Después de una prolongada reunión, las principales bancadas opositoras de la Cámara de Diputados –UCR, CC, PRO y algunos bloques unipersonales– decidieron ayer impulsar en forma conjunta todos sus proyectos sobre medios de comunicación, justo cuando la disputa entre el Gobierno y algunos grupos de multimedios se acrecienta. Las iniciativas –ya acordadas– van desde el pedido de informes al Ejecutivo sobre la creación del Observatorio de Medios que promueve el kirchnerismo hasta la conformación de una comisión especial investigadora que analice y evalúe las denuncias que medios de comunicación y organizaciones periodísticas realicen en el ámbito de la Cámara baja. Además de avanzar en el debate para modificar la actual Ley de Radiodifusión implementada durante la dictadura.

Los presidentes de los bloques del radicalismo, Oscar Aguad; de la Coalición Cívica, Adrián Pérez; del macrismo, Federico Pinedo, y de otras bancadas terminaron de pulir ayer diferencias para presentar hoy públicamente –en conferencia de prensa– los proyectos sobre medios de comunicación que respaldan sus partidos. La fallida reunión en la Comisión de Libertad de Expresión, donde el kirchnerismo bloqueó el tratamiento de algunas de esas iniciativas, terminó por unificar las posturas opositoras.

El pedido de informes sobre el observatorio de medios fue redactado por la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la diputada radical Silvana Giudici. Allí se piden precisiones sobre las características, conformación y atribuciones que tendría el observatorio impulsado por el oficialismo. Los bloques opositores también harían propios algunos reclamos empresariales sobre resoluciones recientes del Comfer y el traspaso de ese organismo a la Jefatura de Gabinete.

Pero el proyecto más ambicioso –que lleva el sello de un amplio abanico opositor– es el de crear una comisión investigadora sobre denuncias que realicen los medios y organizaciones periodísticas. Según el proyecto, la comisión especial estará facultada para investigar a los distintos poderes del Estado, disponer la realización de pericias y estudios técnicos sobre las denuncias, tener acceso a causas judiciales y convocar a funcionarios, cámaras empresariales y sindicatos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Terminada la investigación, la comisión debe realizar, en caso de que detecte un delito, la denuncia judicial y hacer público su contenido.