
“Es la chequera del jefe de Gabinete”, dice el diputado de la CTA, Claudio Lozano. A sola firma, mediante decisiones administrativas (DA) del jefe de Gabinete o Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la distribución de esos fondos se va acomodando, como los melones de un camión en marcha.
Un ejemplo, sin ir muy lejos. Ayer, con la DA 599/2005, Alberto Fernández modificó la distribución del Presupuesto 2005, disponiendo que 50 millones de pesos de la partida Obligaciones a cargo del Tesoro fueran transferidos a la provincia de La Rioja, cuyo gobernador Angel Maza, menemista de la primera ahora, es hoy uno de los aliados dilectos de Kirchner.
Mediante DNU, además, el Gobierno ha dispuesto en los últimos años de los excedentes fiscales por encima de las metas presupuestadas, que siempre subestiman la recaudación tributaria. En gran parte para realizar pagos extra de deuda a los organismos internacionales o financiar nuevas obras públicas. Según las cuentas de Lozano, integrante de la Comisión de Presupuesto de Diputados, fueron 11.700 millones en el 2004, serán 9000 millones de pesos este año y, a menos que ocurriera una catástrofe, serían otros 6000 millones el año próximo.
El otro mecanismo que suele utilizar el Gobierno para burlar el control parlamentario son los Fondos Fiduciarios. Existen 16 Fondos Fiduciarios en el Presupuesto 2006, con los más diversos objetivos: FF para el “Desarrollo Provincial”; FF Federal de Infraestructura Regional; FF del Transporte; FF de la Infraestructura Hídrica; FF para Subsidios Residenciales de Gas; FF para el Transporte Eléctrico; FF para la Reconstrucción de Empresas; FF para la Refinanciación Hipotecaria; FF para la Promoción Científica y Tecnológica; FF para la Promoción de la Industria del Software; FF para la Promoción Ovina, etc. Hacia ellos, el Gobierno suele direccionar, en forma de préstamos, parte del superávit fiscal, para después destinarlo donde corresponda, siempre a espaldas del Congreso. El año próximo habrá en esos fondos unos 9800 millones de pesos.