Mientras en La Paz la OEA no conseguía acercar al gobierno y la oposición, en el oriente del país –Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija– los bloqueos de los grandes ganaderos se multiplicaban a lo largo de la ruta internacional, que conecta Bolivia con Argentina. Los hacendados aprovecharon el enfrentamiento del domingo a la noche entre vecinos del pueblo cruceño Cuevo y militantes guaraníes y funcionarios del gobierno nacional, que dejaron casi medio centenar de heridos y varios desaparecidos. A pesar de que todas las víctimas pertenecían a las filas del oficialismo, los comités cívicos de la región denunciaron “una nueva represión” por parte del gobierno.

El enviado de la OEA, el ex canciller Dante Caputo, llegó el domingo a Bolivia, en su segunda visita como mediador entre el gobierno y los prefectos opositores de la llamada Media Luna. En menos de 24 horas, se reunió con el presidente Evo Morales y la mitad de los prefectos. La conclusión no fue optimista. “La situación que vive Bolivia es preocupante, y si los distintos actores que están envueltos en esta controversia no hacen un gran esfuerzo, corremos el riesgo de que la tensión cambie de naturaleza, que ya no sea controversia, sino enfrentamiento, y no tenemos derecho en América latina a que ese peligro se acerque”, dijo el diplomático.

Caputo se mostró muy cauto al hablar sobre el estado de las negociaciones. Sólo perdió la diplomacia al contestarle al ex presidente y líder de la oposición Jorge “Tuto” Quiroga. “¿Quién está influenciado por el dinero del presidente Hugo Chávez? ¿La OEA? Eso un disparate. Siento mucho calificar así, pero eso es incorrecto”, dijo el ex canciller argentino, sin disimular su enojo. Quiroga había cuestionado la labor de la OEA, la que se ofreció para mediar entre el oficialismo y la oposición para superar la parálisis provocada por la ratificación de la nueva Constitución y la aprobación de los referéndum autonómicos de los departamentos opositores. Según el ex presidente, la OEA fue mandada por el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Como las negociaciones con la oposición seguían trabadas y la Iglesia y Caputo llamaban a la moderación, el presidente Morales prefirió no salir al cruce de las denuncias sobre los enfrentamientos del domingo a la noche. Otra vez decidió descomprimir la situación y suspender por “unos días” el saneamiento de tierras de la región oriental. El mandatario había ordenado controlar los títulos de propiedad, la productividad y las condiciones de trabajo de las grandes haciendas a finales de febrero. La idea era encontrar las tierras improductivas, expropiarlas y asignarlas a la comunidad indígena guaraní. Sin embargo, los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria nunca llegaron a hacer su trabajo. El 28 de febrero, el viceministro de Tierras, Alejandro Alamaraz, fue recibido a tiros e incluso detenido durante algunas horas en Camiri, Chuquisaca.

La detención del viceministro, y especialmente la visita de los cancilleres de Argentina, Brasil y el vicecanciller de Colombia, en su rol de mediadores, forzó al gobierno de Morales a suspender la verificación de las tierras. Hace diez días, La Paz dio la orden de reactivar el saneamiento en la región. Las protestas y los bloqueos fueron inmediatos. “Los dueños de haciendas y estancias de Camiri están decididos a hacerse respetar y han asegurado que los enviados del gobierno y los representantes indígenas de sus tierras salen muertos”, advertía entonces el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Guido Nayar.

Pero esta vez el gobierno no sólo no retrocedió, sino que subió la apuesta. El presidente denunció que en el país todavía existían “esclavos” y que estaban escondidos en los latifundios de las provincias ricas, como Santa Cruz y Chuquisaca. La orden era abrir las tranqueras para que la Iglesia, mediadora en el conflicto nacional, la comunidad internacional y todos los bolivianos supieran lo que estaba pasando en los prósperos campos.

El domingo a la noche, la olla a presión explotó. La versión varía según quien la cuente. Para los vecinos de Cuevo, unos 200 militantes guaraníes, encabezados por funcionarios nacionales, quisieron romper los bloqueos a fuerza de escopetas y piedras. Los líderes indígenas sostienen, en cambio, que nunca quisieron romper el bloqueo, sino solamente pasar para llegar a una asamblea de urgencia convocada por su comunidad. El intento les costó 45 heridos y al menos seis desaparecidos.

Ahora el gobierno propone crear una comisión integrada por la Federación de Prensa, el cardenal Julio Terrazas, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo para fiscalizar el saneamiento de las haciendas del Oriente. Pero los terratenientes se siguen negando y piden una suspensión de al menos 60 días. Tiempo suficiente para que se aprueben los referendos autonómicos del 4 de mayo y, según esperan, cambien las reglas de juego.